AFIP decomisó en Córdoba mercadería por más de 22 millones de pesos
En Tancacha y Luca decomisaron 2.500 litros de aceite de soja, 60 toneladas de expeller de soja y 394 toneladas de cereales.
En Tancacha y Luca decomisaron 2.500 litros de aceite de soja, 60 toneladas de expeller de soja y 394 toneladas de cereales.
El organismo detectó irregularidades en dos establecimientos dedicados a cría y engorde de ganado vacuno y porcino en zonas de Monte Cristo y Matorrales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) trabaja en la puesta en marcha de un sistema satelital para detectar acciones de evasión.
A partir de la entrada en vigencia de la normativa, los bancos tendrán 60 días para cumplir con el requerimiento para las cuentas existentes y de 10 días para las nuevas cuentas.
Se ordenaron 36 allanamientos y más de 40 personas -entre ellos, contadores, escribanos, abogados y financistas-, están acusados de asociación ilícita, contrabando y lavado de activos.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro deberá convalidar el pedido del fiscal Enrique Senestrari. Se trata de una causa en la que habría, al menos, otra veintena de imputados.
Entre los 33 detenidos que hubo el lunes pasado en Córdoba y otras provincias, aparecen dos contadores muy reconocidos del este provincial.
Los acusados son empresarios rurales de Córdoba, que para la fiscalía habían montado una asociación ilícita fiscal, mediante la cual comercializaban cereales.
Desde el organismo denunciaron que "no se hizo ninguna auditoría" y que el Gobierno "mintió" sobre no despedir a trabajadores cuyas tareas son necesarias para garantizar el funcionamiento. Con estas medidas, que ahora afectan a la planta administrativa, "Conicet va camino al cierre", alertaron los trabajadores.
El abogado Gianfranco Davicini, que representa a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), precisó que las personas suspendidas percibirán un 75% de su salario y explicó que esta medida se enmarca en un plan de retiros y jubilaciones anticipadas.
El abogado Luis Alberto Díaz presentó ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023 para impedir su aplicación total o parcial.
Los denunciados "podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos".
Además le impusieron una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación especial de dos años y seis meses como así también una multa equivalente al 50% de la cantidad de dinero desviada.