Al igual que en el último trimestre del año pasado, los precios de los alimentos continúan desbocados. Desde el Gobierno buscan desacelerar las subas con diferentes medidas; algunas novedosas.
Ed Impresa 11/02/2021 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Los intentos por desacoplar el precio interno de los alimentos de las subas registradas en el mercado internacional reavivan la discusión por las retenciones. Siempre que esto ocurre, inevitablemente, se agita el fantasma de la pugna entre Gobierno y “el campo”, como ocurrió en el conflicto por la 125.
Desde Balcarce 50 saben que la suba del valor de los alimentos es inversamente proporcional al éxito en las urnas en las elecciones parlamentarias. Los aumentos ya empiezan a generar murmullos inclusive en la propia base de sustentación del Frente de Todos. Particularmente, la suba de la carne, que llegó a aumentar 20% solo en diciembre, preocupa a un Presidente que siendo candidato proponía volver “al asado”. Desde la industria cárnica adujeron que estas subas (hoy parcialmente morigeradas) respondieron al incremento del precio internacional del maíz, principal insumo para alimentar al ganado. En el mismo sentido, la canasta alimentaria escaló 45 puntos porcentuales durante el año pasado, haciéndolo en diciembre en torno a un 5%. Por lo tanto, el Gobierno tiene el desafío de contener las subas de los principales alimentos de la dieta de los argentinos.
La suba en el mercado de Chicago de las principales oleaginosas desató una serie de efectos. Por un lado, el precio de la soja, que cotiza en torno a los 500 dólares la tonelada, significa un aliciente para la exportación. Asimismo, el valor de los subproductos (aceite, harina, pellets) también se mantiene elevado en la comparación histórica. Por otro lado, la cotización de los granos y oleaginosas, al ser insumos para la agroindustria, termina por repercutir en la estructura de costos de otros alimentos. Es el caso del aceite, que según relevamientos de Focus Market es uno de los productos que más subió durante el 2020, haciéndolo en un 57% pese a los acuerdos de precios.
Para revertir la suba del aceite desde el Gobierno propusieron una salida original. Se trata de un fideicomiso entre privados que busca abastecer “a precios razonables” al mercado interno, en un contexto de suba de los insumos. Así, los exportadores de aceite generarán un fondo anual de u$s190 millones para financiar el desacople del precio interno del externo. Es decir, con el aporte del sector exportador se subsidia el precio del aceite en góndola, que será menor al valor en el mercado internacional. De este modo, el Gobierno busca desdolarizar el precio de un alimento esencial, sin aumentar las retenciones a las exportaciones de aceite ni emitir pesos para subsidiar su valor.
Funcionarios de la cartera de Comercio dijeron a la prensa que este mecanismo con el cual financian el valor del 80% del aceite del mercado podría ser empleado en otros productos, atendiendo a las particularidades de las diferentes cadenas de valor. Esto no es novedad: el año pasado ya había resonado el fideicomiso como mecanismo de financiamiento, aunque con otra finalidad que la de subsidiar precio. En diciembre, la cooperativa vitivinícola Fecovita presentó el primer fideicomiso financiero con destino social inclusivo en el país. Mecanismo que permite la compra conjunta de insumos y ampliar la capacidad de financiamiento, otorgando mayor competitividad.
En declaraciones radiales, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, señaló que para contrarrestar la escalada de precios el Gobierno “no descarta una suba de retenciones”. A la par aclaró que apuestan al diálogo, pero al no disponer de muchos instrumentos, “tenemos que usar todo lo que tengamos”. Las declaraciones de la funcionaria cayeron muy mal en parte de las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace, quienes amenazaron con otro lockout patronal. Por su parte, desde el Gobierno no tienen intenciones de comenzar una reyerta con los ruralistas con final incierto, que frene las exportaciones y el ingreso de divisas. Por el contrario, siguen apostando al diálogo. En ese sentido, el ministro de Agricultura propone “convocar” a los diferentes actores de la cadena para que se visibilice y discuta la estructura de costos de los alimentos, y se “comprometan” a que el precio de la comida sea “accesible”.
El Frente de Todos sabe que “el campo” esconde múltiples realidades, por tanto sería erróneo enfrentarlo sin contemplar las diversidades que entraña. Inclusive, los resultados de la última elección tiran por tierra la idea de que Alberto Fernández, la coalición gobernante o el peronismo son la antítesis de la producción agropecuaria. De hecho, la fórmula Fernández-Fernández se impuso en casi la mitad de los distritos agrícola ganaderos del suelo bonaerense, Rauch, Tres Arroyos, Daireaux, Guaminí, Pehuajó y Bragado, entre otros. Mientras que en los territorios agrícolas en los que perdió, fueron elecciones reñidas. Lo mismo podemos decir de Santa Fe, La Pampa o Entre Ríos. Córdoba sería la única provincia agropecuaria esquiva, según los resultados del 2019. No es un dato menor, puesto que la evidencia empírica también atenta contra el relato de que Cambiemos es el máximo representante de los intereses del agro.
La producción agropecuaria en una economía de escala como en el agro pampeano implica que a mayor tierra cosechada y cantidad producida, se utiliza con más eficiencia los recursos, por tanto se reducen los costos y se eleva la ganancia y la renta. Ergo, a menor tierra cosechada, mayores son los costos por hectárea, menor la ganancia. Esto explica porqué pese a las exenciones impositivas y diferentes concesiones que Cambiemos otorgó al agro, miles de pymes agropecuarias dejaron de existir. Realidad compartida por muchos pequeños productores. Asimismo, tanto la producción como la exportación de los diferentes productos agropecuarios se encuentran concentradas. Por caso, sólo cuatro empresas explican más del 70% de la soja exportada, según datos oficiales. Por lo tanto, una aplicación inteligente de las retenciones no puede desconocer la realidad divergente de los diferentes actores del agro pampeano.
En el marco del conflicto por la resolución 125, el investigador principal de Conicet y especialista en historia agraria Osvaldo Barsky consideraba “suicida” romper con el esquema de retenciones. Se trata del corazón de la economía y del mecanismo que permite que los precios internos “no se disparen” frente a un salto en el mercado internacional. También se trata de un tributo clave para la recaudación y para conseguir “superávit fiscal”. En consecuencia, las retenciones son un instrumento genuino para “acumular reservas”, conseguir estabilidad cambiaria y “que entren recursos para pagar la deuda”, puntualizaba el autor de Historia del Agro Argentino.
Además, la participación del Estado en la renta agropecuaria mediante retenciones permite realizar obras viales que hacen a la competitividad de la economía, o subsidiar la energía y el combustible. De este modo se incorpora al campo a la economía nacional, en el marco de un proyecto integrado que contemple la transferencia de recursos a otros sectores con menor competitividad, como el mipyme (que representa el 66% del empleo y el 99% de las unidades productivas, de acuerdo al último Censo Nacional Económico de 2004). Consecuentemente, un tributo de este tipo permite diversificar el aparato productivo a través de la transferencia de divisas del agro a la industria y agroindustria.
Uno de los principales argumentos que la Mesa de Enlace esgrime en contra de la medida, gira en torno a que la presión impositiva “ahoga” al sector, repercutiendo en la producción y empleabilidad. Sin embargo, transcurridos dos años de la quita del gravamen al maíz, trigo y la reducción del impuesto a la soja, el nivel de trabajadores empleados por el agro fue de los más bajos de la última década. Se registraron 371.100 empleados a abril del 2017, un poco más que en el recesivo 2016, pero una cifra significativamente menor a la existente en el año 2009, un año malo para el campo luego del conflicto por la 125 y posterior a la crisis de Lehman Brothers, con fuertes repercusiones para la economía mundial. La situación de empleo en el sector minas y canteras, también beneficiado con la quita de impuestos, tampoco fue la esperada. Un informe publicado en mayo por el Ministerio de Trabajo sobre la evolución del trabajo asalariado en el sector privado, muestra que el sector emplea 78.100 trabajadores, con una caída de poco más de cinco puntos respecto de mayo del 2016.
A todo esto, si bien es cierto que es poco común que las potencias económicas apliquen impuestos de este tipo, no es cierto que el atraso de Argentina, Brasil o Chile se deba a la aplicación de las retenciones. Por el contrario, Alemania o Australia, por caso, adhieren a un modelo de desarrollo desde hace tiempo, el cual profundizan constantemente mediante subsidios e innovaciones técnicas que lo hacen más competitivo. No obstante, también es cierto que en sus comienzos estas economías implementaron distintos tipos de restricciones a la exportación de materias primas y protegieron a sus industrias para generar valor agregado, empleo y fortalecimiento productivo.
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