Nadie puede ser indiferente ante un hecho que de no ser resuelto nos retrotrae a los crueles y salvajes años del terrorismo de Estado. Las declaraciones y las acciones de los responsables de la política de seguridad tienden a ocultar la verdad.
Opinión16/08/2017 Luis Rodeiro
Más allá del acto electoral que vivimos y que será seguramente tema de análisis en las ediciones posteriores, el país atraviesa por una grave situación política institucional que exige el reclamo y la movilización de todos los ciudadanos para evitar que el pasado trágico no nos alcance nuevamente. Santiago Maldonado, de 28 años, permanece desaparecido, desde hace más de 10 días, tras la represión de la Gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en Chubut, ordenada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich y ejecutada bajo el mando de Pablo Noceti.
La ciudadanía, las organizaciones sociales y políticas, los legisladores deben reclamar una acción urgente para conocer el paradero de Santiago. Nadie puede ser indiferente ante un hecho que de no ser resuelto nos retrotrae a los crueles y salvajes años del terrorismo de Estado, con el agravante que sucede bajo un gobierno elegido por el voto ciudadano.
El contexto no es, lamentablemente, propicio. Las declaraciones y las acciones de los responsables de la política de seguridad tienden a ocultar la verdad. El apoyo explícito a la actuación de Gendarmería, a pesar de los testimonios y pruebas que Santiago fue detenido por esa fuerza; la absurda teoría explicitada por la propia ministra, que estamos ante una “guerrilla mapuche”, que pretende crear un Estado propio y los antecedentes de represión a la protesta social son indicios que el estilo de represión, ajena a la forma democrática, forma parte de una política en pleno desarrollo.
Si a esto le sumamos la existencia de presos políticos cuyo símbolo es Milagro Salas; la cuantiosa inversión en la compra de equipos y material represivo; la crítica situación socio-económica y la deliberada complicidad de los medios hegemónicos, que minimizan u ocultan el hecho como lo hace Clarín que habla del Caso del Artesano, el cuadro general se hace más oscuro y exige el mayor de los compromisos. Ni el antes, ni el después del acto electoral puede servir de excusa para no hacer nada.
La represión a los trabajadores en conflicto en el contexto de una política antipopular guarda relación en el caso de Santiago Maldonado, con la lucha mapuche en defensa de su territorio, cuyo robo es empujado por intereses privados de personajes, empresas y grupos de poder, como el caso de la familia Benetton y otros amigos del Presidente a quienes se busca favorecer.
Estamos ante el grave delito de la desaparición forzada de personas. La Organización de Naciones Unidas la define claramente como el “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
La política represiva de la dictadura cívico militar eclesiástica que asoló el país tuvo como ejes principales los “campos de concentración” clandestinos y la figura del “desaparecido”, que supo definir el dictador Videla. Como recuerda el chileno López Merino, uno de los primeros antecedentes de la desaparición forzada de personas, es la práctica de aniquilación de internos de los campos de concentración, implantada por el régimen nazi a partir de 1941, con el decreto conocido como Noche y Niebla (Nacht und Nebel), que determina que el destino último de los internos es que desaparezcan “en la noche y en la niebla”. Este procedimiento marca el comienzo de la Solución Final.
Los argentinos conocemos esa política de exterminio: la participación del Estado en los secuestros, la tortura y los apremios de las víctimas, la sistemática negación de esa detención por los organismos competentes y, por último, la muerte y desaparición de los cuerpos, como añade López Merino, como una pieza clave en la conformación del crimen, lo que hace difícil su determinación, resolución y castigo, alcanzando grandes niveles de impunidad.
La lucha ejemplar e inclaudicable de Madres, de Abuelas, de Hijos, de las organizaciones de los derechos humanos y de la ciudadanía en general ha logrado memoria, verdad y justicia con los genocidas presos, aunque todavía nos faltan muchos para que la reparación sea completa. Hoy debemos parar la posibilidad de repetir semejante infamia. Santiago debe aparecer con vida, ya. No podemos permitir que haya nuevamente “los muertos sin tumbas / las tumbas sin nombre, / las mujeres y los hombres que el terror tragó, / los bebés que son o han sido botín de guerra” (Eduardo Galeano). Nunca Más.
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