Pandemia y flexibilización: ¿Es hora de debatir la vacunación obligatoria?

Argentina avanza en flexibilizar las restricciones, mientras todo el mundo abre un combate contra los antivacunas. ¿Se puede pensar en sumar a las vacunas contra el coronavirus al esquema obligatorio?
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Ilustración: Daniel "Pito" Campos, para La Nueva Mañana.

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Marcada por el relanzamiento de la gestión del Frente de Todos a nivel nacional, la semana argentina volvió a estar cruzada por la discusión alrededor de la pandemia. “La situación epidemiológica es óptima, estamos en un momento donde no estábamos hace un año en relación a la circulación viral, a las muertes y a las internaciones”, dijo la ministra de Salud de la Nación el martes, al finalizar la primera reunión del nuevo Gabinete comandado por el tucumano Juan Manzur.

Poco más de 24 horas antes, ambos funcionarios habían protagonizado el primer anuncio de la nueva etapa. El Gobierno decidió levantar la obligatoriedad de usar tapabocas al aire libre desde el 1 de octubre, anunció el regreso del público a los estadios y habilitó reuniones al aire libre sin tope máximo de personas.

Más allá de las lecturas que puedan intentar imponerse, la realidad epidemiológica “indiscutible” de la que habla Vizzotti se explica a partir del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional. “No hay ninguna duda que los números que hoy muestra el país tienen que ver con el plan de vacunación”, asegura Rodrigo Quiroga a La Nueva Mañana, aunque aclara que esa realidad esta “acoplada con la gran cantidad de casos que tuvimos  y las medidas restrictivas bien aplicadas, como el control de fronteras”. Si bien para el investigador del Conicet no hubo “un mejor momento para empezar avanzar en algunas flexibilizaciones”, ese último punto le genera “algo de inquietud”.

“El cierre de fronteras dio muy buenos resultados, sobre todo comparados con países limítrofes como Chile o Brasil, en donde esa medida no se aplicó y la variante Delta se convirtió en preponderante”, señala al respecto.  “En ese contexto, algunas medidas me inquietan un poco, como las que permiten reuniones de un gran número de personas puertas adentro, como los boliches, los bailes o los salones de fiesta, donde también van a participar personas que no están vacunadas como niños y jóvenes”, advierte.

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“No hay ninguna duda que los números que hoy muestra el país tienen que ver con el plan de vacunación”, asegura Rodrigo Quiroga. 

Oscar Atienza no está de acuerdo con los nuevos anuncios, para él se trata de una “decisión política” que se arriesga a aumentar los contagios. “Las medidas que promueven el acercamiento van a detonar la cantidad de casos diarios, sobre todo porque nunca en toda la pandemia tuvimos esta cantidad de actividades funcionando en paralelo”, advierte.

Férreo defensor de la aplicación de la vacuna, el médico y docente universitario, señala que “la vacuna tiene relación con los fallecidos y no con la cantidad de casos. Si se morían mil, con la vacuna se van a morir cien, pero no se van a frenar los contagios”, asegura y pone como ejemplo lo sucedido en Israel, donde “con el total de la población vacunada no pueden bajar de los 10.000 contagios diarios”. “El barbijo, en cambio, sí evita que la gente se infecte”, destaca.

Si bien reconoce que el papel de las vacunas para evitar contagios es un debate no saldado, Quiroga se apoya en los números que arroja la realidad cotidiana en tiempo de pandemia. “Los datos indican que si bien las vacunas no previenen el 100% de los casos porque no es una vacuna esterilizante, sí dan cuenta de que los contagios han disminuido”, señala.

Dejando en suspenso la verdad definitiva sobre los efectos sobre los contagios, es innegable que la vacunación resultó clave para reducir significativamente los cuadros que requieren internación, descomprimir el sistema sanitario y, por esa razón, bajar la mortalidad. Teniendo en cuenta esos datos… ¿No estaremos en condiciones de comenzar a discutir la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus?

La vuelta al mundo

La situación en Estados Unidos resulta paradigmática en dos direcciones. Es uno de los países más poderosos del mundo en materia de producción de vacunas y cuenta con la única aprobada en todas sus fases: Pfizer. Sin embargo, su población concentra una de los mayores movimientos antivacunas del planeta y eso complica las cosas a la hora de imaginar la inmunidad de rebaño. De hecho, en esa conjunción de realidades (y otras relacionadas con las disputas geopolíticas) se explica las miles de millones de vacunadas donadas por ese país alrededor del mundo.

“La vacuna contra el coronavirus es la única vacuna de aplicación voluntaria de la Argentina y eso tiene que ver centralmente con que ninguna de las vacunas que se han venido aplicando en el país han pasado la Fase 3. Cuando lo hagan, creo que el país está en condiciones de sumarla al calendario obligatorio y combatir el coronavirus de la misma forma en que se combaten otras enfermedades”, asegura Atienza que aclara que “Estados Unidos podría exigir la obligatoriedad, pero no puede hacerlo porque no puede vacunar ahora con Pfizer a todos los que inmunizó con Moderna y Johnson & Johnson”. “Cuando esas otras superen la Fase 3, ya podría establecerse a obligatoriedad”, explica a La Nueva Mañana.

El camino parece direccionarse hacia ese lugar, sobre todo a partir de la reciente decisión de Joe Biden, que ordenó vacunar a todos los trabajadores federales y no son pocas las empresas que también se suman a esa política. “El Departamento de Trabajo está desarrollando una regla de emergencia para exigir a todos los empleadores con 100 o más empleados que se aseguren de que sus fuerzas laborales estén completamente vacunadas o muestren una prueba negativa al menos una vez a la semana”, dijo el Presidente semanas atrás. Sin orden oficial del Estado, muchos de los empleadores más poderosos del mundo ya comenzaron a exigir el esquema de inmunización completo a su planta de trabajadores.

Ante la negativa de algunos sectores de la población a vacunarse, en Europa el debate también se mantiene a la orden del día, sobre todo a partir de la experiencia a cuestas de haber surfeado ya tres y hasta cuatro olas de contagios.  

Mientras Italia se perfila para ser el primer país en imponer la vacuna obligatoria, o al menos así lo planteó el primer ministro Mario Draghi, en Francia esa obligatoriedad  ya rige para todo el personal sanitario y trabajadores en contacto con el público. A su vez, ya son más 20 países los que exigen certificados de vacunación para algunas actividades públicas como el acceso a conciertos, bares o encuentros deportivos.

La contracara de esa avanzada individualista europea, se da en los países asiáticos, donde ese tipo de comportamientos se reduce al mínimo, por razones que tienen que ver centralmente a una concepción cultural más anclada en lo colectivo y la presencia del Estado en la vida cotidiana.

A toda esa realidad se suman las reiteradas advertencias de la OMS respecto a la falta de vacunas en algunos de los países más rezagados económicamente. Un principio de solución a esa realidad quiso abordarse en la asamblea de ONU que tuvo lugar esta semana, en la que el presidente Alberto Fernández aseguró que “las vacunas deben ser bienes públicos globales” y destacó que la “Argentina celebra la propuesta en materia de patentes, en el marco de la OMC con el objeto de contribuir a promover la producción, la competencia y el desarrollo local de las vacunas”.

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La vacuna contra el coronavirus es la única vacuna de aplicación voluntaria de la Argentina. 

El futuro en Argentina

En esa reunión de mandatarios, el  jefe de Estado aseguró que desde Argentina se logró integrar “a las cadenas productivas globales de dos vacunas internacionales”, al contar “con una capacidad de producción del ciclo completo” que permite “incorporar nuevos desarrollos”. Y al destacar esa capacidad, brindó mayores elementos a las chances que el país tiene para hacer frente a un futuro que exija las vacunas contra el coronavirus de modo obligatorio.

Después del cuello de botella de mediados del año 2021, Argentina parece haber solucionado el problema respecto al flujo de vacunas que llegan al país.

Según Atienza, el obstáculo legal que representa que las vacunas aplicadas en el país no hayan sido aprobadas en su fase 3 no se solucionaría “hasta agosto 2023”. Recién ahí, se podría pensar en un esquema que él mismo considera posible.  

Quiroga también acompaña la idea de abrir el debate, aunque con los mismos elementos advierte que “es complicado”. “Al mismo tiempo si uno observa el porcentaje de vacunado no pareciera ser estrictamente necesario. Hay otras formas, como se hace en otros países como requerir certificados de vacunación para realizar determinadas actividades públicas”.

Ambos especialistas consideran que la Argentina está empezando a acumular un stock de vacunas que permiten pensar un futuro con cualquiera de estas exigencias. De hecho, la cantidad de dosis recibidas, permiten que, en el caso de Sinopharm, la ANMAT comience a estudiar la posibilidad de avanzar en la inmunización de niños.  “Hay una gran cantidad de contratos firmados que permitirían vacunar a toda la población en los próximos meses, aunque eso también va a depender de que las vacunas lleguen”, advierten.

 

  

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