Gutiérrez: "Estamos todos bailando en la cubierta del Titanic"

El Gobierno reducirá el gasto en Epec en $200 millones anuales. Oficialismo y oposición votaron divididos la eliminación del 82% en jubilaciones, de los beneficios en la tarifa de los empleados  y los retiros voluntarios.
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1 / 8 - Carlos Gutierrez - Bloque Unión por Córdoba - Foto: Prensa Legislatura de Córdoba

Con el voto dividido del oficialismo y la oposición, reflejado en la votación nominal, Unión por Córdoba (UPC) sancionó las leyes por las cuáles el Gobierno reducirá $200 millones de pesos anuales del gasto total de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) modificando condiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo, disminuyendo los beneficios de la tarifa eléctrica de los empleados, eliminando los aportes del Estado a los fondos compensadores manejados por el Sindicato de Luz y Fuerza que garantizaban el pago del 82% de las jubilaciones de sus empleados y promoviendo un régimen de pasividad anticipada que alcanzaría, según cálculos del gobierno, a 800 empleados.

El legislador Carlos Gutiérrez, presidente del bloque de UPC, aseguró que "se trata de un Convenio Colectivo de Trabajo denunciado, no para quitar derechos sino para disminuir los privilegios, ni hablar del fondo compensador que garantiza lo que antes ya garantizaba con el fallo del TSJ, porque ya no es necesario para garantizar el 82 por ciento móvil"

Después de duras críticas a las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional, Gutiérrez fue tajante al referirse a la actitud tomada por la oposición respecto de estos proyectos que apuntan a sacarle presión a las boletas de los servicios públicos como producto del incremento tarifario al afirmar que "estamos todos bailando en la cubierta del Titanic. Lo que estamos intentando es contribuir a bajar los precios para aliviar el bolsillo de los cordobeses".

De esta forma Gutiérrez advirtió los problemas que se le presentará al gobierno de Maurcio Macri cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) revise el Consenso Fiscal firmado con los gobernadores de las provincias argentinas -salvo San Luis- para avanzar en la reducción del déficit fiscal y advierta que está denunciado en la justicia por uno de los socios políticos del presidente, el intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Mestre con la reserva de avanzar en la declaración de la inconstitucionalidad.

"Los únicos que tomamos decisiones para morigerar el impacto de la suba de tarifas somos nosotros, esperemos que el gobierno nacional haga lo suyo (...) lo cierto es que las medidas que hemos tomado son aquellas que van aliviar el aumento de tarifas que el gobierno nacional que ahora se mezcla con ese mountristo del Fondo Monetario Internacional y la crisis financiera, ni hablemos de la devaluación que recién comienza a manifestarse", aseguró.

Los legisladores oficialistas de extracción sindical, José Pihén e Ilda Bustos, votaron en contra de los dos proyectos mientras que, Ricardo Vissani y Maria Emilia Eslava optaron por la abstención en la votación. En el interbloque Cambiemos las posturas pasaron por el rechazo absoluto por parte del bloque del Frente Cívico, la abstención de los bloques Propuesta Republicana (PRO) y casi la totalidad de la Unión Cívica Radical que tuvo a los legisladores Miguel Nicolás y Hugo Capdevila como los dos únicos que rechazaron ambas iniciativas.

La votación se realizó de manera nominal donde el oficialismo obtuvo el número justo para sancionar las dos iniciativas. El primer proyecto que reduce las bonificaciones de los empleados en la tarifa de servicios públicos con 36 votos a favor, 19 negativos, 13 abstenciones y 2 ausentes. En el caso de la segunda iniciativa, la legisladora Graciela Brarda se abstuvo. Con los dos ausentes en el recinto UPC logró la sanción con 35 votos a favor, 19 negativos y 14 abstenciones.

De acuerdo a los números informados ayer por el Ministro de Agua, Ambiento y Energía, Fabián López durante la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Energía, la provincia producirá un ahorro de $120 millones anuales en concepto de la reducción de las bonificaciones en el pago de la tarifa eléctrica de los empleados; $69 millones por la eliminación de los aportes patronales y poco más de $30 millones de pesos en el caso que se alcance la estimación oficial de que 800 empleados accedan al régimen de pasividad anticipada.

El haber neto promedio de cada trabajador de Epec es en promedio de 69 mil pesos por mes. Dividido los 120 millones que integran los beneficios que reciben en el consumo eléctrico”significan $2500 por mes, $30 mil por año por empleado que la empresa les otorga en concepto de beneficios en el pago de las boletas de luz.

Los argumentos de los legisladores del arco opositor se basaron en el aspecto de inconstitucionalidad que tienen las dos leyes sancionadas en la medida que modifican el Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados de la EPEC, potestad de la legislación nacional y no provincial. También sobrevoló durante algunas de las exposiciones en el recinto la posibilidad de que el gobierno tenga la intención de privatizar la cuarta empresa estatal de energía del país, total o parcialmente.

Precisamente el primer proyecto establece que “quienes reciben en virtud de normas legales, reglamentarias, convencionales o de cualquier otro origen o naturaleza, beneficios y/o bonificaciones sobre el valor de las tarifas de servicios públicos domiciliarios de provisión de energía, agua y saneamiento, mantendrán los mismos hasta los límites de consumo fijados a los beneficiarios del programa "Tarifa Social Provincial" (Decreto 1357/2006 y sus modificatorios), .  A partir de esos niveles deberán abonar la tarifa regulada para la categoría de usuario que le de ciento cincuenta kilowats hora (150 kw/h) y veinticinco metros cúbicos (25ms3) respectivamente, de consumo por mes. El marco actual prevé un beneficio de 200 kw hora por mes y después los empleados abonan el 20% de los excedentes de ese tope.

La ley se aplicará en los servicios públicos domiciliarios de jurisdicción provincial, en relación al personal y funcionarios del sector público provincial, financiero y no financiero en los términos del artículo 5 y concordantes de la Ley N° 9086, como así también en relación a aquellas personas que se vinculen al mismo bajo la modalidad de contrato de obra, de servicio, pasantía, consultoría, beca, servicios a cargo de terceros (monotributistas) o cualquier otra vinculación jurídica remunerada o no remunerada con la que se la nomine. Quedan incluidos asimismo el personal y directivos de los prestadores de servicios públicos, sean estos públicos o privados.

En este contexto Gutiérrez le recordó a la Unión Cívica Radical que durante sus gestiones se sancionó la ley 8111 que eliminó los fondos compensadores de los trabajadores de los Bancos de Córdoba y el Banco Social que terminó desapareciendo

Respecto a esta disposición el legislador radical, Javier Bee Sellares señaló que se deja un precedente legal para que estos beneficios establecidos en el consumo de energía y los metros cúbicos de agua se extiendan a través de una resolución a los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El legislador Dardo Iturria de UPC sostuvo que los “beneficios de los empleados los terminamos pagando todos los cordobeses”. En promedio, el consumo total de los 4000 trabajadores van desde los 480 Kw hora mes con pico de consumo que llegan a 5000 Kw hora cuando el promedio de consumo de los usuarios residenciales en la provincia es de 182 Kw hora, esto representa 120 millones de pesos anuales que es el 1% del total facturado por la empresa.

Juan Pablo Quinteros, del bloque del Frente Cívico aseguró que los proyectos que modifican los Convenios Colectivos de Trabajo de la EPEC no son competencia de la legislatura, recordando dos leyes nacionales, la 14.250 y, la de contrato del trabajo y sancionadas en 1953 y 1954 durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

“Estos que se dicen peronistas desconocen leyes sancionadas bajo el gobierno de Perón, esta ley va camino a la inconstitucionalidad, ya ha sucedido anteriormente”, sentenció Quinteros quien además aseguró que con esto no van a solucionar a los usuarios el problema de las tarifas. En este sentido denunció que la ejecución de la Central de Pilar del Bicentenario fue “un negociado entre (José Manuel) De la Sota y (Julio) De Vido, lo denunciamos en la Justicia Federal, en los que la provincia pagó U$ 350 millones de dólares por las primeras 52 cuotas, hasta que llegó este gobierno nacional y mejoró las condiciones de la deuda”.

Además el parlamentario pidió por la eliminación de los cargos fijos de las obras concluidas de la planta de Arroyo Cabral, por el desarrollo del Noroeste y 14,49% por obras de infraestructura eléctrica que figuran en la boleta de luz.

“Sean sinceros, la realidad es que el problema de EPEC es que están choreando se la están llevando toda y ustedes no lo pueden controlar”, agregó para después exhibir boletas de energía de los directivos de Epec con consumos excesivos, “vergüenza les debería dar, no mientan más, ya está claro, primero era el gobierno nacional el responsable del incremento de las tarifas, no mientan más, son leyes que en dos o tres meses van a ser declaradas inconstitucionales por la justicia de Córdoba”.

Además el legislador juecista recordó que los directivos de EPEC cobraron la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) a pesar de no poder hacerlo de acuerdo a lo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo pero que si se equipararon a a través de la sanción de una ley, “no sean caraduras, digan la verdad cuando hablan de la BAE, le mienten a la gente porque los asfixia las tarifas, cínicos, hipócritas, digan la verdad”, aseguró.

A su turno, Javier Bee Sellares de la UCR afirmó que “el Convenio Colectivo de Trabajo no puede ser modificado por una ley” mientras que Franco Saillén del bloque Córdoba Podemos coincidió en señalar que “esta ley será planteada como inconstitucional” argumentando el rechazo del bloque Córdoba Podemos.

Eduardo Salas del Bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores denunció que la intención del gobierno es vaciar la empresa para privatizarla directa o indirectamente, están provocando un caos en la empresa para venderla barata, y en esto hay una coincidencia con el gobierno nacional que están trabajando para los grupos concentrados que manejan la energía, es un negociado en contra de los argentinos y los cordobeses, yo los denuncio, los del PJ y los de Cambiemos son cómplices, es un gran negociado”.

“Otorgan subsidios por la ley de promoción industrial a las grandes empresas que tienen la plata para pagar la luz por $600 millones”, explicó Salas.

Por su parte el legislador Miguel Nicolás, uno de los dos legisladores de la UCR que votó en contra, sostuvo que "mientras que todo se dispara, la deuda de la provincia sobre todo, le sacan beneficios a la clase trabajadores, argumentando que con esto bajará el costo en la boleta, tremenda mentira, haciéndole creer a los trabajadores que con esto se solucionan todos los problemas de la Epec. No comparto estos dos proyectos porque son antijurídicos".

El segundo proyecto plantea la eliminación de las contribuciones patronales con destino a cualquier fondo compensador o complementario de carácter previsional administrado por entidades gremiales, cooperativas y obras sociales, sea en el Sector Público Provincial en los términos del artículo 5° de la Ley N° 9086 o en el sector público financiero, como así también en todo organismo dependiente o controlado por el Estado Provincial que garantizan el pago del ochenta y dos por ciento móvil de los jubilados.

De esta forma, tanto los trabajadores de la Epec como del Banco de la Provincia de Córdoba percibirán el 73% del salario bruto de un activo como el resto de los beneficiarios del sistema previsional.

La base jurídica que utilizó el oficialismo el reciente pronunciamiento del. Tribunal Superior de Justicia en autos "Pipino, Beatriz Eleonora y otros C/ Provincia de Córdoba — Acción Declarativa de Inconstitucionalidad" (Auto 20/2018), el que no solo ha convalidado la constitucionalidad de la metodología de cálculo del haber previsional establecida por la Ley N° 10.333 que determina que el 82% móvil se calcula de la remuneración líquida y no bruta de un trabajador activo sino que ha  determinado que se respetan plenamente los estándares de protección fijados en los artículos 55 y 57 de la Constitución Provincial.

No está firme este fallo”, advirtió Juan Pablo Quinteros al fundamentar el rechazo de su bloque a los dos proyectos de ley. Por su parte Salas señaló que el fallo “es inconstitucional, aunque lo haya dictado el TSJ, porque el artículo 57 de la Constitución Nacional dice que las jubilaciones son irreductibles, o sea, que no se pueden reducir”.

El artículo segundo de la iniciativa señala además que tales fondos compensadores o complementarios podrán subsistir a través de los aportes personales de sus integrantes. El proyecto se limita a suprimir la contribución patronal con este destino pero nada obsta a su subsistencia a través del aporte personal de sus afiliados.

La legisladora de UPC, Sandra Trigo, sostuvo que “no existe ninguna razón para que las patronales sigan aportando a los fondos compensadores que ya ha perdido la razón que configuró su existencia, ninguno de los presupuestos fácticos que dieron origen a estos fondos subsisten en la actualidad”. La medida no sólo alcanzará a los fondos manejados por el sindicato de Luz y Fuerza sino que también afectará los aportes que realiza el Banco de la Provincia de Córdoba a la Bancaria.

Martín Fresneda, presidente de bloque de Córdoba Podemos, advirtió que "sostener un plan de retiros voluntarios también va a generar una retracción en la economía, se busca el ajuste fiscal, llama la atención que el pueblo argentino pueda creer que puedan bajar el déficit fiscal, no se baja así, están retrayendo el bolsillo de los argentinos para bajar la inflación".

"Estas leyes no son aisladas de la economía, sino lo hubieran planteado hace mucho tiempo, esto tiene que ver con las razones reales por las que se toman estas medidas, van a decantar en algo grave", finalizó Fresneda.

Finalizando las exposiciones de los legisladores opositores, el jefe de la bancada radical, Orlando Ardúh, pidió la renuncia de el presidente de EPEC y todos los funcionarios políticos al hacerlos responsables de los desmanejos que hoy tiene la Empresa Provincial de Energía.

"Unión por Córdoba está desesperado en buscar aliados en un repentino afán por bajar el déficit cuando han sido los responsables de tener la provincia con más pobres del territorio nacional. Quieren enfrentar a los cordobeses con los empleados de EPEC. En un marco de clara inconstitucionalidad y violentando leyes nos quieren arrastrar a esto, la culpa es de ustedes muchachos, es una falta de respeto parra todos los cordobeses, no conocemos los balances de la empresa, la deuda, o el estado del pomposo Plan Quinquenal. El déficit de la provincia no está en EPEC, está en la provincia", aseguró Ardúh.

Nuevo Marco Regulatorio de la Energía

El Ministro Fabián López anunció que en los próximos días enviará al Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba el nuevo marco regulatorio de la energía, al que contextualizó con las acciones puntuales en este sentido que el gobierno de la provincia viene llevando adelante y ratificó la intención del gobierno de Juan Schiaretti para que la empresa estatal de energía, sigan estando bajo la órbita pública.

Efecto Neutro en la Caja por el régimen de pasividad

Ayer, el presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Mariano Méndez, aseguró que en el caso que los trabajadores accedan al régimen de pasividad anticipada anunciado por el gobierno de la provincia de Córdoba, el efecto en el déficit sería neutro debido a que la empresa de energía pagaría hasta un 70% como máximo del salario de los empleados que se acojan a este régimen y el total de los aportes jubilatorios.

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