Habiendo transcurrido más de 45 días del anuncio del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi de la decisión de no prorrogar el DNU de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, desde la agrupación Inquilinos Córdoba difundieron un comunicado en el que señalaron que las familias están "a la deriva y siendo víctimas de un mercado inmobiliario totalmente voraz y falto de control".
"Como lo anticipábamos previo al vencimiento del decreto, quienes no tenemos un techo propio nos enfrentamos a una realidad extrema. Por un lado, las familias que han podido cumplir durante la pandemia con sus obligaciones y por vencimiento de contrato deben renovar o buscar una nueva vivienda, se encuentran con aumentos superiores al 60% entre contratos", aseguraron.
"En peor situación se encuentran quienes por falta de ingresos o trabajo no pudieron cumplir, durante la pandemia, con el pago de los alquileres o aumentos pactados y se encuentran muy endeudadas y con inicio de desalojos", expresa el comunicado.
Según la agrupación, la finalización del DNU dejó desprotegidas a casi el 40% de las familias inquilinas en Córdoba, que apuntaron contra "la ausencia de un órgano de control por parte del Estado"
"Respecto de los desalojos, con los datos relevados por Inquilinos Córdoba, solamente en la ciudad de capital entre abril del 2020 y marzo del 2021, se iniciaron 426 causas por desalojos, es decir más de 1 familia a ser desalojada por día, a pesar de la prohibición de desalojar estipulada en el DNU 320/20. A esto debe sumarse las instancias extrajudiciales o informales de desalojos de las que toma conocimiento nuestra Asociación constantemente", precisaron.
En el comunicado, además cuestionaron el anuncio de un Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales publicado como Resolución 5/2021. "El protocolo no incluye a los contratos de locación que venían teniendo cumplimiento previamente a la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres (Ley 27551) el 1 de julio de 2020. Este dato no es menor ya que la gran mayoría de los y las inquilinas que han hecho uso del DNU de alquileres (DNU 320/20, sus prórrogas y modificatorias) tienen contratos celebrados con fecha anterior al 1 de julio de 2020", enfatizaron.
También indicaron que no se aplica en alquileres informales, que abarca "desde la ausencia de contratos, los subalquileres, las pensiones y hoteles familiares a los que acceden las personas y/o familiar de mayor grado de vulnerabilidad".
Por último,la Asociación Civil Inquilinos Córdoba señaló que no fue contactada por ningún estamento de los tres niveles del Estado (Nacional, Provincial ni Municipal) para articular acciones que "permitan poner en marcha el protocolo de alerta temprana como aportar soluciones a los y las inquilinas que se encuentran excluidos del protocolo".
"El Protocolo Nacional de alerta temprana de desalojos, sólo será eficaz en la medida en que los distintos niveles de gobierno trabajen coordinadamente y sumen a la mesa de trabajo a las organizaciones de la sociedad civil; mientras tanto sólo tenemos la letra muerta de una norma que no contempla ni abarca la realidad inquilina en Argentina en pandemia", concluyeron.
