Adrián Camerano
Un grupo de vecinos del Valle de Paravachasca comprometido en la lucha por los Derechos Humanos elevó una nota al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, para que “se releve, preserva y señalice” el ex Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana.
Se trata de una guarnición desactivada a mediados de la década de los 90, en la que durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar funcionó un centro clandestino de detención. Si durante años esa condición fue apenas un rumor basado en testimonios de la zona y unos pocos sobrevivientes, de un tiempo a esta parte comenzó a correrse el velo sobre el sitio, que desde 2018 figura en el listado de centros clandestinos que el Estado Nacional reconoce en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte).
El pedido vecinal se dio semanas después de que una comisión de unos 50 policías allanaran el predio, donde desde hace dos años la organización social Trabajadores Unidos por la Tierra desarrolla en el refugio Libertad proyectos de agroecología y buen vivir, a la par que recupera la historia del lugar. El allanamiento –supuestamente en búsqueda de seis cerdos, dio negativo y nunca tuvo una explicación oficial- fue leído por la organización y los vecinos de la zona como una intimidación a quienes trabajan en el predio con autorización del Estado Nacional.
En ese marco, la nota elevada a Pietragalla Corti y compartida también con su par provincial, Calixto Angulo, la Comisión Provincial por la Memoria y los sitios de memoria de Córdoba hace hincapié en que el “intimidatorio operativo policial ordenado por un juez de Paz y un fiscal de Alta Gracia significó el desembarco en el predio de media centena de uniformados, que formalmente investigaban la presencia allí de seis cerdos supuestamente robados”.
“Los policías rastrillaron el predio, solicitaron datos y documentación que nada tenían que ver con el objeto del procedimiento y fotografiaron las instalaciones y herramientas de trabajo, para retirarse tal como habían venido”, describieron.
“El ampuloso procedimiento, que por supuesto dio negativo, no hizo más que acentuar la vulnerabilidad de las trabajadoras y trabajadores que simplemente realizan allí sus tareas diarias en pos de un plato de comida”, señalaron, para pedir al funcionario nacional “el inmediato relevamiento, señalización y medidas de cuidado del ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana”.
Aunque aún no hubo una respuesta oficial, trascendidos indican que el pedido fue visto con beneplácito por el organismo nacional, que podría avanzar con el tema si el marco de pandemia lo permite.
Sobre el 141, un sitio que aún no fue juzgado, pesan denuncias y testimonios sobre detenciones ilegales, fusilamientos, enterramientos clandestinos, torturas, muertes accidentales de conscriptos y al menos dos de ellos detenidos desaparecidos por la dictadura a posteriori de su paso por ese lugar. Un ex militar de esa guarnición, Carlos Horacio Meira, está imputado en el 12º juicio por delitos de lesa humanidad, que se desarrolla actualmente en los tribunales federales de Córdoba, por un hecho ocurrido en Cruz del Eje.
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