En Capilla del Monte, un proyecto de ordenanza establecía la obligatoriedad de contratar guía o prestador para acceder al entorno serrano. Tras la masiva oposición, fue retirado.
Ed Impresa 19/02/2021
Adrián Camerano
No es el primer caso ni va a ser el último: ya había ocurrido el año pasado en Mendoza, la meca del montañismo argentino, con idéntica lógica por parte del Estado, rechazo de los actores del sector y similar resultado final. En Capilla del Monte, el Ejecutivo Municipal pretendió establecer la obligatoriedad de contratar guía de sitio o prestador de turismo alternativo para poder acceder a las bellas sierras ubicadas en el ejido municipal. Por una oposición masiva, que los impulsores no esperaban, la iniciativa no prosperó.
Aunque el proyecto fue presentado como un intento de regulación de la actividad comercial de prestadores de turismo alternativo y guías de sitio, lo que en su esencia primaban eran las restricciones al acceso al entorno natural por parte de todo no residente en la localidad. De modo taxativo, en los considerandos se sostenía que “es necesario controlar y restringir el acceso a las sierras a todo turista sin un prestador de turismo alternativo y/o guías de sitio que desarrollen la actividad, evitando el acceso a las zonas de riesgo medio-alto de manera independiente”. Y en su artículo primero establecía que “queda prohibido el acceso a las sierras sin prestador de turismo alternativo para toda persona no residente en Capilla del Monte”.
Para el micromundo del montañismo fue un deja vú: de inmediato afloró en el recuerdo lo que ocurrió a fines del año pasado en la provincia cuyana, cuando idéntica decisión impulsada por el gobierno cambiemita generó unánime rechazo en los propios guías, incluso cuando llevaban meses sin trabajar por culpa de la pandemia. Y ahora, pese a que se trataba un simple proyecto de ordenanza de una localidad mediana de Córdoba, entidades provinciales y nacionales, de larga trayectoria y prestigio en el tema, salieron a marcar la cancha y a intentar que la iniciativa los tuviera sentados en una mesa de discusión y no enterarse por los medios de un proyecto que afecta directamente al sector.
El puntapié inicial lo dio el local Grupo de Escaladores Cerro Uritorco (GECU), una entidad local que desde hace más de dos décadas se dedica a la práctica de la actividad, es autora del proyecto que la declara “de interés municipal” y la promociona a través de charlas y edición de materiales educativos. El Grupo se manifestó “totalmente en contra del proyecto de ordenanza que intenta regular las actividades al aire libre en ´zonas de sierras´, con la intención de prohibirlas como actividad personal y solo pudiéndola realizar con la contratación de guías”. Y consideró a la iniciativa legislativa “inaplicable desde todo punto de vista coherente”. “Defendemos los derechos de la libre circulación, ya sea en sierras o montañas, y la libre práctica deportiva”, completó.
A nivel provincial, hubo tres actores claves, de peso, que también se manifestaron en contra. El Club Andino Córdoba, por caso, calificó a la iniciativa como “otro desatino legislativo”, que “atenta contra la actividad del montañismo”. La entidad referente de la actividad en la provincia recordó también la reciente sanción de una ley provincial sobre la actividad, a la que encuadró en una serie de “acciones restrictivas y distorsionadoras”, y señaló que “se vuelve al cuento de cerrar accesos o hacerlos rentados”. Al CAC se sumó su par de Villa Carlos Paz, que declaró “su total desacuerdo y rechazo a la letra y espíritu de dicho proyecto de Ordenanza”. Y la Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada, que directamente calificó al proyecto como “ridículo”.
Como frutilla del postre, la propia Asociación Provincial de Prestadores de Turismo Alternativo de Córdoba, que nuclea a los supuestos beneficiados, también se manifestó en contra.
Posiblemente nunca una ordenanza de las tantas que trató el deliberativo capillense en el último tiempo tuvo tanta repercusión fuera de las fronteras provinciales. Es que, a nivel nacional, no fueron pocas las instituciones que sentaron postura de rechazo al proyecto impulsado por el intendente Fabricio Díaz y el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Gramajo. Con cartas a los funcionarios y comunicados públicos, también salieron al cruce de la norma que no fue, entre otros, el Club Puntano de Escalada Deportiva, el Grupo Rosarino de Actividades de Montaña, la Asociación Argentina de Guías de Montaña y la Federación Sanluiseña de Montañismo y Escalada Deportiva.
Lo mismo hizo la Federación de Andinistas Argentinos, que dio en una clave: “Respetamos y valoramos el trabajo de los guías de montaña, pero la decisión de hacerlo debe depender de los montañistas y no de imposiciones”, expresó. Y otra Federación, la Argentina de Ski y Andinismo, se declaró “a favor del libre acceso a las montañas y espacios naturales”. “No estamos de acuerdo con los proyectos legislativos que restringen el derecho a la recreación y práctica deportiva en la naturaleza”, señaló, y dijo que lo propuesto “atenta contra el derecho de libre acceso a la naturaleza”.
Con todos estos rechazos sobre la mesa, a horas del tratamiento el intendente Díaz ordenó el miércoles 17 el retiro del proyecto del orden del día. La decisión política no borró el desatino ni relajó a las entidades montañeras: en paralelo a la sesión extraordinaria, que se desarrolló con otros temas, referentes del reclamo se reunieron frente al Concejo para elaborar un plan de acción, con el temor de que lo retirado de urgencia vuelva a tomar estado parlamentario en un futuro cercano.
“Uno no entiende cómo se llega a este punto, en vez de prestarse como herramientas y trabajar con la gente que está en el tema desde hace muchos años”, consideró Damián Zanotti, miembro fundador del GECU, quien adelantó que en los próximos días desde la Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada pedirán una reunión con el intendente y secretarios, para orientarlos en el tema. Sencillamente, lo que tendría que haber hecho el Ejecutivo antes de intentar legislar sobre un asunto que evidentemente no conoce al detalle.
Al día siguiente Díaz, que tiene algún consenso en integrantes del Centro de Actividades de Montaña Capilla del Monte, de reciente creación, brindó por radio declaraciones que oscurecieron el panorama. El jefe comunal dijo a la local FM Astral que "la intención que tenemos es preservar la salud y la vida de la gente" y sin precisar cuántas, señaló que "hemos tenido que lamentar muchas personas que se han perdido".
"Hace un año tuvimos que lamentar la búsqueda de Mariela. Como este caso un montón más, que tuvieron que activar el sistema de rescate. Me mandaron un montón de notas de andinistas, que valoro. Pero el Estado tiene que salir en cada rescate", señaló.
"Hay un gran mal entendido. La intención era aplicarla a turistas que vienen y no tienen conocimiento previo. Si sos montañista y venís de Salta, dejás el registro y nadie te va a salir a exigir", completó.
Lo cierto es que el montañista de Salta no practica el deporte en Córdoba, y si lo hace acude al Champaquí y no a Capilla del Monte. Pero más allá del desconocimiento, de la eventual mesa de diálogo que puede abrirse de ahora en más quizás surjan las respuestas al interrogante principal: ¿qué sentido tiene un proyecto de ordenanza que no refleja un pedido del sector, ignora que la siniestralidad en el entorno serrano de escasa altura es bajísima -y que la contratación de un guía no necesariamente la evita-, y que conllevaría, como efecto inmediato, una merma de visitantes a la localidad?
Mientras tanto, y va siendo hora de que se tome nota, una ley provincial insuficiente, la inexistencia de efectividad en los controles y la preponderancia de actores privados por sobre una presencia estatal razonable y consensuada generan el caldo en el que se cocinan las cada vez mayores trabas a la circulación de caminantes, senderistas, trekineros y montañistas en las bellas alturas cordobesas.
Una problemática que, como tantas, se agravó en pandemia, y que no se soluciona con aranceles, multiplicación de requisitos ni fomento de prohibiciones.
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