Un reciente sondeo de opinión de Zuban-Córdoba y Asociados cuenta del casi único punto en común que tiene el universo encuestado y advierte sobre la escalada de violencia.
Ed Impresa 16/09/2022
César Martín Pucheta
Una pistola apuntando a la cabeza de la vicepresidenta de la Nación y una investigación judicial que, aunque rengueando, parece dirigirse hacia el desenmascaramiento de una organización con nexos con grupos radicalizados y vínculos con los servicios de inteligencia. Una dirigencia política que, incapaz de unificar, no reacciona ante la gravedad de los hechos y decide continuar echándose culpas sin reconocer el malestar social reinante en las calles. Y una preocupación general que en el reino de la polarización, cada uno nombra a su manera. La democracia en peligro o el mantenimiento de las instituciones de la República. Como sea, en el medio de la hecatombe nacional, la idea empieza a escalar posiciones en la tabla de preocupaciones que hoy desvelan a quienes transitan cotidianamente por las calles del país.
Un reciente sondeo de opinión de Zuban-Córdoba y Asociados da cuenta de que más del 72% de argentinos y argentinas están de acuerdo con la necesidad de que oficialistas y opositores firmen un acuerdo de convivencia democrática que garantice un “cambio de clima” en la alterada discusión política actual. “La polarización, aunque exacerbada y agresiva, no elimina el carácter democrático de la sociedad argentina”, dicen desde el mencionado informe. “Ese es un límite que aún no cruzamos, aunque no debemos dejar de alertar que el debilitamiento del debate político y el debilitamiento de la conversación publica ponen en serio riesgo esta democracia que con tanto dolor y esfuerzo cívico supimos conseguir”, agregan.
Hace apenas unos meses, la vicepresidenta habló de la “insatisfacción democrática” en su participación en la cumbre de la Eurolat. Retomando un concepto con el que describía la sensación generada a partir de “la falta de respuesta, por parte de los estados nacionales, a las distintas demandas de las sociedades”, señaló la existencia de algunos discursos que, aprovechando esa situación, aportan al crecimiento de algunos comportamientos que atentan contra la convivencia democrática. No pronunció la palabra “odio”, ni mencionó a la “violencia”, pero habló del surgimiento de “nuevos poderes” que atentan incluso contra los principios básicos del capitalismo y monopolizan las riquezas generando una situación en donde la cada vez mayor concentración deriva en la profundización de las desigualdades. Esa brecha, que aumenta el descontento de la población con la clase dirigencial y abre el camino a posturas extremas que proponen la disolución de las instituciones tal como las conocemos. Javier Milei proponiendo “hacer volar por los aires el Banco Central” o la carrera discursiva entre dirigentes que parecen pelearse para ver quién propone cerrar más ministerios, es un ejemplo de esa escalada.
Sin embargo, aunque ese tipo de ideas aparezcan con cada vez mayor frecuencia en la discusión pública, la sociedad argentina parece establecer un límite en el sostenimiento del sistema democrático. Eso, incluso en el marco de una creciente polarización que ni el intento de magnicidio logró quebrantar.
De la encuesta de Zuban-Córdoba, se desprende que “lo que en las primeras horas parecía ser una oportunidad de unir a nuestra clase política y generar nuevos acuerdos democráticos, rápidamente se transformó en otro hecho diluido por la polarización”. La situación se reflejó con el paso de los días en los infructuosos intentos del Gobierno para convocar a una serie de actos en pos de irradiar una imagen de acercamiento que finalmente no sucedió.
Eso también fortaleció la tendencia de la sociedad a identificarse con los núcleos más duros del mapa dirigencial, siendo Patricia Bullrich, la presidenta del PRO que nunca repudió el ataque contra CFK, la dirigenta con mayor imagen positiva entre el electorado (46,4%). A eso hay que sumarle una recomposición de la imagen pública de Milei y el espacio libertario, que en los últimos meses había sufrido un retroceso fruto, precisamente, al endurecimiento sobreactuado de sus discursos antisistémicos.
La curva de la Argentina que dice una cosa, actúa de otra, pero preferiría hacerlo de otra totalmente distinta, vuelve a mostrar un volantazo cuando se evidencia que más del 82% de los encuestados entiende que resulta necesario “que se bajen los niveles de violencia en el debate público de argentina” y más del 67% entiende que el oficialismo y la oposición deberían trazar acuerdos para que esa escalada disminuya la intensidad a la que se ha llegado en los últimos meses.
Otra novedad aparece cuando se analizan las responsabilidades respecto a la creación de esos climas, en donde el Gobierno nacional aparece señalado como el principal responsable. El cuadro que descubre el sondeo se pone más interesante cuando se desglosa. Así como el 36,6% advierte sobre las responsabilidades del Frente de Todos, el 24,2% entiende que los medios y periodistas son quienes más aportan al fomento de esos discursos de odio, seguido, bastante de lejos, por la oposición (12,5%).
En ese análisis vuelven a ponerse en juego un conjunto de interpretaciones, en el que los medios y los periodistas son identificados como actores que, en la consideración social, tienen una mayor penetración que la propia oposición. Así, siguiendo la lógica con la que los sectores mayoritarios del Frente de Todos han decidido abordar la situación, una porción similar de la sociedad que los condena es la que lee la realidad en su misma dirección: los medios y la oposición aparecen como el núcleo duro que instala y fomenta el clima de violencia que hoy vive la Argentina.
En ese marco, con una sociedad que pide mayores consensos y advierte sobre los riesgos a los que los discursos de odio y la violencia exponen a la democracia, cuál es la actitud que deberían tomar los medios a la hora de elegir presentar la realidad de tal o cual manera. En los caminos elegidos se desnudan intereses. La estrategia más lógica para atraer una mayor cantidad de consumidores que tenga su correlato en una mejor posición en el mercado sería alinearse con ese pedido de mayor moderación que se expone en las charlas cotidianas del país, mayormente en el sector de la población menos politizado, que componen la masa mayoritaria de eventuales escuchas, lectores y televidentes. Sin embargo, cotidianamente se observa un crecimiento en la tendencia de “hablarle a los propios”, endureciendo aún más los discursos y los supuestos previos.
El ejemplo más claro de esa posición puede encontrarse en el editorial del diario La Nación del pasado sábado, que se titula “El diálogo no es hoy una posibilidad” y que lleva la firma de Héctor Guyot. “Por dura que sea, es mejor aceptar la realidad y dejar de lado buenos deseos que no conducen a nada y le ofrecen al oficialismo la oportunidad de seguir desplegando un juego cínico que pervierte el espíritu democrático (…) Creer que oficialismo y oposición son dos partes mal avenidas que comparten una responsabilidad equivalente en la crispación actual es una simplificación peligrosa”, señala la columna que también denuncia “la utilización” de la situación actual en pos de lograr intervenir en el accionar de la Justicia, “multiplicar los ataques a la Justicia y para condicionar la paz social a la concesión de impunidad para la vicepresidentas”, dice puntualmente, sobre todo luego del alegato del fiscal Diego Luciani en el proceso conocido como Causa Vialidad.
“En la desesperación, inyectan una dosis mayor de resentimiento en la sociedad y fuerzan el relato adjudicando esa violencia a la oposición. La batalla que libran contra el sistema republicano se agudiza y no se podía esperar otra cosa”, afirma.
Ese “no se podía esperar otra cosa”, confirma la presunción previa y la reafirmación de una idea que se replica sin tener en cuenta algunos elementos puntuales de lo acontecido en las últimas semanas. Uno más que claro: a excepción de la movilización del viernes siguiente al intento de magnicidio, el kirchnerismo relajó ostensiblemente su nivel de movilización “en defensa de Cristina”, que se había incrementado desde el alegato de Luciani. Si bien es cierto que la postura respecto al accionar de la Justicia no se modificó, si resulta erróneo hablar de una agudización de la “presión”.
Ese tipo de lectura que acusa al oficialismo, nombrado llanamente como “kirchnerismo”, de la escalada de violencia se contrasta con el discurso oficial que apunta contra la oposición, en términos genéricos, y engloba en ella a la clase dirigente, los medios, la Justicia y algunos actores económicos. Entre sí, se señalan responsabilidades y se convoca a una “mesura” como si fuera la tan necesaria panacea. En el colmo de la situación, están también quienes acusan a la vicepresidenta de haber generado el caldo de cultivo que derivó en el intento de asesinato del que fue víctima. En sintonía, el grueso de los actores repudia la imagen de la pistola apuntando contra la cara de la ex mandataria. En esa sensación que revitaliza el Nunca Más que todavía funciona como base fundamental del consenso democrático, Cristina parece haber cerrado una grieta.
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