Gustavo Vera, máxima autoridad argentina en la lucha contra este flagelo, pasó por Córdoba para firmar convenios de colaboración con unos treinta sindicatos. El funcionario nacional mapeó la actualidad de la trata de personas en el territorio.
Ed Impresa 13/08/2021
Adrián Camerano
Conviene tenerlo siempre presente: en nuestro país, aun en pleno siglo XXI, la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual y el trabajo infantil existen. Y mucho más de lo que nos imaginamos. En el Alto Valle, en Orán, en todas las provincias hay casos, denuncias, tragedias humanas muchas veces invisibilizadas. Quien en diálogo con La Nueva Mañana desgrana ejemplos a diestra y siniestra es Gustavo Vera, el máximo funcionario nacional en la materia y un militante de la lucha contra la trata desde hace un par de décadas, ya desde su fundación La Alameda, que entre otras cosas desnudó los talleres textiles clandestinos en la CABA y el Gran Buenos Aires.
El actual titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, pasó por Córdoba para firmar convenios con unos treinta gremios. Maestro de grado, asambleísta y ex legislador porteño, Vera insiste en el rol clave del movimiento obrero organizado, señala que los esfuerzos estatales en la lucha contra la trata “no alcanzan” y que para erradicarla es menester “construir comunidad organizada”.
- ¿Por qué este convenio con estos actores y en esta provincia?
Nosotros estamos convencidos de que si vamos a ser la máxima autoridad nacional en materia de trata, hay que recorrer y conocer el territorio y saber lo que está pasando. En este caso articulamos con casi treinta sindicatos, todos con un rol importante en la defensa de los derechos de los trabajadores, para trabajar en la prevención de la trata, en la formación y en la difusión de la línea 145. La tarea implica tratar de erradicar la trata en el ámbito rural; por ejemplo, sabemos que en el sector de ladrilleros hay focos; y en el tema de explotación sexual hay grooming, captación por vía virtual, y ahí es clave el papel de los docentes en el uso de las redes y la prevención con niños, niñas y adolescentes. No hay que olvidar que la lucha contra la trata de las personas forma parte de las entrañas del movimiento obrero internacional: la primera ley internacional contra la trata fue la Ley Palacios de 1913, lo mismo la jornada de ocho horas… los sindicatos son una pata clave en este combate. En los sindicatos, en los trabajadores organizados, están los sectores que más consecuentemente van a luchar contra este flagelo, porque lo hicieron en el origen.
- El ámbito rural parece especialmente delicado, ¿no?
- Desde el cambio de conducción, la UATRE está cumpliendo un papel clave. José Voytenco, el secretario general, ha denunciado que de 750 mil trabajadores, medio millón no está encuadrado en el convenio, no está registrado. Voytenco está sufriendo unos embates terribles por meterse a fondo con esos intereses, los mismos embates que sufrió Pablo Moyano luego del 21F. Evidentemente hay sectores que están nerviosos porque estamos descubriendo la trata con fines de explotación laboral en empresas de primer nivel, que exportan. Eso está ocurriendo y es una vergüenza que no podemos permitir en el país del Estatuto del Peón.
- Uno tiene la sensación de que luego de las leyes de 2008 y 2012, el tema ya no está tanto en agenda pública. ¿Es así?
- No nos olvidemos de lo que pasó en la gestión anterior, e incluso hay que recordar que en su momento la esposa del entonces presidente Macri fue denunciada; nosotros somos querellantes. Hoy la Argentina ha mejorado muchísimo, hay más conciencia social, más anticuerpos; por ejemplo, cada vez que alguien se reporta como desaparecido. Y a nivel mundial está muy presente en organismos como la ONU y la agenda internacional en general.
- En un tema tan complejo, seguramente son necesarias soluciones complejas. ¿Con qué actores se articulan?
- Estamos armando las mesas de articulación entre el Estado nacional, los estados provinciales, las organizaciones, el poder judicial, los municipios. Hoy (por el miércoles) cerramos en Córdoba la mesa 19; son mesas operativas de capacitación, prevención y, en definitiva, redes de producción de conocimientos, porque quizás una estrategia utilizada por una mesa provincial puede hasta ser superadora de la política central. Está empezando a haber una mirada transversal del tema, y está el compromiso de todos los gobernadores, que yo celebro y que va más allá de las banderías políticas.
- Otra percepción es que muchas veces cae el eslabón más débil de la cadena, y no los peces gordos…
- La trata es el tercer delito más rentable del crimen organizado, maneja mucho dinero. Justamente para avanzar con esos peces gordos estamos articulando con la UIF y la Afip. Y es necesario tener claro que para luchar contra la trata no alcanza solo con las políticas estatales, es necesario crear comunidad organizada.
- En este tema, como en otros, la impronta del papa Francisco parece clara. ¿Es él una guía para usted?
- Es una guía, y lo que él hace repercute muy bien. Él desde hace años ayudó en este tema, y contribuyó a instalar que la trata es un delito. Lo lleva en su ADN, no te olvides que es jesuita, y que los jesuitas fueron expulsados por reconocerles derechos a los pueblos originarios. Se trata de ser buenos y buenas samaritanas y samaritanos, como dice Francisco en “Fratelli Tutti”. La patria es el otro.
- En estas políticas públicas, ¿qué lugar le cabe a la víctima?
- Con distintas áreas del Gobierno nacional desplegamos convenios y acciones para garantizarles acceso a la vivienda, capacitaciones en gestión laboral y acompañamiento terapéutico todo el tiempo que sea necesario. También un fondo fiduciario que va a administrar los bienes decomisados en cada caso de víctima de trata, algo en lo que también está avanzando la Corte Suprema. Jueces y juezas pueden secuestrar bienes muebles e inmuebles y reutilizarlos en beneficio de las víctimas. En Mar del Plata, por ejemplo, un juez federal hace algunos años resolvió en un campo donde encontró 180 trabajadores precarizados meter preso al dueño y en vez de sacar a la gente, dárselos en uso. Entonces hace 10 años que hay 300 hectáreas administradas por 180 trabajadores y trabajadoras. Eso no está en ningún diario, porque sería un mal ejemplo para cierto sector agrogarca, que cree que tiene la vaca atada.
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