Una encuesta realizada a nivel nacional señala que unas 17.500 familias (cerca de 52.000 inquilinos) fueron desalojados de manera violenta durante el mes de septiembre.
País 15/10/2020
Según los datos relevados en la última encuesta de la Federación Nacional de Inquilinos (FNI), alrededor de un millón de hogares inquilinos (1.022.000) tienen dificultades para pagar el alquiler y proyecta que para el 1º de febrero, cuando finalice el decreto 766, tres millones de inquilinos estarían en situación de desalojo.
Los datos obtenidos muestran el impacto de la pandemia con datos relevados a nivel nacional, entre ellos, los de los inquilinos cordobeses.
Del universo que tiene dificultades para pagar el alquiler, el 44.5% tiene deuda de un mes, el 19% de dos meses, el 13,1% de tres meses, el 7,6% de cuatro meses, y el 15,8 de cinco meses o más. "El 34,5% de los inquilinos tienen ingresos menores con respecto al mes pasado y el 75% de los inquilinos tuvo que recurrir al endeudamiento para poder afrontar la situación económica", expresa el relevamiento.
"El 30,8% ajustó todos los gastos que pudo. El 19,5% manifiesta estar endeudado El 9,7% está vendiendo pertenencias para poder sobrevivir. A pesar de la obligatoriedad por decreto y resolución 4004 de AFIP el 45,4% sigue pagando en efectivo el alquiler", se precisó.
Las cifras de la encuesta efectuada en octubre, arrojan que el 48,6% de los ingresos totales del hogar se destinan sólo a pagar el alquiler. Y en este marco, unas 17.500 familias (52.000 inquilinos) fueron desalojados de manera violenta durante el mes de septiembre. "El 34,2% no pudo pagar las expensas. El 69.3% de los encuestados son mujeres. y alrededor de un millón de hogares inquilinos tienen dificultades para pagar el alquiler (1.022.000). Esto supone que el 1º de febrero, cuando finalice el decreto 766, tres millones de inquilinos estarían en situación de desalojo", concluye el estudio.
Consultado por La Nueva Mañana, Maximiliano Vittar, de la Asociación Inquilinos Córdoba, precisó: "Un poco en estos datos se basa el planteo de la necesidad de extender el decreto nacional que prohíbe los desalojos y la prórroga automática de los contratos con el congelamiento de los alquileres. Pero además, es importante que se conozca el nivel de endeudamiento que están teniendo los inquilinos y las inquilinas en Argentina. Es necesario darles una solución y que la misma no sean cuotas, porque difícilmente puedan afrontar el monto de alquiler y además. cuotas en enero".
"Al igual que sucedió con distintos sectores económicos, donde el Estado nacional brindó un apoyo, creemos que desde el Estado también tiene que haber un aporte y acompañamiento a las familias inquilinas que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones porque sus ingresos han mermado. En ese sentido, para Inquilinos Córdoba sigue siendo importante avanzar en dos cuestiones. Por un lado, en la creación de un defensor de los inquilinos o un espacio estatal que garantice la Ley de Alquiler y estos decretos, y que no dependa de la voluntad o la fuerza de negociación de una persona ante el locador. Y por el otro, plantearle al Estado nacional incorporar en la discusión del Presupuesto 2021, el programa de alquiler social que está incorporado en la Ley de alquileres. Que se le dote de recursos para solventar una situación social que a las vistas no va a mejorar ni a fin de año ni en el transcurso de los primeros meses de 2021".
Noticia relacionada:
El interventor designado es el consultor y ex empleado de Movistar, Juan Martín Ozores; y los interventores adjuntos son la abogada con 30 años de carrera en organismos estatales, Patricia Roldán; y el ex director del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.
La Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibirá a los dirigentes gremiales que representan a los trabajadores del transporte automotor de pasajeros y las cámaras empresarias para escuchar sus necesidades.
Javier Milei designó al polémico personaje representante de la Argentina ante los Organismos Internacionales en Suiza. En 2022, el ex canciller británico, Alan Duncan, declaró que cuando la firma de un acuerdo sobre Malvinas, el diplomático argentino "estaba borracho".
"Frente a la crueldad y la miseria planificada, vamos a defender a la Patria y la Democracia", indicó "La Confederación, junto a las dos CTA y los movimientos sociales, que acompañarán la convocatoria de los organismos de Derechos Humanos el Día de la Memoria.
El tres veces gobernador de Tucumán comenzará a ser juzgado a partir del próximo lunes por los hechos presuntamente ocurridos entre 2017 y 2019, en sus oficinas en Tucumán y en la Capital Federal.
El incremento dispuesto es para febrero y aplica a los trabajadores estatales nacionales. "El Gobierno nos empuja al conflicto, por lo que el gremio ratifica la jornada nacional de lucha, el paro de 24 horas y las movilizaciones de la próxima semana", dijeron desde ATE.
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
La actualización tarifaria elevará el costo para los tramos ubicados en La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
La decisión del gremio que nuclea a los choferes de colectivos interurbanos, se adoptó tras recibir de parte de la Fetap una propuesta salarial que podría destrabar la negociación paritaria, que ya arrastra 90 días. La debatirá un Plenario General de Delegados.
Este jueves la Confederación convocó formalmente a la movilización el miércoles próximo por el Día del Trabajador y la Trabajadora. La marcha será en la previa del segundo Paro General previsto para el 9 de mayo en rechazo a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional.
Se realizaron numerosos allanamientos ordenados por el fiscal Guillermo González. Entre los últimos tres detenidos, hay un inspector municipal con cargo jerárquico y dos empleados de la Sección Espectáculos Públicos. Están acusados de integrar la banda liderada por el ex comisario Gustavo Folli.
