La iniciativa presentada por el concejal Juan Negri será tratada en comisión por los ediles. Un marco legal que permitiría el retorno y la regulación de Uber y otras aplicaciones.
Ed Impresa 13/03/2020
Ignacio Martín
Uber dejó de funcionar en Córdoba el mediodía del jueves 26 de septiembre de 2019. Apenas llevaba 17 días brindando el servicio de transporte privado de pasajeros después de ingresar a la ciudad “por la ventana”. En ese lapso hubo denuncias penales, paros de taxistas y remiseros unidos con agresiones a choferes que no se plegaban, controles anti-Uber y una resolución del Concejo Deliberante que estableció multas de hasta 145.890 pesos para los conductores de la app.
“Uber tiene un compromiso firme con ser parte del futuro de Córdoba y el diálogo debe guiar ese compromiso”, así comenzaba el comunicado de despedida de la empresa estadounidense radicada en Argentina. Meses después, con las aguas calmas y un nuevo intendente en funciones, avanza en el Concejo un proyecto que le proporcionaría un marco legal a esa aplicación y a otras similares, desde firmas extranjeras como Lyft hasta cooperativas de choferes en barrios periféricos.
En sus siglas STPA, el proyecto presentado por Juan Negri pretende establecer un marco regulatorio que allane el camino a Uber siempre y cuando cumpla con distintas imposiciones. En diálogo con La Nueva Mañana, el jefe de Córdoba Cambia, la principal bancada opositora en el Concejo, explicó que la iniciativa será tratada por la comisión de Transporte mientras sigue la problemática relacionada al transporte público en la ciudad; con el discurso “smartcity” expresado por Llaryora entre sus propuestas.
“El servicio sigue con mucha deficiencia. Si el intendente quiere una ciudad que se abra al mundo, la puerta de entrada con el transporte público es pésima. El Aerobús no cumple las expectativas, el taxi tiene tarifa diferenciada, te llevan a donde quieren, la mayoría no sale del ejido urbano, entre otras situaciones”, sostuvo Negri.
El STPA se estipula dentro de las disposiciones del artículo 1280 del Código Civil y Comercial de la Nación. Según se lee en el proyecto, los vehículos y los conductores deberán contar con la debida acreditación municipal y estarán registrados en una determinada aplicación. Las prestatarias de las mismas (denominadas Empresas de Redes de Transporte o ERT) tendrán que contar con un permiso o habilitación municipal con una duración de un año, acompañado de declaraciones juradas, un estatuto, un CUIT y domicilio en la ciudad.
Otro de los puntos es la creación un fondo de movilidad en la órbita del Ejecutivo municipal para la administración de los ingresos provenientes del servicio. Las ERT serán responsables de ingresar por cuenta de la aplicación el pago de una tasa de fondo de movilidad. A su vez, deberán presentar anualmente una nómina de conductores registrados, proporcionar información que sea requerida por el Ejecutivo, no permitir que un mismo conductor trabaje durante más de ocho horas seguidas ni más de 12 horas en un mismo día y conservar por al menos un año el registro de todos los viajes realizados.
Tampoco podrán acceder al servicio aquellos usuarios que atenten contra el orden público o se presenten en estado de ebriedad. Los conductores tendrán la obligación de contar con seguro contra terceros que incluya a los pasajeros, de mantener el automóvil en buen estado y no podrán cargar combustible con los usuarios a bordo. Los autos deberán contar con aire acondicionado, cuatro puertas y baúl, airbag y una antigüedad de hasta 10 años.
“La idea no es generar competencia desleal, ni perjudicar a taxis y remis, sino modernizarnos como ciudad, generar empleo e inversiones, mejorar los servicios a través de la competencia en un marco de igualdad de oportunidades y exigencias, pero también tratado de manera metropolitana como dice el intendente y hasta provincial, como en Mendoza. Pongamos el ejemplo de que mañana La Calera decide implementar una aplicación local, ¿vas a poner a los inspectores a controlar en el peaje?”, agrega Negri.
El edil impulsa el proyecto desde hace varios años, ya en su rol de concejal por el oficialismo de Ramón Mestre, quien presentó un amparo contra Uber en su momento. “Acá hay 100 tipos que reúnen la mayor cantidad de chapas y quieren un status quo que no deja progresar al sistema. Pero el municipio tiene que hacerse cargo, porque es el propietario de las chapas”, remarca.
Distintos ediles de Hacemos Por Córdoba deslizaron a este medio que el objetivo de Martín Llaryora es “esperar”, buscando “el momento político adecuado” para evitar un conflicto con taxistas y remiseros. De hecho, durante su diálogo con los medios tras la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo, el intendente evitó dar definiciones al respecto, pasándoles la pelota a los concejales. “No tengo la certeza de que el oficialismo quiera avanzar porque nadie quiere asumir el costo. Cuando sucedió lo de Uber, fue por no tener regulación, se quiso meter por la ventana. Ese fue el problema, no puede pasar lo mismo que en Buenos Aires”, comentó Negri.
Asimismo, desde el oficialismo no es visto con malos ojos un marco legal que acerque más a las apps con taxistas y remiseros. “El sistema se cae a pedazos porque cada vez lo toman menos y los choferes, que son los que lo sostienen, ya no dan abasto”, agregó el concejal.
Ese acercamiento se torna complejo si se tienen en cuenta casos como el de Colombia, donde el litigio entre Uber y taxistas sigue en trámite en el Tribunal Superior de Bogotá. Allí, el servicio dejó de funcionar el 1 de febrero pasado luego de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que la acusó de “competencia desleal y operación irregular”. El 20 de febrero, gracias a un “modelo alternativo” y a nuevas normas y condiciones, volvió a activarse. La llegada de Uber a Bogotá se dio con antecedentes similares a los de Córdoba: un servicio de taxis muy criticado por los usuarios, con un sistema de chapas injusto, peones mal pagos, sobrepoblación de vehículos y poco control estatal.
El Concejo sesiona hoy
A última hora se suspendió la sesión ordinaria prevista para este jueves. El motivo, llegar con los tiempos para tratar la rescisión del contrato de Movypark y elaborar un proyecto de prevención de coronavirus, dengue y otras enfermedades en el recinto de Pasaje Comercio.
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