En un comunicado, Inquilinos Córdoba expresó que las familias que deben renovar o buscar una nueva vivienda para alquilar, se encuentran con aumentos superiores al 60%.
Sin la renovación del DNU, a partir de este jueves los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago o enfrentar juicios de desalojo.
Desde la Asociación de Inquilinos consideraron que "la descompresión de esta situación debería ser gradual", porque si no paga el inquilino tendrá que hacerlo el garante.
En la oficialización, el Gobierno nacional indicó, también, que no podrá haber desalojos y se estableció la prórroga del plazo de vigencia para algunos contratos.
La medida, que vuelve a prorrogarse, alcanza a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados, aclaró la administración de Alberto Fernández.
El equipo encabezado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, discutirá además la prórroga de la prohibición de despidos y la extensión del congelamiento de alquileres.
Desde el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba pidieron "ser escuchados por el Gobierno nacional" ante un nuevo pedido de los inquilinos para que continúe el DNU.
"La situación se sigue agravando, sin que tengamos certezas acerca de una nueva prórroga o de políticas públicas", indicaron más de 20 asociaciones que piden al Gobierno evitar desalojos.
Una encuesta realizada a nivel nacional señala que unas 17.500 familias (cerca de 52.000 inquilinos) fueron desalojados de manera violenta durante el mes de septiembre.
El Gobierno nacional finalmente lanzó el DNU que extiende hasta el 31 de enero del 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios.
"Los dos decretos ya están escritos", adelantó la vicejefa de Gabinete. Afirman que la gente que alquila "no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia".
Las entidades sindicales sostienen que la morigeración de la alícuota dispuesta por el Tribunal, en favor de un jubilado, constituye un "mensaje claro" para el Ejecutivo.
La causa quedó a cargo de la ayudante fiscal María Emilia Rabaglio, quien imputó a la mujer por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa.
“La fiscalía debe avanzar sobre otras responsabilidades”, indicó el abogado de la familia y apuntó contra la dueña del Ford Ka en el que Barrelier trasladó el cuerpo de la adolescente.
Bajo la consigna "El Estado es responsable", una gran convocatoria en el 11° aniversario de Ni Una Menos, se hizo sentir con fuerza en las calles de Córdoba. Junto al reclamo por Agostina, también se exigió la aparición con vida de Delicia Mamani.