Legisladores de UxP y el FIT-U exigían el cese de la represión desatada contra una manifestación de jubilados. Dentro del recinto, Francos defendió el protocolo antipiquete y los millonarios gastos reservados a la SIDE, y adelantó que se podría modificar el decreto que limita el acceso a la información pública.
Política04/09/2024
Redacción La Nueva Mañana
Mientras en las calles aledañas al Congreso, la Policía Federal reprimía a jubilados, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) se retiró de la sesión informativa del jefe de Gabinete Guillermo Francos, en la que el funcionario libertario respondía consultas sobre su gestión. La legisladora Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, había denunciado que estaban "gaseando" a los manifestantes.
En ese marco, el libertario cordobés Gabriel Bornoroni tomó la palabra para agradecer la presencia de Francos y con la palabra del jefe de Gabinete, exhortando a cambiar la forma de este tipo de exposiciones de los funcionarios del Ejecutivo en el Congreso, se cerró la sesión.
Los incidentes tuvieron lugar cuando la sesión informativa de Francos estaba en cuarto intermedio y, al reanudarse la deliberación, los legisladores de UxP y la izquierda repudiaron el desproporcionado operativo policial que se gestaba puertas afuera.
La legisladora Vanina Biasi pidió la palabra a los gritos, y tras acceder el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, denunció que afuera estaban "gaseando" a los jubilados que se manifestaban contra el veto a la ley de actualización de haberes jubilatorias.
Por su parte, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, se quejó del accionar de las fuerzas de seguridad y, como le impidieron tratar el tema en la sesión, los legisladores de ese bloque se retiraron del recinto.
"No se puede seguir en sesión con el jefe de Gabinete mientras están reprimiendo jubilados y jubiladas frente al Congreso. Incomprensible que una manifestación tan pacífica termine con esta represión. Patricia Bullrich dinamitó la sesión en Diputados", dijo Martínez en referencia a la ministra de Seguridad.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su exposición del informe de gestión en la Cámara baja, argumentó que el presupuesto de 100 mil millones de pesos adicionales en gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que por decreto dispuso el Gobierno nacional es “una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”.
Además, arremetió contra el presupuesto que destinó la gestión anterior a organismos de inteligencia: “Mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo solo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad”.
Defendiendo el presupuesto asignado para la SIDE, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, explicó que la intención del Gobierno es "modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno", y agregó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656 que aumentó los fondos reservados para la SIDE busca que se discuta el presupuesto que requiere el nuevo organismo.
Francos defendió la decisión del Gobierno de Javier Milei de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que a su juicio estaba “totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica, profesional ni material para hacer frente a las tareas de suma importancia que debía desarrollar”.
“Durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias”, expuso el funcionario.
En su exposición, Francos destacó el presunto ordenamiento de la macroeconomía y denunció que al asumir, la gestión se encontró con "una bomba de tiempo" y un Estado "elefantiásico, ineficiente y corrupto".
Respecto al proyecto de ley de mejora de la movilidad jubilatoria, aprobado por ambas cámaras del Congreso; afirmó que "no constituye un acto maduro y responsable" porque presuntamente "se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria".
En ese marco, pese a los amplios cuestionamientos que tuvo la represión que ejerció una semana atrás la Policía Federal contra los jubilados que rechazaban el veto presidencial a la ley de movilidad, Francos destacó el orden establecido en las calles y se lo atribuyó al "nuevo protocolo antipiquetes".
Sobre la sanción de las ley de Bases y el Paquete Fiscal, en tanto, las consideró "un enorme hito en la gestión" y señaló que "no existe en el mundo un gobierno que haya logrado sacar adelante leyes que cambian al país de una manera tan profunda, y establecer los cimientos para el crecimiento y la estabilidad de los próximos años".
En su parecer, a partir de estas medidas fue posible "revertir la senda hiperinflacionaria" que encontró el Gobierno "al asumir", iniciando "un proceso de fuerte desaceleración".
En esa línea, Francos destacó que, según su interpretación y la del Gobierno, "por primera vez en mucho tiempo los salarios le ganaron a la inflación", detallando, sin considerar el impacto devaluatorio del gobierno de Milei, que "en los primeros seis meses de 2024, el aumento de salarios fue de 84.3%; 4.5 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue de 79.8%".
Sobre la obra pública, Francos dijo que se llevó "adelante una auditoría sobre las cerca de cuatro mil obras públicas realizadas por el Estado Nacional" y aseguró que "por décadas, las obras públicas fueron utilizadas para defraudar al Estado, perjudicando a los contribuyentes y beneficiando a ciertas empresas y algunos funcionarios públicos".
Atento a la transversalidad de las críticas que despertó la modificación por decreto del alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública, que alcanza incluso a sectores "dialoguistas" y cercanos al Gobierno, Francos anunció que se analizará si es necesario modificar el decreto reglamentario.
Al responder preguntas de los diputados Miguel Pichetto, de Encuentro Federal; Karina Banfi, de la UCR, y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, Francos dijo que el objetivo del Gobierno "no fue de ninguna manera limitar el acceso a la información pública".
El ministro coordinador adelantó que le transmitirá "lo planteado al Presidente, y veremos si tenemos necesidad, no sé si derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda".
En ese sentido anticipó que se "modificará el decreto si fuera necesario; haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo y que ustedes puedan entender desde el lado de la administración cuáles son las dificultades que vemos y que encontramos para acceder a todos los requerimientos, pero sabemos que es un principio constitucional que está en los tratados", añadió.
Fuente: NA
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