Presos políticos, contaminación extrema, extractivismo, femicidios y violencia institucional son solo algunas de las problemáticas relevadas por una comisión de Derechos Humanos.
Ed Impresa 15/10/2021
Adrián Camerano
JUJUY
“En Jujuy pasan miles de cosas; ustedes vieron gran parte de lo que ocurre acá. No nos olviden, por favor: hagan que se vea la realidad de Jujuy en todo el país”. Las palabras de C., dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos jujeño, fueron una constante en los tres días que duró el paso por la provincia de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos. El caso más notorio es el del puñado de presas y presos políticos cuya cara más visible es Milagro Sala, pero no solo: femicidios, desapariciones, contaminación extrema, violencia policial y degradación institucional marcan una actualidad provincial tan preocupante como poco visible en los medios de comunicación del orden local y nacional.
Milagro Sala cumple prisión en su casa plagada de cuadros, diplomas, libros y fotos enmarcadas, Láminas de Carpani, fotos de Evita y Evo Morales, un cuadro monumental de Túpac Amaru e imágenes de Néstor y Cristina Kirchner dominan la vivienda de la máxima dirigente de la organización social más conocida de Jujuy. Cercana ya a los 60 años, esta “kirchnerista pura” –así se define- luce cansada y con la bronca intacta. Lleva casi seis años presa, las obras que gestionó a través de la Túpac están en muchos casos abandonadas o destruidas y ella misma está imposibilitada de retomar el contacto cara a cara con su gente.
Antes de dar paso a un almuerzo tan copioso como sencillo –chorizos al horno con verduras, “mi especialidad”, señala-, Sala recibe a la Comisión para dar cuenta del estado de situación de los Derechos Humanos en la provincia que la vio nacer. “Acá no es Milagro Sala, son todas las presas y los presos políticos, y la persecución que lleva adelante el gobernador Gerardo Morales” denuncia Milagro, por cuya libertad y la de otras compañeras como Graciela López, María Condorí y Patricia Cabanas se han formado comités a lo largo y a lo ancho del país. En diálogo con la quincena de militantes reunidos en ronda en el patio trasero de su casa, la ex diputada provincial señala las varias incongruencias del Gobierno nacional pero a la vez su esperanza de que algún funcionario en Buenos Aires tome nota de su situación y de lo que está pasando en la provincia. Mientras habla, acaricia un caniche marrón que es su debilidad.
“Yo creía que cuando asumieran iban a sacar el lawfare y desarmar el laboratorio que hizo Gerardo Morales en Jujuy. No entiendo qué clase de acuerdo tienen”, dice con respecto al Gobierno nacional y su vínculo con el provincial, y enumera intereses millonarios en la producción de cannabis medicinal y el litio.
Los flashes se apagan y la charla pasa a un terreno más intimista, de militante a militantes. Pero antes Sala señala que el Estado nacional vuelca en Jujuy miles de millones de pesos, se indigna porque “en las Paso ningún candidato nombró a los presos políticos del país” y dice que en la pandemia desde Nación “les dieron subsidio a las grandes empresas y cuando un ciudadano quería un IFE no le querían dar porque tenía una moto vieja”.
Por momentos la impotencia puede más, y los ojos de la recia Milagro se humedecen. Es un instante: se repone rápido, desgrana algunos insultos de variada laya y refiere nombres que se repiten a lo largo de los tres días de Comisión: el jefe de gabinete nacional Juan Manzur, el presidente del PJ jujeño Rubén Rivarola, el radical Morales. “La derecha nunca va a ser amiga de un gobierno nacional y popular” cierra, y despide a la Comisión, aliada en la búsqueda de su libertad y la de todos los presos políticos.
Para realizar el relevamiento, el grupo de abogados, docentes, periodistas, trabajadores sociales y militantes de Derechos Humanos que integró la Comisión se dividió en tres. Algunos viajaron a Libertador General San Martín, ciudad más conocida como Ledesma por el emporio empresarial que rige la zona desde hace más de un siglo.
Reunidos en la sede del sindicato azucarero, un grupo de vecinos comparte dramas variados: violación del derecho de acceso a la salud, violencia institucional, contaminación extrema. Allí se cruzan las vulneraciones actuales de Derechos Humanos y las ocurridas en el pasado reciente: “Ledesma es el apagón”, señalan desde el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes (Capoma).
El Apagón de Ledesma fue una serie de operativos represivos ocurridos en la ciudad en julio de 1976, cuando sendos cortes de energía eléctrica fueron el marco propicio para secuestrar a unos 400 obreros, estudiantes y profesionales; algunos de ellos, como el entonces intendente Luis Aredes, permanecen desaparecidos. Esos hechos son investigados en una causa de lesa humanidad que tiene por imputados al ex dueño de la empresa, Carlos Blaquier, y su ex administrador Alberto Lemos; un expediente cuya lentitud exaspera y que investiga la participación de Ledesma en el terrorismo de Estado.
La empresa cuyas chimeneas emiten gases a toda hora y envuelven a la zona en una nube que torna al aire casi irrespirable también es señalada por los casos de bagazosis -enfermedad pulmonar por la exposición crónica a partículas de caña de azúcar enmohecida y contaminada- y numerosos conflictos por la tierra.
En La Quebrada de Humahuaca se relevaron vulneraciones a los Derechos Humanos, con los pueblos originarios como víctimas principales. Desde el norte extremo hasta San Salvador, comunidades animaron la “Caminata por el agua y la vida”, con problemáticas variadas y críticas concretas al extractivismo, el desalojo compulsivo y la negación del derecho a la tierra pese a la vasta normativa internacional y nacional que lo consagra. La larga marcha de los hijos de la tierra fue acompañada por la Comisión y desembocó el 12 en la capital provincial, donde además de hacer oír su reclamo, se encontró con lo que esperaba: la hostilidad de la Policía provincial. “Es terrible como se manejan. Leían al aire la notificación y quedó ahí en el piso” relató una militante, asombrada por la aplicación compulsiva del Código Contravencional que recae sobre todo aquel que ose efectuar reclamo público alguno.
En general, la Comisión alertó también sobre la persecución a trabajadores de la economía popular, gremios y espacios políticos; el despojo de los bienes comunes y “la muy preocupante situación local referida a la violencia de género y su cara más extrema, los femicidios”. Dijo que “se observa un entramado partidocrático y de familias vinculadas al poder, donde diversos negocios e intereses marcan a las claras una connivencia que generan una plataforma de impunidad evidente”. Y denunció que “de manera sistémica se observa la persecución, criminalización, estigmatización, judicialización y detención de opositores políticos al actual gobierno, sumado a la persecución de abogadas y abogados que defienden causas contrarias a los poderes establecidos”.
Con un Poder Judicial que los testimonios señalan como parte del entramado persecutorio, en Jujuy existen militantes que ya ni saben cuántas causas en su contra tienen, el miedo es ley y son demasiadas, inaceptables, las violaciones a los Derechos Humanos que operan de modo permanente. 
Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - La Matanza, señaló que la tarea de la Comisión "continuó un relevamiento iniciado en julio" y consideró que "la ciudadanía y el mundo entero tienen que saber que el problema en Jujuy no es Milagro Sala ni los presos políticos; ellos son un emergente de una acción del estado que incumple su deber".
"Hay un 70% de jujeños que son víctimas del Código Contravencional y de una política extractivista y racista. Y existe un gravísimo problema con los femicidios, cinco en solo un mes", completó.
Entre otros, integraron la delegación representantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Civil Derecho Popular, Asociación de Trabajadores del Estado - ATE-CTAA Nacional, Comité por la Libertad de Milagro Sala Córdoba, Espacio Juridico Deodoro Roca, La Colectiva Córdoba, Kasa Compañera Córdoba, Frente Patria Grande, Nuevo Encuentro - La Matanza y Trabajadores Unidos por la Tierra (UTEP).
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