Al cumplirse cinco meses de la muerte del periodista mendocino Sebastián Moro durante golpe de Estado en Bolivia, su madre y hermanas bregan por verdad y justicia.
Opinión 18/04/2020 Alexis Oliva
Es difícil calcular cuántos kilómetros han recorrido las mujeres de la familia Moro-Rocchietti en busca de verdad y justicia, desde que hace cinco meses la vida del periodista mendocino Sebastián Moro se apagó en una clínica de La Paz, una semana después de que el 10 de noviembre de 2019 se consumara el golpe de Estado en Bolivia. Son ellas –su mamá, Raquel Rocchietti y sus hermanas Melody y Penélope– quienes llevan adelante la pelea por Sebastián, a quien alcanzaron a ver vivo pero sin conciencia en ese primer viaje que emprendieron en su auxilio, cuando ya el presidente Evo Morales estaba derrocado y prófugo, las hordas derechistas clamaban venganza y la golpista Jeanine Áñez daba carta blanca a la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad.
Periodista de Radio Nacional Mendoza, Penélope compartía con Sebastián la pasión por el periodismo y fue la última de la familia en comunicarse con él. El sábado 9 de noviembre, vía whatsapp, su hermano le contó que los golpistas habían ganado las calles de La Paz y tomado la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), donde trabajaba como editor del periódico Prensa Rural y en la radio Comunidad. También le relató que secuestraron y torturaron por varias horas a José Aramayo, su jefe directo y director general de los medios de la Confederación, salvado en extremo de un linchamiento. Sebastián había vuelto a su departamento, donde terminó de escribir un artículo para el diario Página 12, y desde ahí se comunicó con su hermana Penélope.
“Estaba trabajando en las horas de la tarde noche en su casa, enviando la última nota para Página 12. Cuando me saludó, me dijo que iba salir a caminar para tomar un poco de aire y abocarse al día siguiente a la tarea periodística, que iba a ser muy intensa por todo lo que estaba sucediendo en Bolivia. Sebastián fue testigo, a lo largo del fatal 9 de noviembre, de la represión y los intentos de ingresos violentos por parte de grupos de choque al medio en que trabajaba en la sede de la CSUTCB. Después no volvimos a tener comunicación”, relata Penélope.
El domingo 10, tras varias horas de intentar en vano comunicarse él, la familia Moro le pidió a un allegado que fuera a buscarlo. Esta persona –cuya identidad se protege– lo encontró en su cama, semi-inconsciente y con marcas de golpes, y vio algunas sillas tiradas en el piso. Sebastián fue internado en una clínica privada, donde entró en coma. Penélope llegó a La Paz el lunes 11, cuando Morales ya había renunciado y los opositores saqueaban su residencia. En la clínica le informaron que su hermano había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) izquémico con alto riesgo para su vida. Ella fotografió las marcas en su cuerpo, que los mismos médicos atribuyeron a una agresión.
Raquel y Melody arribaron a Bolivia el 13, cuando el cuadro clínico de Sebastián empeoraba. El jueves 14 a las 20:32, la entonces ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich publicaba en su cuenta de Twitter @PatoBullrich: “Rescatamos y pusimos a salvo a los periodistas argentinos amenazados en #Bolivia, Gracias @gendarmeria por el compromiso permanente”. Minutos antes, al anunciarlo en comunicación con el canal Todo Noticias, Bullrich declaró: “Los pudimos sacar rápidamente sin que hubiese ningún tipo de violencia contra ellos. No están dadas las garantías de trabajo en la calle… Estamos a disposición de cualquier otro cronista que esté en el lugar”.
Pero nada harían ni dirían, entonces ni después, Bullrich o cualquier otro funcionario del gobierno de Mauricio Macri, por ese otro argentino periodista cuyo trabajo era tan visible en medios nacionales como el de cualquiera de quienes fueron rescatados. Y aunque la Ministra admitiera el peligro y la violencia en las calles de La Paz, el Gobierno de Cambiemos se negaba a definir esa situación como golpe de Estado.
Sebastián Moro falleció a las 0 horas del sábado 16. Durante los siete días que duró su agonía no recuperó la conciencia. El mismo día de su muerte, el Poder Ejecutivo encabezado por Jeanine Áñez emitía el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a policías y militares que participaran en “operativos para el restablecimiento del orden interno”, denunciado como una “licencia para matar” a manifestantes contrarios al gobierno golpista. A esa altura, ya había 23 muertos y 715 heridos.
En ese contexto, los médicos del sanatorio desalentaron a la familia Moro a reclamar la autopsia de Sebastián y les aconsejaron cremarlo. En el Consulado Argentino en La Paz les dijeron que era imposible llevar un avión sanitario a Bolivia para repatriar el cuerpo y les recomendaron “salir cuanto antes del país”. Imposibilitadas de realizar una denuncia y temiendo por su propia integridad, aceptaron la cremación y regresaron a la Argentina.
Sebastián había trabajado en Radio Nacional de su provincia y escribía sobre los juicios de lesa humanidad para el colectivo “Juicios Mendoza” y otros medios. Su principal interés eran los derechos humanos, desde el terrorismo de Estado de los años 70 hasta la conflictividad social y la violencia institucional del presente. Con la asunción del Gobierno de Cambiemos, fue uno de los y las centenares de periodistas que por razones económicas o políticas perdieron su trabajo en la Argentina y debieron marcharse del país.
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La muerte de Sebastián Moro tuvo como contexto esa brutal avanzada contra los sectores populares, campesinos y originarios, que también se dirigió contra medios y periodistas afines a las políticas del proceso de cambio. Con el asesoramiento del abogado Rodolfo Yanzón, la familia Moro presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde la hipótesis de un ataque perpetrado por las bandas derechistas a las que el golpe de Estado en ciernes les dio cobertura de impunidad para desplegar su violencia.
En “B. Ataques, Amenazas y detenciones a periodistas y medios de comunicación”, detallan que “la CIDH y su Relatoría Especial ha recibido información sobre las circunstancias poco claras que rodean la muerte del periodista, entre ellas, el parte médico sobre politraumatismos en su cuerpo, sobre la falta de herramientas de trabajo en su domicilio, como ser la grabadora, el chaleco y una libreta de anotaciones. Asimismo, habrían llamados telefónicos borrados del celular y según denuncias presentadas por la familia, la clínica privada habría secuestrado los documentos médicos del periodista”. A continuación, expresan: “El asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura y los Estados tienen la obligación positiva de identificar y sancionar a los autores de estos crímenes”.
El caso del periodista mendocino también ocupa un capítulo en el informe de la Comisión Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano. Allí se define su muerte como “extremadamente dudosa”, por los numerosos indicios de que “sufrió una agresión previa a la larga agonía que concluyó una semana después con su fallecimiento”. También fue incluida en las denuncias contra el golpe de Estado en Bolivia en la Justicia Federal argentina, en Buenos Aires y en Córdoba, mientras el reclamo de justicia crece entre los periodistas, los organismos de derechos humanos y la sociedad.
En su tozudo trajinar en busca de justicia, la madre y las hermanas de Sebastián viajaron en febrero a Buenos Aires, donde junto con un grupo de periodistas se plantaron en el Obelisco con las fotos y pancartas #SebatiánMoroFueElGolpe. También reclamaron por la libertad de Facundo Molares Schoenfeld, el fotógrafo argentino detenido por el gobierno dictatorial boliviano mientras estaba internado en un hospital por un problema renal grave y en coma inducido.
El jueves 12 de marzo pasado Raquel y Melody estuvieron en Córdoba, donde incluyeron el caso de Sebastián en el marco de la denuncia contra los golpistas bolivianos (causa “N.N. S/Averiguación de delito. Denunciante: Asociación Civil Desaparecidos y Mártires Populares”, expediente FCB N° 1881/2020) que se tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba.
Patrocinadas por los abogados Lyllan Luque y Claudio Orosz y acompañadas por militantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, se constituyeron como querellantes y plantearon que la muerte de Sebastián se enmarcó en una “cacería furiosa contra periodistas allegados al proceso de cambio impulsado por el gobierno de Evo Morales”, en un contexto de “genocidio” y como tal de crímenes de “lesa humanidad”, tipificación sustentada –entre otros hechos– en las 18 víctimas fatales del golpe de Estado y las masacres de Sacaba (9 personas asesinadas) entre el 15 y el 16 de noviembre y de Senkata (7 víctimas) el 19, cometidas por las fuerzas de seguridad a las órdenes del Gobierno de facto.
En la denuncia, la familia Moro detalla las huellas de traumatismos que observaron los médicos y su hermana Penélope en el cuerpo de Sebastián: “Su mano izquierda en estado total de inflamación y de color morado oscuro, rasguños en el rostro, moretones en el mismo hombro izquierdo, rasguños en los brazos”. Además, señalan que de su domicilio “desapareció su grabador de periodista, su chamarra identificatoria como trabajador de prensa de la CSUTCB y una libreta de anotaciones”, y dejan constancia de la negativa a acceder a la historia clínica.
Al salir de tribunales, su madre manifestó: “Hemos venido a instalar la denuncia penal para que continúe la investigación, paralelamente a la denuncia que está hecha en la CIDH. Hemos presentado las mismas pruebas que teníamos. No hay mucho para agregar, dado el estado en el que se encuentra Bolivia, sin instituciones y sin democracia. Son pasos a seguir para que cuando se restablezca Bolivia podamos continuar abiertamente con la causa”.
La principal expectativa a corto plazo es que el tribunal habilite la investigación y la recolección de pruebas. “Mientras tanto, estamos disputando si el principio de jurisdicción universal va a ser asumido por la Justicia Federal cordobesa o no. Lo que no está en discusión es que se trate de una causa de lesa humanidad”, explicó la abogada Luque.
(*) La nota fue adaptada a los requerimientos de estilo del portal La Nueva Mañana. El artículo completo fue publicado originalmente en Qué Portal http://queportal.fcc.unc.edu.ar/2020/04/16/la-paciente-tozuda-y-femenina-pelea-por-justicia-para-sebastian-moro/.
El bloque Unión por la Patria hizo el pedido, a partir de evaluar que es posible que se realicen dos sesiones en días consecutivos. El lunes está prevista la sesión convocada para tratar la Ley de Bases y el paquete fiscal. La oposición peronista busca precipitar el rechazo al mega decreto.
La ex presidenta anunció en su cuenta de "X" que aceptó la invitación de la intendenta Mayra Mendoza, para participar del acto de inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, a 21 años de le elección del 27 de abril de 2003.
La cita es de 16 horas a 22 e incluirá performances y DJ´s en vivo. La entrada es libre y gratuita, en la explanada exterior del MMAU y bajo la modalidad de “Sunset”, que implica disfrutar del atardecer con música en espacios abiertos.
El gobernador Llaryora y el intendente Passerini encabezaron el acto. Se trata de la segunda etapa de las obras que benefician a 30 mil habitantes de la zona sur de la ciudad. El tramo alcanzó también a barrio Los Olmos Sur. La inversión fue de 4 mil millones de pesos.
El mandatario, en un acto recordatorio de las víctimas del Holocausto, sostuvo una adhesión incondicional al gobierno israelí en el conflicto con Palestina, pero nada dijo de la obligación de respetar el derecho internacional humanitario.
La sociedad argentina, dentro de la genuina sensación de necesitar cambios, consagró presidente a un anarco capitalista como Javier Milei, que ha sostenido que “el Estado es una asociación criminal".
"El presidente Néstor Kirchner, a menos de un mes de asumir, firmó el decreto 222/2003, que trasparentó la selección de ministros y ministras de la Corte Suprema", expresa el constitucionalista en su columna.
El autor de la columna sostiene, a propósito de la medida dispuesta por el Gobierno nacional, que "ninguna supuesta emergencia permite al Poder Ejecutivo arrogarse nuevas atribuciones ignorando el derecho constitucional vigente".
Jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que se dice. Ello adopta particular importancia en el caso del Presidente, que sostiene, que es “católico, y a la vez, casi un practicante del judaísmo” y ha demostrado que dicha espiritualidad es central en él.
Luego de liberar los precios de las naftas, la luz, el gas, los alquileres, etcétera, el Gobierno nacional dejó en claro que como Estado sí intervendrá en los acuerdos paritarios entre trabajadores y empresarios, algo que el propio Milei dijo que nunca sucedería.
La decisión del gremio que nuclea a los choferes de colectivos interurbanos, se adoptó tras recibir de parte de la Fetap una propuesta salarial que podría destrabar la negociación paritaria, que ya arrastra 90 días. La debatirá un Plenario General de Delegados.
Este jueves la Confederación convocó formalmente a la movilización el miércoles próximo por el Día del Trabajador y la Trabajadora. La marcha será en la previa del segundo Paro General previsto para el 9 de mayo en rechazo a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional.
Se realizaron numerosos allanamientos ordenados por el fiscal Guillermo González. Entre los últimos tres detenidos, hay un inspector municipal con cargo jerárquico y dos empleados de la Sección Espectáculos Públicos. Están acusados de integrar la banda liderada por el ex comisario Gustavo Folli.
La medida de fuerza se puso en marcha desde los primeros minutos del viernes, según anunció Aoita, el gremio que nuclea a choferes del transporte interurbano de la provincia y también de líneas urbanas de algunas localidades del interior.
El epicentro estuvo cerca de Jesús María, a unos diez kilómetros de profundidad, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Ocurrió a las 20.54 de este jueves y se sintió en diversos sectores del Gran Córdoba y la Capital provincial.
