En la Argentina se distribuyen entre 10 y 11 millones de kilos de comida por mes. El Gobierno reasigna partidas y los planes de reactivación se ven complejizados por la pandemia.
Ed Impresa 14/05/2021
César Martín Pucheta
Verdad de Perogrullo en los años de la pandemia: todos los planes de acción dejaron de tener sentido en marzo del 2020. Eso es lo que le pasó a todos y cada uno de los administradores y funcionarios que asumieron en sus puestos en diciembre del 2019. La situación no se experimenta sólo en la Argentina, la pandemia hizo chocar al mundo entero y profundizó aquellas problemáticas que se manifestaban en el cotidiano de los pobladores de un planeta que se vio puesto en jaque de la noche a la mañana.
No obstante a eso, hay algunos frentes de batalla que el Gobierno nacional debe mantener en la mira pese a todo. Y algunas estrategias también. Uno de ellos reinó la agenda informativa de esta semana y tiene que ver con la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. El otro, más interno y doloroso, es el que tiene que solucionar la profunda crisis social y económica. Para enfrentar ese desafío, Fernández mantiene sus herramientas primigenias: el Consejo Económico y Social, por un lado; y la Mesa contra el Hambre, por otro.
En la última reunión que pudo llevar adelante el equipo convocado por el Presidente, se lanzó el paquete de medidas que volverá a pararse frente a la crisis que profundiza la pandemia. Así, el Gobierno volvió a anunciar una serie medidas que contempla nuevos acuerdos de precios, la ampliación de la tarjeta Alimentar, el desarrollo de mercados ambulantes con precios “populares” y más acuerdos en el mercado de la carne.
Si bien todavía no está definido el esquema de entrega de las nuevas tarjetas, desde el Centro de Referencia Córdoba del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación advierten que las consultas de esta semana se sumaron de cien en cien, con el paso de los días. “Es el tema de interés principal en los barrios, sobre todo en los más complicados en materia de pobreza e indigencia”, describen.
Una vez resuelto el tema de logística (se estima que hay que cruzar los datos de unas 2 millones de personas más), el beneficio ampliará su alcance a niñas y niños de hasta 14 años, lo que representa una inversión mensual de 30 mil millones de pesos (hasta ahora eran 10 mil) y que estará dirigida a atender las necesidades básicas de unos 3.700.000 chicas y chicos. El monto de la tarjeta será de 6.000 pesos para madres con un hijo; 9.000 pesos para dos hijos; y 12.000 para tres o más hijos. Estiman que en Córdoba, el beneficio podría alcanzar a cerca de 350.000 niños y niñas.
Lorenzo: “Es necesario avanzar con políticas amplias y concretas, con participación del Estado en la producción de alimentos”.
“La situación está muy complicada”, dice a La Nueva Mañana Roberto Bustos, el coordinador del Centro de Referencia (CDR) del Ministerio de Desarrollo Social en Córdoba. “Hablamos de un país que vive con el 40% y eso se nota mucho más en los grandes conglomerados urbanos. Y no hablo sólo de Córdoba, en Río Cuarto la situación también es muy compleja”, describe, y pone el foco en uno de los principales problemas que parece empujar a todos los demás en la Argentina: el precio de los alimentos.
“Hasta cuándo vamos a seguir generando concentración en las pocas manos que se hacen cargo de la producción y la distribución de alimentos en las Argentina”, se pregunta Mariano Lorenzo al ser consultado por La Nueva Mañana. “Es necesario avanzar con políticas amplias y concretas, con participación del Estado en la producción de alimentos”, afirma el referente del Movimiento Evita ensayando una estrategia a futuro.
Para Lorenzo, el otro problema estructural (aunque no tan “otro”) que también es necesario atacar es “la inflación que, mes a mes, se come la plata de los argentinos y argentinas desde las góndolas de los supermercados”. Y ahí, aparece el rol central que, incluso para el Gobierno, podrían ocupar las organizaciones de la economía popular. “Hay que pensar en otro modelo productivo, en la regionalización de los alimentos, en los costos de la logística, en la ampliación de las bases de productores, y el fortalecimiento de esos sectores a partir de políticas concretas de subsidios y préstamos accesibles y con tasas bajas de interés. Es una política pública integral que tenemos que sentarnos a discutir”, afirma el legislador de Hacemos por Córdoba.
Una de las consecuencias más claras de la concentración en la producción de alimentos lo sufre por estas horas el propio Ministerio de Desarrollo Social. Tras una polémica desatada en abril del 2020 por la compra de fideos secos a costos que se ubicaban por encima de los Precios Máximos establecidos por el propio Gobierno Nacional, la cartera que conduce Daniel Arroyo ajustó las tuercas del sistema de licitaciones y agudizó los controles respecto a los topes económicos en el marco de las compulsas para la compra de alimentos desde el Ministerio.
Bustos: “Tenemos records en la cotización de soja y ellos prefieren vender de forma directa y sin procesar, antes que transformar esa materia prima en alimentos”.
Desde hace meses, hay rubros en que las empresas productoras de alimentos directamente no se presentan. Eso complica, incluso, las políticas de asistencia alimentaria que se impulsan desde la Nación. “Eso complejiza mucho la situación, al día de hoy estamos distribuyendo alimentos que son, centralmente, hidratos de carbono”, reconocen desde el CDR de la capital provincial, desde donde también plantean la urgencia de una solución nutricional que podría comenzar a encontrarse con programas como el Mercado Federal Ambulante, los acuerdos de precios para los bolsones de frutas y verduras, y el acuerdo para los precios de la carne.
“El Gobierno le puso un precio máximo a las compras y los empresarios quieren que ese precio sea mayor. Estamos tocando los récords en la cotización de soja a nivel mundial y ellos prefieren vender de forma directa y sin procesar, antes que transformar esa materia prima en alimentos. Es el problema de la concentración. Se ve en todos lados, pero en los alimentos se hace mucho más notorio”, describe Bustos al ser consultado al respecto.
Según Lorenzo, “la inyección de fondos y recursos en la Tarjeta Alimentar sirve para resolver un problema desde lo asistencial, pero en una situación netamente coyuntural que no genera soluciones de fondo”, señala el legislador que propone avanzar en “estrategias creativas” que cambien un paradigma en la distribución de los recursos, teniendo como eje principal al trabajo. “No hay otra salida, no hay forma que los derechos humanos básicos puedan garantizarse en una familia que viene perdiendo la cultura del trabajo desde hace décadas. Sin trabajo, no va a haber educación, ni salud, ni viviendas, ni vamos a poder solucionar todo lo que nos urge solucionar”, asegura.
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