La Provincia los consulta ante cada decisión sanitaria y los compromete para garantizar el cumplimiento de las restricciones. Ventajas y desventajas a la hora de hacer frente a la lucha contra la ola de contagios.
Ed Impresa 25/06/2021
César Martín Pucheta
El martes pasado murió Miguel Pala, el jefe comunal de Colonia Barge, una pequeña localidad ubicada en el sudeste provincial. El deceso del dirigente de 58 años se produjo en el Hospital Pasteur de Villa María, donde había llegado tras complicarse su cuadro de Covid-19. El contagio se había dado, naturalmente, durante el ejercicio de sus funciones. En el interior, dicen, uno nunca deja de ser intendente. También remarcan que el intendente nunca deja de ser vecino.
En esa realidad recae una de las principales ventajas y las principales dificultades para jefes y jefas comunales del interior provincial, la chance de conocer de primera mano las necesidades de las poblaciones que representan y conducen; y la imposibilidad de “correrse” de los problemas, más allá de los riesgos que dicha tarea conlleva. Para quienes están al frente de los municipios y comunas no hubo aislamientos, ni restricciones, no contaron las comorbilidades ni las franjas etarias “en riesgo”. Como siempre, se pararon en la primera línea del fuego político. Allí recibieron los reclamos, intentaron responder a las urgencias más apremiantes y lidiaron con la desesperación, el dolor, y la partida de integrantes de sus equipos de Gobierno, asesores, vecinos, amigos y seres queridos.
Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno provincial avanzó en una instancia de diálogos con los intendentes y jefes comunales. Allí, los responsables comunales pudieron expresar su opinión, aunque en la mayor parte de los casos los pedidos se canalizaron por los representantes institucionales de la Mesa Provincia -Municipios. Si bien ese mecanismo se mantuvo medianamente estable y las diferencias políticas se fueron dejando de lado en pos de fortalecer la lucha contra el avance de la pandemia, existieron (y existen) instancias en la que los intendentes sintieron que el Gobierno provincial cargó sobre sus espaldas la mayor parte de la responsabilidad a la hora de hacer valer las determinaciones tomadas a nivel provincial.
Si hay algo en lo que la mayoría de los responsables comunales ha mantenido acuerdos es en la tan repetida idea de hacer “consensuar lo económico y lo sanitario”. El diálogo mucho más directo con vecinos, comerciantes y trabajadores de cada una de las localidades los exponen a una situación donde la tensión es mucho más evidente que la que se da en los conglomerados urbanos, en donde las estadísticas suelen primar en los análisis que motorizan la toma de decisiones. El contacto directo humaniza las gestiones y, en muchos casos, suele cargar emocionalmente cada paso de gestión.
Desde el Foro de Intendentes Radicales destacan el rol conciliador que siempre se ha mantenido en la etapa de la gestión conjunta de la pandemia. Sin dejar de lado “el tono crítico, cuando pensamos en que era necesario hacerlo”, desde el radicalismo con responsabilidades de mando comprenden que el Gobierno provincial ha sabido tomar nota de los pedidos que han derivado en medidas paliativas desde lo económico (suspensión de pago de créditos, reparto de ATN más equitativo, ayudas a los sectores de la actividad económica que se paralizaron) y en las ayudas en el plano estrictamente sanitario.
Esa realidad es reconocida con Fernando Luna, el intendente de Villa de Soto, que advierte sobre un último planteo expuesto como necesidad desde el momento mismo en que la virtualidad educativa empezó a ganar terreno: el reparto del fondo educativo para solventar la educación no formal. “Para nosotros es un pedazo más de la coparticipación. Es clave acompañar a los chicos que hoy, en el noroeste cordobés, conviven con una situación de vulnerabilidad ante un muy difícil contexto socioeconómico”, agrega.
Entre los reclamos que también se escucharon a lo largo de toda la pandemia, el reparto de recursos sanitarios y las obligaciones descargadas sobre las espaldas de las administraciones municipales se mantuvieron a la orden del día. “Todo lo que tiene que ver con la vacunación y testeos se concentraron en las grandes ciudades. En el interior recibimos los test y las vacunas. Toda la logística y las obligaciones económicas las debemos afrontar los municipios”, señala Myriam Prunotto, la intendenta de Estación Juárez Celman. “Para los municipios chicos, esos gatos representan un monto muy alto en el total de la ejecución presupuestaria”, advierte.
Ningún intendente indica sentirse “en soledad”, en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, la imposibilidad de “controlarlo todo” hace que la situación se presente complicada para muchas localidades. En cada una de las actas que se suscribieron desde marzo del 2020, se comprometen a hacer cumplir las disposiciones sanitarias que muchas veces los exceden en su capacidad operativa.
Pablo Alicio, intendente de La Cumbre, asegura que “la mayoría de las decisiones fueron informadas a los intendentes” que no siempre estaban en un total acuerdo con lo dispuesto a nivel provincial. “Por lo general, hemos acatado esas medidas y avanzado en un trabajo conjunto”, dice a La Nueva Mañana el dirigente que en un par de oportunidades avanzó en cierres y aperturas conforme a la realidad epidemiológica de su localidad, más allá de lo establecido provincialmente.
Esa situación no es ajena a la que vivieron decenas de municipios a lo largo de la pandemia. Una prueba en este 2021 son los pedidos elevados al Ministerio de Educación para sostener la virtualidad en las escuelas que funcionan en el interior, ante el elevado número de casos que presentaron alternativamente numerosos pueblos y ciudades de la provincia. De hecho, ante las nuevas disposiciones que establecen el regreso a las clases presenciales en localidades con menos de 30 mil habitantes, ya son alrededor de cuarenta municipios que pidieron suspender ese regreso a las aulas debido a sus realidades sanitarias.
La situación actual de La Cumbre parece darse a la inversa, pero sirve de prueba para analizar cómo las restricciones tomadas a tiempo, fueron generando resultados positivos, incluso cuando la media provincial se mantiene en estado de alerta. “Nosotros siempre acatamos las restricciones al pie de la letra, pero teníamos algunos inconvenientes porque localidades cercanas a la nuestra no lo hacían. Elevamos ese reclamo a las autoridades provinciales pero vimos que la situación no cambiaba, entonces advertí que íbamos a avanzar con nuestro propio esquema, ampliando algunas aperturas con los debidos protocolos del caso”, describe Alicio.
“Hoy pudimos aplicar un semáforo sanitario propio que nos permite avanzar con flexibilizaciones un poco más amplias que las que rigen a nivel provincial”, señala. El dato, es que cuando las disposiciones provinciales no habían avanzado en sus cierres más estrictos, en La Cumbre se había decidido profundizar en cierres y controles para evitar la propagación de contagios.
Las dificultades para coordinar controles en una misma región es uno de los constantes señalamientos de los responsables comunales. “En las reuniones que se fueron realizando a lo largo de todo este tiempo, los intendentes (sean del color político que sean) piden al unísono un mayor acompañamiento de la Policía, los municipios no tenemos la estructura para avanzar en los controles que efectivamente hacen falta”, advierte Alicio.
“Yo tengo las actividades deportivas prohibidas y controlamos que eso suceda, pero los vecinos se cruzan la calle y van a jugar a Córdoba Capital donde evidentemente el control es más difícil que el que podemos ejercer nosotros en localidades más pequeñas”, señala, en esa dirección, la intendenta de Estación Juárez Celman.
Desde uno de los límites provinciales con la provincia de Santa Fe (otras de las regiones “complicadas” a nivel nacional) Roberto Pacheco da cuenta que si bien los controles interprovinciales eran estrictos a comienzos de la pandemia, “en esta segunda etapa eso no se produjo”. “Están los controles de la Policía Caminera, que son los tradicionales y que controlan la circulación. Nosotros ahí no tenemos incidencia”, asegura el intendente de Corral de Bustos, una de las ciudades que más complicada vio su situación durante el pasado mes de mayo.
Mirando hacia atrás y revisando los momentos en los que los contagios avanzaban de modo preocupante, Pacheco advierte que la mayor dificultad no está en las fiestas clandestinas, sino en las reuniones sociales. “No hemos tenido que desactivar fiestas como pasó en otros lados, pero lo complicado es controlar pequeñas reuniones sociales y, principalmente, familiares, que muchas veces reúnen a personas sin los protocolos recomendados. Eso es muy difícil de controlar, más allá de las disposiciones vigentes”, asegura.
En ese punto, Luna coincide con el “relajamiento” de los controles pero decide poner un punto e invita a ver el proceso completo, para adelante y para atrás. “El año pasado hubo una situación mucho más comprometida. Este año es mucho menor y lo venimos reclamando, no solo para la pandemia, sino para pensar en una problemática general. En el interior es una constante la falta de equipamiento, la existencia de poco recurso humano, y la falta de personal policial para hacer frente a las problemáticas diarias. Eso complica mucho la tarea de control de cada uno de los municipios”, afirma el intendente de Villa de Soto.
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