Reflexionan para LNM Viviana Alegre y Sergio Maldonado, la Mesa Provincial de DD.HH. y un director nacional detalla las políticas públicas para combatir el flagelo.
Ed Impresa 13/05/2022
Adrián Camerano
Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional
Cuatro especialistas en la violencia impune ejercida desde el Estado compartieron con La Nueva Mañana reflexiones a raíz del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Dos de ellos, familiares de víctimas de la peor violencia estatal; otro, referente del organismo de Derechos Humanos de Córdoba que más viene trabajando sobre el tema; y por último el responsable de una dirección nacional dedicada exclusivamente al tema.
Quiso la política de seguridad trazada por el macrismo que Sergio Maldonado pasara de ser un perfecto desconocido a un referente en la lucha contra la impunidad. El hermano de Santiago, muerto tras desaparición forzada, recorre el país relevando casos de violencia estatal, señala que en ese devenir “me encontré con la impunidad y la ausencia total del Estado” y critica al “nefasto Poder Judicial y el poder real, que está oculto”.
“Los familiares luchan en soledad contra todo este aparato, es una lucha muy desigual”, refiere y cuenta que “en todas las provincias hay casos de desaparición forzada, y muchos casos de gatillo fácil; el mayor índice lo tiene Chubut”. “La problemática ocurre en todo el país pero hay más visibilidad en Buenos Aires, y así es como en las provincias hay muchísimos casos que no se conocen”, explica.
“No veo nada que plantee el Estado para erradicar el ´nunca más´ en democracia; no veo que se ponga del lado de los familiares y ni una política para erradicar la violencia estatal. Más allá de quién actúa, quien ejerce la violencia es el Estado, que no está presente de la manera en la que necesitamos los familiares” dice, y define: “La violencia es estatal, no institucional”.
Mientras la causa por la desaparición de su hermano está paralizada en la Corte Suprema, señala que las actuaciones “fueron cerradas en primera instancia en noviembre de 2018”. Explica que “el juez no hizo lugar a ninguno de los pedidos y no hubo reconstrucción” y denuncia que “el 1 de agosto van a ser cinco años de impunidad por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago”. “Ahora aparece un testimonio muy valioso de una persona que nombra gendarmes, y no tenemos un juez que pueda tomar esa declaración y que actúe inmediatamente”, ejemplifica. Su padecer no es una excepción.
Viviana Alegre lleva en su cuerpo las marcas de varias desapariciones. En dictadura, la de su hermano Marco Alegre y su cuñada Natalia Reguera, maestros rurales desaparecida ella en la Esma, él en La Plata. Y una tercera en democracia, la de su hijo Facundo Rivera Alegre, en 2012 y a la salida de un baile de cuarteto. “La similitud entre ambas es que el aparato represivo sigue existiendo y se potencia más, porque muchos genocidas de la dictadura partieron pero sus familiares siguen con su manera de accionar”, denuncia.
Para Viviana, una luchadora que este miércoles 11 recibió el Premio Aricó 2021 al Compromiso Social y Político, “cada poder político de turno, en lugar de dar más oportunidades en salud, educación y laborales, lo que hace es reforzar con armas e infraestructura a las fuerzas de seguridad”.
Con el pedido de justicia por su hijo en alto pese a que el caso ya se juzgó, recuerda que ese proceso “estuvo plagado de irregularidades”, señala que sobre Facundo “no sabemos qué paso ni dónde está” y denuncia que “el fiscal General Juan Manuel Delgado nos dice que la búsqueda no está cerrada, pero tampoco lo buscan”.
“Los tres imputados de ese juicio son un eslabón de una larga cadena de impunidad, el entonces gobernador José Manuel de la Sota es el responsable político de la desaparición”, denuncia la mamá de Facundo y marca la carencia de acciones provinciales para combatir la violencia estatal. A la vez, postula: “Derechos Humanos es que los pibes de los barrios puedan bajar al centro, es que tengan vivienda, servicios, educación, alimentación. Seguridad es incluir a los pibes, no poner más policías en la calle”.
Referente de las redes de organización que van tejiendo las familias atravesadas por la represión estatal, para Alegre “ese ´nunca más´ tiene que ser nunca más en serio”. “Todos los gobiernos tienen desaparecidos, es por eso que precisamos equipos de investigación independientes, porque el propio Estado no se puede investigar a sí mismo”, finaliza.
Desde dos ámbitos institucionales aunque con responsabilidad asimétrica, Mariano Fernández y Mariano Przybylski coinciden en la transversalidad del problema y en la importancia del proyecto de ley de abordaje integral que por estos días debate el Congreso Nacional. El primero, referente de la Comisión de Violencia Institucional de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, señala que en la modalidad más extrema de violencia institucional, que popularmente se conoce como “gatillo fácil”, las vidas segadas “son por lo general vidas jóvenes y de sectores populares”. Fernández acusa que “el Poder Judicial en algunos casos decide involucrarse en conflictos no garantizando los derechos de ciudadanos”, señala que en ocasiones se encuentran con “fiscalías del lado del poder” y que “cuando hay un fiscal o juez del otro lado termina siendo castigado, corrido de su función”.
Desde la Mesa impulsan el debate del proyecto de ley “que reforme las fuerzas de seguridad y cambiar la matriz de las fuerzas, con eje en Derechos Humanos, porque tenemos enquistados algunos vicios de la ultima dictadura y cuestiones culturales que tienen que ver con la estigmatización y discriminación a los sectores más jóvenes”. A la vez, el referente propone “áreas estatales locales que se ocupen de estos temas y generen herramientas para poder prevenir y a la vez seguir los casos ya consumados”. En esa línea, aboga por “tejer una red para que todos sepamos cómo proceder ante estos casos”.
El responsable de la máxima agencia estatal sobre el tema es Mariano Przybylski. Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, reconoce que el fenómeno “trasciende los distintos gobiernos y requiere muchas políticas sostenidas a largo plazo para ir bajando los casos” y admite que en el tema “tenemos un déficit como país”.
Aunque reconoce que “la violencia institucional es transversal a todas las provincias”, marca diferencias. “Ante los casos hay una respuesta política distinta: hay gobiernos que de se desentienden, hay gobiernos que encubren y otros que admitimos el problema, lo visibilizamos y acompañamos a las víctimas y tratamos de generar políticas públicas para que esto no pase”, refiere. Las señalizaciones, la puesta en marcha de un centro de denuncias, el acompañamiento a las víctimas y el impulso al proyecto de ley están en el haber, mientras en el debe figura la creación de un registro nacional de casos que permita evaluar objetivamente el actual estado de situación; “es uno de los objetivos de la gestión”, concluye.
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