El Gobierno se encuentra frente a una disyuntiva que tiene que resolver en términos políticos y económicos. Debe encarar un problema de demanda contradictoria, ya que la mayoría de la sociedad le pide a un gobierno que se autocalificaba como “gradualista” que “el ajuste sea aún más gradual de lo que está siendo”, reflexionó en los medios uno de los directores de la consultora Aresco. Por otro lado, “los principales actores económicos le dan el mensaje contrario al Gobierno, pidiendo que haya un ajuste fuerte”; la corrida cambiaria que se desató a fines de abril y generó una crisis de financiamiento da cuenta de ello. De acuerdo a la interpretación que la consultora hace de la realidad, Federico Aurelio afirma que las grandes mayorías consideran que habrá un ajuste mayor al que ellas necesitan, mientras que “los actores económicos avizoran que el ajuste será menor al necesario para acabar con el problema del déficit fiscal”. Frente a esta disyuntiva, algunos editorialistas consideran que Cambiemos abandonó ya la faceta “gradualista” y, en consecuencia, proseguirá sin miramientos aplicando las recetas que propone el bloque hegemónico de poder económico dominante que ven al déficit fiscal como principal problema y proponen políticas de shock para resolverlo.
Contrariamente al camino seguido por economías como Australia o Canadá, países que definieron un modelo de desarrollo y lo ejecutaron desde una planificación económica relativamente centralizada, el economista Marcos Buscaglia reafirma su fe en el mercado al sostener que debe ser el mercado libre el que oriente los factores de la economía. El columnista económico de La Nación dijo que el Gobierno dejará de aplicar políticas para contener la recesión y buscará reducir, “decididamente”, el déficit fiscal. “Parece que estas medidas están dedicadas al poder financiero, pero en realidad van dedicadas a la economía real”, porque si el déficit se reduce, “el tipo de cambio se estabiliza, las tasas bajan y para fin de año vas a tener una economía que entra a recuperar”, según el esquema de fantasía que propuso el analista económico en un programa del canal LN+.
La falta de una explicación racional que justifique el entusiasmo en los mercados nos permite desconfiar de estos panoramas auspiciosos. ¿Qué nos lleva a afirmar que el mercado reinvertirá productivamente la renta luego de que el Gobierno le otorgue todas las concesiones para que, precisamente, pueda potenciar su renta? ¿Cuáles son los costos sociales y económicos de la defección del Estado frente al mercado? ¿Acaso no son los mercados parte del problema y no la solución de las dificultades económicas de la Argentina? Estos son algunos de los interrogantes que pasan por alto los intelectuales orgánicos del neoliberalismo y todo Cambiemos.
La semana pasada, el Ministerio de Hacienda a cargo de Nicolás Dujovne envió al Congreso un anticipo del Presupuesto 2019. En el mismo afirman que el crecimiento económico para este año será de un punto, muy lejos de lo esperado por el mismo Gobierno (recordemos que preveían concluir el 2018 con un crecimiento de 3,5% del PBI). Esta readecuación de expectativas tampoco se condice con las proyecciones de muchas consultoras que anticipan una contracción económica este año. El crecimiento esperado de 1% del PBI está condicionado “a la evolución de las turbulencias financieras internacionales”, según la versión oficialista (y la ineficacia del modelo económico aplicado, podríamos agregar).
Para el próximo año desde Hacienda esperan un “crecimiento de alrededor de 2%”, de acuerdo al documento publicado. Motorizado principalmente por un aumento de las exportaciones de materias primas y la inversión del consumo privado en un punto. El crecimiento esperado de estas dos variables económicas se ve contrastado con un aumento de las importaciones y una contracción del consumo público de -3,7%, de acuerdo a lo que proyecta el gabinete económico. Con estas proyecciones es poco probable lograr una expansión de dos puntos del PBI el año próximo (luego de cerrar el 2018 con un crecimiento de 1%) ya que no prevén una expansión importante de un factor significativo que es el consumo. El consumo representa el 70% del PBI medido de acuerdo a la demanda global. Al parecer, tampoco buscan una solución para el déficit comercial, una de las causas (junto a la fuga de divisas) por las cuales hay faltante de dólares, la mejora que esperan en exportaciones sería insuficiente para equilibrar una balanza comercial que en el año 2017 superó los 8 mil millones de dólares, siendo el peor déficit de los últimos veinte años. Lejos de recomponerse la situación externa, el déficit acumulado en los primeros cinco meses de este año ya es de USD 4.690 millones.
Respecto al desequilibrio fiscal, Cambiemos pretende llegar a un déficit primario del orden de 1,3% del PBI para el próximo año, lo cual significa un ajuste de alrededor de dos puntos. Los mismos estarán motorizados principalmente por recortes a los subsidios en los servicios y en la obra pública. Tanto el Gobierno como sus intelectuales justifican el recorte en el sector construcción aduciendo que no se perderán puestos de trabajo ni las obras dejarán de hacerse porque aplicarán el sistema Participación Público-Privada (PPP). Modalidad regulada por la Ley 27.328, aprobada a fines del 2016. Esta nueva relación entre el Estado y las empresas constructoras implica que el privado sea quien diseñe, construya, mantenga en funcionamiento a una infraestructura y la explote en términos económicos, prestando, de este modo, un servicio al sector público. Al ser las obras financiadas por las empresas privadas (locales y extranjeras), el Estado no tiene que aumentar sus erogaciones para realizarlas.
El portal Chequeado.com afirma al respecto que un informe del Comité de Auditores de la Unión Europea reconoce que este mecanismo tuvo “deficiencias generalizadas y beneficios limitados”, luego de contemplar docenas de casos de PPP en España, Grecia, Francia e Irlanda. Otro informe de la Oficina Nacional Auditora del Reino Unido también hace un análisis negativo de la privatización de la obra pública. Los británicos llevan más de 25 años con esta modalidad, y la investigación revela que por “preocupaciones sobre la eficiencia de costos y una buena relación calidad-precio” es que los PPP han “disminuido significativamente”, según publica el portal citado.
Como si nada de esto hubiese ocurrido, desde Cambiemos apuestan fuerte a los PPP para reducir el déficit fiscal. Inclusive, con diferentes exenciones impositivas y beneficios particulares. Ya que, mediante diferentes decretos, las constructoras que participan en este tipo de proyectos quedarán exentas del IVA, del impuesto a las Ganancias y del impuesto a los beneficios eventuales. Mientras que uno de los artículos de la ley contempla la posibilidad de que, en caso de conflicto, la empresa extranjera puede elegir tribunales internacionales para dirimir el desacuerdo. En 2019 habrá inversiones a través del Sistema Público-Privado por más de 16 mil millones de pesos, según publica el informe de la cartera económica.
Desde la Secretaría de Participación Público- Privada (estamento coordinador) publican que hay en desarrollo 60 proyectos por USD 26 mil millones. Teniendo en cuenta que muchas obras quedarán en manos de constructoras extranjeras, es indudable que los giros de remesas que harán estas empresas sumarán un nuevo problema a la economía al calentar la demanda de dólares en un contexto signado por el problema estructural de la restricción externa.
De repetirse aquí el problema que señalan el Comité de Auditores de la Unión Europea y el organismo de control británico, el Estado podría ajustar el presupuesto de la obra pública, pero obtendríamos obras costosas para los usuarios y de calidad dudosa. También, dadas las exenciones impositivas, el Gobierno pierde la posibilidad de recaudar grandes sumas. Asimismo, por la presencia de multinacionales, lejos de resolver el problema estructural de la falta de dólares, se profundizaría.
Así, en un sector ya cuestionado por los sobreprecios, el pago de coimas por parte de los empresarios locales de la construcción y la evasión impositiva, se suma lo que parece ser un nuevo inconveniente producto de las libertades que tienen las multinacionales para girar las utilidades a sus casas matrices. Esta situación profundizaría las dificultades principales de la estructura económica Argentina, la restricción externa producto de la fuga de capitales del bloque hegemónico de poder económico dominante. Vale aclarar que no son pocos los empresarios de la construcción ligados a los paraísos fiscales de acuerdo a la información filtrada por los Panama Papers. Es el caso de: Manuel Santos Uribelarrea, dueño de la constructora UCSA, titular de la entidad Gliding S.A; los accionistas Gerardo y María Rosa Cartellone de Cartellone Construcciones Civiles S.A; Paolini Julio José de la constructora Paolini Hnos. S.A, titular de la entidad radicada en Uruguay Picard Global S.A; y la multinacional dirigida por el ítalo argentino Paolo Rocca también apareció en el listado de compañías eventualmente evasoras que filtró el bufete de abogados Mossack Fonseca radicado en Panamá, con la entidad Tenaris S.A, creada bajo jurisdicción panameña.
Respecto a la fuga de capitales, el periodista Santiago O´Donell, autor de ArgenPapers, entre otras investigaciones, afirma que la fuga y la evasión son de los principales problemas de la economía Argentina. En una entrevista a un medio virtual reflexionó que la evasión perjudica a la recaudación del Estado, “pero si lo mirás mejor hay mucho más que eso porque los flujos constantes de entrada y salida de plata tienen efectos en la macroeconomía, como lo estamos viendo en estas semanas”. La suba del dólar, la suba de los precios internos producto de la devaluación, obedecen a un problema de origen que es “la fuga de dinero”. Si asumimos que la fuga de capitales condiciona a la economía y la expone a la voluntad rentista de pequeños grupos que especulan con sacar dólares del mercado, cabe preguntarse ¿por qué la economía se encauzaría al adoptar un diseño económico en beneficio de esos grupos minoritarios y sin resolver las dificultades de fondo que reviste la estructura económica argentina? De otro modo: ¿puede la economía salir a flote sin un modelo de desarrollo y sin dar una respuesta clara a los principales problemas estructurales que la asfixian?
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