Tras los planteos de la oposición, el jefe de Gabinete subrayó que "no está en estudio" la posibilidad de que los uniformados de las Fuerzas Federales puedan utilizar pistolas eléctricas.
Legisladores nacionales le solicitaron a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que informe sobre la derogación del uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad.
La muerte de un abogado durante su arresto por el uso prolongado de una pistola eléctrica taser conmociona al país y desató manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque.
La ex ministra de Seguridad había asegurado que en septiembre iban a estar en funcionamiento las pistolas compradas por licitación a una empresa de Estados Unidos.
La ex ministra de Seguridad criticó que la Policía no utilice más ese tipo de pistolas eléctricas: "En dos segundos bajaste al rugbier fortachón que se convierte en animal".
"La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial", explica la medida del ministerio de Seguridad.
Estarán destinadas a la Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura. El Gobierno pagó al proveedor más de $5 millones para la operación.
La iniciativa fue presentada por el Observatorio de Derechos Humanos de Buenos Aires. Solicitan además conocer la cantidad de Taser solicitada por el Gobierno.
Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. De esta manera se sumarán a la campaña punitivista de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
La ministra de Seguridad de la Nación los atacó por considerar que el uso de las Taser es un método de tortura y por repudiar el proyecto para bajar la imputabilidad.
El legislador radical, Javier Bee Sellares, le solicitó a la Provincia implementar la medida, en tono con las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno nacional.
Se trata de armas que inmovilizan de forma instantánea a quien recibe la descarga eléctrica. Serán utilizadas por fuerzas de seguridad en aeropuertos y trenes.
La Justicia Federal confirmó los procesamientos de tres docentes por delitos contra la administración pública y otra persona, ajena a la UNRC, por encubrimiento.
Lionel Scaloni le informó a Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Máximo Perrone y Emiliano Buendía que podrían ser llamados de urgencia y unirse a la delegación que disputará la Copa.
En el marco de dos investigaciones administrativas y judiciales, ordenó la reestructuración de la Subsecretaría de Tránsito y Movilidad de la Municipalidad.
La Municipalidad dispuso el cierre preventivo del lugar por irregularidades. El local estaría vinculado a la propietaria del Ford Ka que usó Barrelier para trasladar el cuerpo de Agostina.