Violencia nocturna: nuevos desafíos para una sociedad que se desangra

El brutal asesinato de Fernando Báez Sosa reabre un debate que cruza transversalmente a la República Argentina. Un proyecto en la Legislatura cordobesa busca ampliar responsabilidades para bolicheros y formar al personal de seguridad.
Ver galería Ed 141 © Pito Campos_01
1 / 2 - Ilustración: Daniel "Pito" Campos

chapa_ed_impresa_01

Nocturnidad, violencia, machismo, clasismo, falta de controles, alcoholismo. El asesinato de Fernando Báez Sosa el pasado 18 de enero a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell parece estar marcando una nueva bisagra en las formas en que la sociedad argentina decide replantearse en sus prácticas y cuestionarse en su decisión de haber mirado al costado durante el tiempo en que las mismas se fueron engendrando en su seno.

Tal como sucedió con otros hechos similares en diferentes momentos de la historia, la bestial forma en que un grupo de jóvenes rugbiers mataron al joven de 18 años ante la pasiva mirada de otra decena de pibes y pibas presentes en el lugar trasciende las fronteras geográficas del sitio en el que se desarrollaron los infaustos acontecimientos. A lo largo y a lo ancho del país, miles de argentinos asisten a un debate nacional en torno a responsabilidades colectivas y culpas específicas. La pregunta vuelve a ser por dónde empezar a cambiar las cosas y cómo hacer para evitar que la impunidad, una vez más, gane la partida.

El martes 18 de febrero, cuando se cumple un mes del crimen de Fernando, una marcha que se prevé masiva se movilizará al Congreso de la Nación exigiendo justicia. A sabiendas del devenir de los acontecimientos en la historia argentina, no resulta difícil suponer que una catarata de medidas “preventivas” comenzarán a implementarse a lo largo del territorio nacional. Los primeros espasmos de gestión llegaron, naturalmente, desde Villa Gesell. Allí, el intendente Gustavo Barrera prohibió la venta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos y envió un proyecto para prohibir los boliches. Dos medidas, a todas luces descabelladas.

Fernando Baez Sosa Télam
Fernando Báez Sosa (Télam)

Soluciones en clave de política integral

En Córdoba, un proyecto ingresado a la Legislatura busca prevenir este tipo de situaciones a partir de una normativa que agrega algunos puntos específicos en el Código de Convivencia pero que se piensa aplicable en el marco de una política de seguridad, cuidado y formación mucho más profunda.

Su impulsora, Nadia Fernández, dijo a La Nueva Mañana que “la violencia nocturna es algo habitual que se viene naturalizando y que tenemos que trabajar enmarcados en los nuevos paradigmas en materia de seguridad que proponen un mayor acercamiento con la ciudadanía. Ya no podemos pensar que la solución va a venir de la mano de la vigilancia permanente, de la coacción y de la represión. La Policía de la Provincia de Córdoba está trabajando en ese tono y creo que es una buena posibilidad para avanzar en esa dirección”.

Según explica la legisladora, así como los bolicheros tienen derechos (el de admisión, por ejemplo) tienen también responsabilidades. Fernández entiende que uno de ellos debería ser el de “no expulsar la violencia hacia afuera y desentenderse”.

Nadia Fernández legisladora
 Legisladora Nadia Fernández, impulsora de normativas que agregan puntos específicos en el Código de Convivencia.

En esa dirección buscan avanzar las modificaciones que proponen que el personal de seguridad de los boliches aprehenda a los presuntos infractores, dé inmediata intervención a la Policía de la Provincia y los mantenga en el lugar hasta que llegue el personal policial, quien al arribar evaluará la situación, disponiendo el arresto, resguardo de las personas según las circunstancias del hecho.  

Las contravenciones que deberán ser atendidas por el personal de seguridad son las que estipula el actual código y alcanzan a quienes “molestaren a otra persona afectando su decoro personal mediante gestos, palabras o graficaciones en la vía pública, lugares de acceso público” (art. 51); “profirieren palabras o realizaren gestos o ademanes contrarios a la decencia pública” (art. 52); “realicen en forma deliberada roces, tocamientos o manoseos en evidente actitud libidinosa o de acoso, que pudiera afectar el honor o decoro de otra persona”.(art. 53); “los que pelearen o riñeran o incitaren a hacerlo en la vía o parajes públicos o en lugares expuestos al público, en forma peligrosa para su integridad o para terceros”.(art. 80) y “…los que profirieren gritos, ofensas, hicieren ruidos o utilizaren otros medios capaces -conforme a las circunstancias- de causar escándalos públicos o molestias a terceros” (art. 81).”

“Si tenemos una ley de seguridad privada podemos plantear la existencia de una forma de proceder ante estos casos. Si hay jóvenes peleando dentro de un boliche se debiera poder retener a esos chicos y darle aviso a la Policía para que evalúe la peligrosidad de la situación y tome las acciones correspondientes garantizando los derechos y garantías de los aprehendidos, de quienes fueron a divertirse y de los trabajadores del local nocturno. No es una locura pensarlo ya que hay otros ámbitos en los que esta forma de proceder es corriente, por ejemplo en las canchas de fútbol. Cuando hay una pelea en una cancha de fútbol o cualquier otro deporte, la Policía no echa el problema a las afueras del estadio para que los hinchas se maten otro lado”, asegura la legisladora de Hacemos por Córdoba.

Nuevos protocolos de acción

La propuesta que discutirán los parlamentarios también contempla una tarea que correrá por parte del Ministerio de Seguridad y consistirá en el diseño de un protocolo de actuación para atender cada caso en particular. En ese sentido, Fernández asegura que se está avanzando en ese trabajo para saber “qué hacer, en qué momento y cómo debe aprehenderse pero también para generar tranquilidad en todas aquellas organizaciones que representan a personas que han tenido conflictos con los alcances y responsabilidades que tiene el personal de estas empresas de seguridad”.

Allí también aparece nuevamente la ley de seguridad privada y el control sobre el accionar de los patovicas. “Nosotros vamos a exigir que se capaciten en la Ley Micaela y en la ley contra la discriminación, y en que el Estado insista siendo el que controle esas capacitaciones”, dijo Fernández que asegura que el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, ya indicó que el personal policial esté presente en las tareas de concientización y prevención. Un ejemplo de dicho compromiso puede encontrarse en el trabajo realizado en el operativo “Estamos con Vos” desplegado el pasado fin de semana a la salida de los boliches de Villa Carlos Paz y que tiene como objetivo prevenir la violencia nocturna en los espectáculos públicos.

justicia x fernando © NA

Machismo, violencia y “la cultura del no”

Como ya se dijo, la naturalización de los hechos de violencia extrema plantea la necesidad de modificaciones integrales, más allá de las medidas puntuales que se puedan tomar en cada ámbito. Para Fernández, hace falta romper con lo que ella llama “la cultura del no” y que enumera en aseveraciones como “no se puede resolver, no se puede trabajar, no se puede avanzar”.

“Por un lado está el fenómeno de la patota, a la que ahora le decimos manada, que es una práctica instalada para probar virilidad. Si no pegas, si no te peleas, si no te filmas pegando, vas a ser menos hombre, menos macho. Tenés que demostrar todo lo varón que sos para legitimarte en el grupo. Hay que terminar con eso de una vez por todas”, asegura la legisladora, que incluso se anima a ir más allá y poner en cuestión la formación en las instituciones deportivas.

“Hay toda una cultura de padres, madres, entrenadores y dirigentes deportivos encumbrados y de muy buen nombre que avalan este tipo de formación en la que el grupo termina empujando a sus integrantes a comportarse de una manera violenta. Sin embargo, nadie está poniendo en discusión esas prácticas que luego se trasladan a la escuela y los espacios públicos. Hay que abordar este problema de forma integral y desmontar el ideal de macho depredador que necesita tener una víctima para probar su existencia”, afirma.

En conjunto con las acciones del Estado, que deben tender a prevenir el delito y castigar las infracciones, el desafío de repensar lo que hacemos y lo que dejamos hacer como sociedad aparece en el horizonte como una nueva urgencia. La foto de la calle del próximo 18 de febrero pondrá certezas sobre esta apremiante necesidad. 

 

 

Edición Impresa

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más 
en la edición impresa de La Nueva Mañana
 
Todos los viernes en tu kiosco ]


Te puede interesar