En 1976 Carlos Meira, imputado en el 12º juicio en Córdoba, despedía a su compañero de promoción Cativa Tolosa, asesinado en Mar del Plata y señalado como jefe de un CCD.
Ed Impresa 30/10/2020
Adrián Camerano
INFORMACIÓN EXCLUSIVA // JUDICIALES
Aunque técnicamente es un civil, la vida de Carlos Horacio Meira (71) está signada por la institución militar. Con múltiples antepasados castrenses, tuvo una carrera relativamente corta en el arma de Artillería del Ejército Argentino, para retirarse a fines de 1982, abrazar la carrera de Derecho, y en la última década dedicarse a defender a ex camaradas acusados en juicios de lesa humanidad.
Meira es a su vez uno de los 18 imputados del duodécimo juicio en la provincia por hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, en este caso entre marzo y septiembre de 1976. Está acusado de la presunta comisión del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada”, en perjuicio del matrimonio conformado por María del Carmen Pietri y Adrián Ferreyra. Detenidos el 29 de marzo de 1976 en cercanías de Cruz del Eje, la primera sobrevivió y testimoniará este miércoles 4, cuando se aborde su caso, mientras que al momento de esta publicación su esposo lleva exactos 44 años y seis meses desaparecido.
En aquella época Meira revistaba como teniente dependiente del Grupo de Artillería 141 José de la Quintana, en Villa San Isidro, una guarnición que ya funcionaba como centro clandestino de detención dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército. Allí había llegado el 4 de diciembre de 1975, para ser jefe de la Batería Servicios (Logística) y ascender a teniente primero el último día de ese año. En esos últimos meses del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, buena parte del 141 estaba movilizada al Operativo Independencia en Tucumán, para combatir a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, del Ejército Revolucionario del Pueblo; al día de hoy, una de las Baterías abandonadas exhibe una pintada sobre aquella excursión represiva, preludio del terrorismo de Estado que llegaría a niveles inauditos a partir del 24 de marzo de 1976.
El segundo jefe del 141 era el entonces mayor Sebastián Gómez Olivera, que también estuvo imputado en este juicio pero fue apartado por razones de salud. De acuerdo a su legajo, participó en la Zona de Operaciones del Independencia entre el 16 de agosto y el 12 de noviembre de 1975, con tan satisfactorio desempeño que fue convocado nuevamente entre el 4 de octubre y el 27 de noviembre de 1976.
Sobre el 141, un predio de 880 hectáreas en el que lentamente se va corriendo el velo del olvido, pesan denuncias y testimonios sobre detenciones ilegales, fusilamientos, enterramientos clandestinos, torturas, abusos sexuales y muertes accidentales de conscriptos. Al menos dos de ellos (Miguel Ángel Morini en San Francisco y Ramón Amaya Páez en Aguilares) fueron secuestrados en circunstancias que aparecen vinculadas a su paso por ese lugar.
La tríada de investigados por la detención irregular en Cruz del Eje la completa Arturo Grandinetti, que fungió como interventor de la dictadura en la Municipalidad de esa ciudad por apenas dos meses, desde el golpe hasta fines de mayo de 1976. Ninguno de los tres había sido acusado nunca, todos están en libertad y Meira es además el primer ex militar del Grupo de Artillería 141 que enfrenta a un tribunal como imputado en un juicio de lesa humanidad.
Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 14 de julio de 1949, pertenece a una tradicional familia de San Isidro con profusos antecedentes castrenses: su bisabuelo, su abuelo y su padre fueron militares. Un árbol genealógico virtual de acceso abierto da cuenta de que su abuelo Ramón José murió a los 53 años, en 1935, mientras en plena Década Infame “se encontraba ejerciendo el cargo de Consejal (sic) en la Municipalidad de San Isidro, donde había asumido en Enero, ostentando el puesto de Capitán de fragata en Armada Argentina”. Y refiere que su padre, Carlos Horacio Meira Serantes, falleció a los 47 años en un accidente sobre la ruta 2 que también se cobró la vida de su esposa, Rosario Carrizo; ocho años antes, en el verano de 1958, había sido condecorado por la Revolución Libertadora, popularmente conocida como “La Fusiladora”.
De este modo, en el invierno de 1966, cuando faltaban tres días para su cumpleaños 17, Carlos Horacio Meira quedó doblemente huérfano. A esa altura llevaba un año y medio de formación en el Colegio Militar de la Nación, donde había ingresado el 15 de febrero de 1965 para egresar el 16 de diciembre del año del Cordobazo, como parte de la Promoción 100.
En los primeros 70 Meira revistó en el entonces Grupo de Artillería 101 de Junín, unidad que también fue desplegada al monte tucumano. En esa ciudad bonaerense consolidó su familia antes de desembarcar en el 141 de La Quintana, en el que revistó cuatro años, hasta el 4 de diciembre de 1979. Luego lo destinarían a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, en Campo de Mayo, y más tarde al Grupo de Artillería Blindado 9 en Colonia Sarmiento, Chubut, con el que fue movilizado a Comodoro Rivadavia en el marco de la guerra de Malvinas.
En la segunda audiencia del actual juicio, el 16 de septiembre pasado, el imputado relató al tribunal presidido por Carolina Prado: “Estuve movilizado pero no nos reconocen como Veteranos;” y señaló: a fines de 1982 “me retiré con el grado de capitán. Podría haber pedido la baja, me retiraron eh, opté por el retiro pero sin goce de haberes”, completó.
Según la reconstrucción de la detención irregular del matrimonio realizada por la Fiscalía, la calurosa tarde del 29 de marzo de 1976 Pietri –embarazada de 9 meses- y Ferreyra se encontraban descansando en la vivienda que la abuela del muchacho, Pura Zamec, tenía en Media Naranja. La siesta fue interrumpida por un vecino, quien les avisó que estaban siendo buscados. Fue así como, con lo puesto, emprendieron una dificultosa huida a pie, por caminos rurales, hasta que se les cruzó un Chevrolet naranja de cuatro puertas con personas armadas y vestidas de civil, que los detuvieron y los trasladaron a la comisaría 12 de Cruz del Eje. El expediente da cuenta de que en el trayecto intercepta al auto “un jeep Gladiador, a bordo del cual se encontraba el teniente del Ejército Carlos Horacio Meira, adscripto al Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana, quien procedió a escoltar al vehículo hasta la referida dependencia policial de Cruz del Eje, donde los cautivos fueron finalmente alojados”. Pietri relató que en la comisaría indagó a Ferreyra el entonces capitán Grandinetti, y que ella fue interrogada por Meira y liberada ese mismo día.
“A las 7 del día siguiente, esto es el 30 de marzo del año 1976, María del Carmen Pietri se apersonó a la Comisaría para interiorizarse sobre la situación de su esposo, ocasión en que le llevó ropa, alimentos y frazadas, debiendo esperar hasta las 17 para ser atendida por el teniente Meira, quen la recibió en una sala donde ella observó que se había realizado el interrogatorio de su esposo”, reza el documento judicial. De acuerdo a la declaración, “el Teniente Meira le explicó que la detención se había producido por una denuncia, y estaban averiguando antecedentes, los que arrojaban como resultado que militaban en Montoneros, además de la actividad en la Universidad. Le dijo que a ella también la tendrían que llevar, pero por el estado de embarazo no lo hicieron. En esa oportunidad le informó que a su esposo -Adrián José Ferreyra- lo debían trasladar a La Calera, que sería juzgado por Tribunales Militares y que ella debía regresar a su casa y quedarse tranquila”.
Tras la espera de diez horas en la dependencia policial, casi en fecha para dar a luz, Pietri pudo ver a su esposo por última vez, durante unos minutos y con Meira al lado. A las 5.15 del 31 de marzo, una comisión que combinaba policías con al menos un soldado del Grupo de Artillería 141 –Simón Villarreal- trasladó a Ferreyra por supuesta “averiguación de antecedentes subversivos”. De él nunca más se supo.
Meira, que a diferencia de Ferreyra y los 30 mil desaparecidos afronta un proceso judicial con los derechos y garantías previstos en el Estado de Derecho Democrático, anunció que sólo intervendrá en las audiencias que ventilen el hecho que lo tiene como imputado. Es probable que retome algunos argumentos esgrimidos anteriormente, por ejemplo, en 2014, cuando pidió ser sobreseído por “arbitraria valoración de la prueba colectada” en su procesamiento, “falta de participación criminal en los hechos” y una construcción probatoria en su contra que “no sigue las reglas de la lógica y la experiencia común”. Además, consideró “desproporcionado el monto del embargo ordenado”: 5 mil pesos.
En la resolución que confirma el procesamiento se detallan otros argumentos por el estilo: que la detención “no fue ordenada ni ejecutada por el GA141, sino que fue ordenada directamente por el Comando del Tercer Cuerpo a la Comisaría de Cruz del Eje” y que “a esa fecha no cumplía función militar en dicha unidad”, si no que “desempeñaba funciones civiles en la Comunidad de Cruz del Eje como Interventor de la CGT”.
El contexto histórico y la propia causa judicial aportan elementos suficientes para desarmar este relato. Efectivamente, con el golpe de Estado el entonces teniente primero Meira fue designado por sus superiores como interventor en la CGT de Cruz del Eje, una de las ciudades más castigadas por la represión a nivel nacional. Según él mismo refirió a la Justicia, dependía del interventor de la CGT en Buenos Aires –Coronel Pita- y del entonces ministro de Trabajo de la Nación, General Liendo, lo que permite inferir que estaba “en ambos lados del mostrador” laboral. Y aunque no lo asegura, es obvio que el imputado no arribó a esa “función civil” por su conocimiento del mundo del trabajo, sino que su designación se produjo en el contexto de la supresión de derechos y garantías constitucionales llevada adelante por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
El 141 fue cabecera de la Subárea 3117 del Tercer Cuerpo y tenía jurisdicción sobre los departamentos Ischilín, Cruz del Eje, Punilla, Colón, Totoral, San Alberto, San Javier, Calamuchita y Santa María. En ese marco, desplegó control político y territorial de distintos modos, uno de ellos el asignar militares en instituciones propias de la vida civil. En Alta Gracia, por caso, un suboficial de apellido Tetti fue interventor del Ministerio de Trabajo de la Nación, a la vez que testimonios lo involucran en la detención ilegal y cautiverio en el 141 de militantes de la Juventud Peronista local; la comisaría, además, fue parte del circuito represivo encabezado por esa unidad del Ejército.
En Cruz del Eje, Meira cumplía funciones diarias en el Centro de Comercio local, aunque tenía también vínculo con la delegación del Ministerio de Trabajo, al punto que un antiguo empleado recuerda que el ahora imputado tenía con ellos “un trato frío, distante”, aunque sin mayores sobresaltos. Esas “funciones civiles” que formalmente cumplía Meira no alcanzan a explicar su presencia durante al menos dos días consecutivos en la comisaría de Cruz del Eje, un ámbito ajeno a su tarea laboral oficial y en el que un testimonio obrante en la causa refiere que había “un promedio de 40 ó 50 detenidos diarios”.
Su pretendida desvinculación del 141 es rebatida en la misma instrucción, donde constan las calificaciones que obtuvo por parte del jefe y segundo jefe de esa unidad militar, en el período mencionado. Y su supuesta ajenidad a la suerte de Ferreyra se contradice con una anotación del Libro de Novedades de la Guardia de la Comisaría 12, en la que -según el expediente- “fue el Teniente Primero Meira quien hizo entrega a la dependencia policial del detenido Adrián José Ferreyra”. El informe señala que la entrega del detenido se hizo “en depósito” y “a disposición del Comando Militar Córdoba”.
En otro tramo justifica su presencia en tanto “tuvo por objeto garantizar la regularidad y transparencia de la detención”.
En la audiencia del 16 los imputados desgranaron ante los jueces una serie abrumadora de patologías médicas. No fue el caso de Grandinetti (77) y Meira, quien relató alguna dolencia pero dijo: “La actividad es lo que me hace estar bien”. Se refería a su actuación profesional como abogado, que desde hace más de una década hace eje en la defensa de acusados por delitos de lesa humanidad en varias provincias del país.
Meira, imputado que defiende a otros de su misma condición, contó al tribunal: “Justo los miércoles tengo un juicio en el que estoy participando en el TOF de Mar del Plata, por eso lo designé al doctor Cativa Tolosa como codefensor”. Se trata del proceso “La Cueva III”, que entre otros hechos ventila La Noche de las Corbatas, en la que secuestraron y desaparecieron a abogados residentes en esa ciudad, que hoy debieran estar vivos y ser sus colegas.
También en “La Feliz”, años atrás Meira fue defensor particular en las causas “La Cueva-Comisaría 4º de Mar del Plata y comisarías 1 y Destacamento Díaz Vélez de Necochea” y “Base Naval I”. En ese rol, siempre con perfil bajo y aire campechano, transitó además los tribunales federales de Olavarría (causa Monte Pelloni II”), Córdoba (megacausa La Perla-La Ribera), Neuquén (La Escuelita II y IV), Comodoro Rivadavia (Regimiento de Infantería 8), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Plan Cóndor-Orletti), San Luis (expediente caratulado “MENÉNDEZ, Luciano Benjamín y Otros”, en el que se juzgó el circuito represivo en esa provincia), Bahía Blanca y Corrientes (causa Panetta-Goya).
En su carácter de abogado, Meira optó ahora por ejercer su propia defensa, aunque la cargada agenda laboral lo llevó a designar un codefensor, Fernando Cativa Tolosa. Se trata del hijo de su compañero de promoción homónimo, señalado por sobrevivientes de la dictadura como secuestrador y torturador en La Cueva, según consta en la “Causa Nº 2086 y su acumulada Nº2277”, de 2010. Ex conscriptos también lo sitúan en ese centro clandestino de detención que funcionó bajo el viejo radar de la Base Aérea de Mar del Plata.
En su libro “La Noche de las Corbatas”, los investigadores Pablo Waisberg y Felipe Celesia refieren que “el responsable operativo de La Cueva era el suboficial principal de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina”, con último domicilio legal conocido en Alta Gracia, llamativamente enfrente de Carlos “HB” Díaz, también imputado en este 12º juicio de Córdoba. Molina es el primer condenado en juicios de lesa humanidad por delitos de índole sexual, que fueron considerados por los jueces como “parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el último gobierno militar en el marco del plan sistemático de represión estatal”, y por ende caracterizados como “delitos de lesa humanidad imprescriptibles”. Pero Waisberg y Celesia refieren que “el verdadero jefe del centro clandestino, al menos cuando estaba, era el teniente primero Fernando Cativa Tolosa”, que fue ultimado al adentrarse en solitario en la parrilla Real Madrid, aparentemente para capturar a un referente de Montoneros. El homicidio ocurrió el 8 de octubre de 1976 y fue atribuido a esa organización.
Al día siguiente, Cativa Tolosa –Capitán post mortem- fue enterrado en el cementerio de San Jerónimo, Córdoba, con la presencia de Luciano Benjamín Menéndez y otros jerarcas de la dictadura. El diario La Nación lo cronicó de este modo: “Al ser depositado el féretro en el Panteón de las Fuerzas Armadas, habló el teniente primero Carlos Horacio Meira. Entre otros conceptos, al recordar la personalidad del compañero caído, expresó: ´Tus camaradas de la centésima promoción nos sentimos orgullosos de ti, así como lo hiciste, así mueren los valientes: al frente de tus soldados, dándoles la cara a tus cobardes asesinos. Gracias, Fernando: esta cara lección no la olvidaremos jamás, tu puesto de combate ya lo hemos ocupado”.
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