Entre otros temas, en diálogo con LNM el secretario general del gremio docente se refirió al Fonid y al “ítem profesionalidad docente” que introdujo el gobierno provincial. El inicio del ciclo lectivo está previsto para el próximo lunes.
Córdoba19/02/2024 Flavio Colazo
En el marco de un conflicto en dos frentes que tienen los docentes cordobeses, La Nueva Mañana conversó con el titular de la Uepc (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), Roberto Cristalli. Cabe recordar que el gremio rechazó la propuesta salarial que el gobierno provincial presentó en enero y, por otra parte, a esto se le sumó el conflicto por la eliminación del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) realizada por el gobierno de Javier Milei.
-¿Qué efecto produjo hacia adentro de Uepc la presentación de las siete prioridades educativas expuestas por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Educación de la provincia, Horacio Ferreyra?
-En primera instancia, y en atención a las políticas expresadas por el gobernador Llaryora en el momento de asumir, debemos reconocer que respecto a la educación hay una diferencia de mirada desde la Provincia respecto a la de Nación –que ve a la educación como gasto y no como una inversión, y que sostiene que el Estado no tiene por qué garantizar el derecho social de la educación-. Desde esa mirada la administración nacional pretende desentenderse de la responsabilidad de abastecer a la educación pública con recurso alguno para que todas las escuelas -de todo el país- tengan una mejor calidad educativa, permitiendo que todo el alumnado pueda acceder al mismo contenido en todo el país. En cambio, desde la provincia la posición que asume la nueva administración es que el Estado debe ser el garante del derecho a la educación.
- Particularmente en lo referido a la actualización curricular y formación docente, ¿cómo han tomado la posibilidad –resolución mediante- de la instalación del “ítem aula” bajo la denominación de “ítem profesionalidad docente”?
- La administración provincial –en torno a la educación pública y los docentes cordobeses- ha planteado reformas que tienen que ver con lo curricular, con la capacitación, con una mirada integral del sistema educativo, pero notamos que ha hecho una diferenciación con respecto al resto de los gremios estatales en relación al modo de aplicar los aumentos salariales y los ajustes. Nos ha hecho una reducción salarial mediante un aumento de los aportes para la Caja de Jubilaciones y el Apross, y además nos incorpora un ítem salarial –únicamente a nosotros- que puede tomarse como un aumento del salario, pero que luego observamos que a futuro, si determinadas condiciones no se cumplen –como no alcanzar los objetivos de capacitación que el Estado da, o por determinadas circunstancias de la situación de revista de cada docente por problemas de salud -o porque se requieren en otras actividades en otras instituciones- ese ítem se puede perder total o parcialmente. A este ítem no lo vemos con buenos ojos, porque además lo puso en un plano de aumento de pauta cuando en realidad ese ítem –de existir- debiera ser un estímulo extra que el gobierno –o el ministerio- pretende dar de forma diferenciada para los docentes.
- Milei ha expresado en relación al salario docente que este es un problema exclusivo de las provincias. ¿En qué medida afecta el cese de envíos de fondos nacionales? ¿Desde Uepc han decidido tomar algunas medidas en atención a esto?
-Este planteo del presidente Milei -de que la educación es plena responsabilidad de cada provincia- desconoce que la paritaria nacional es una ley al igual que el fondo de financiamiento educativo está por ley, que el fondo compensador esta por ley y que el Fonid está por ley. Y que ningún gobierno desde que comenzó el Fonid –allá por 1998- ningún gobierno lo ha dejado de pagar. Entonces, ya que el presidente dice reiteradamente que “dentro de la ley, todo; y fuera de la ley, nada” está incumpliendo la ley. Este incumplimiento significa una merma de salario en el orden del 10% para cada docente –y además no garantiza los aportes para aquellas provincias que no llegan al mínimo del salario garantizado de los docentes, y también deja de enviar recursos para infraestructura, capacitación, conectividad y comedores escolares-. Todo eso va ir en detrimento del funcionamiento de las instituciones. Como Uepc en este sentido estamos planteando acciones a nivel nacional que se van a determinar el trascurso de la semana, para ver si realmente está el sistema en orden como para empezar o si se toma una medida de fuerza de alcance nacional.
“El planteo de Milei desconoce que la paritaria nacional es una ley al igual que el fondo de financiamiento educativo está por ley, que el fondo compensador esta por ley y que el Fonid está por ley”.
- ¿Cuál es estado actual del vínculo entre Uepc y la administración provincial?
- Bueno, en lo concerniente a la situación de la paritaria provincial –y en vista que la actual desconoce lo acordado con la anterior administración- nosotros hemos planteado claramente la necesidad del cumplimiento de lo pactado. Para ello hemos llevado este planteo hasta el Ministerio de Trabajo y ante la Justicia –como corresponde- y le estamos exigiendo a la actual administración provincial que, además de cumplir con lo pactado, realice una propuesta salarial antes del martes 20 de febrero –antes de la asamblea provincial- para poder evaluar y poner a consideración de los mecanismos que tenemos como sindicato en toda la docencia, en todas las escuelas de toda la provincia, una propuesta que contenga 2023 y un nuevo acuerdo para este año en curso.
- ¿Se prevé un normal inicio de clases?
- En verdad, hoy no podemos decir que esté garantizado el inicio de las clases porque no está cerrado el acuerdo paritario provincial y además –en algo que es más complejo- está la suspensión por parte del gobierno nacional del envió de fondos del Fonid para las provincias. Esto último –evidentemente- está minando la posibilidad de un inicio normal de clases en todo el país –previsto en la mayoría de las provincias para el 26 de febrero- . Por lo tanto, hoy no se puede decir que esté garantizado el normal inicio del curso lectivo –más allá de la situación particular en nuestra provincia- en virtud de lo que acontece con los incumplimientos de la Nación.
- Desde Nación han anunciado un posible sistema de vouchers para el sector de la educación privada. ¿De qué modo consideran que puede impactar esto en el mundo de la educación pública?
- El tema de los vouchers para quienes asisten a los establecimientos educativos privados pone claramente sobre la mesa la visión discriminatoria y mercantilista del gobierno nacional sobre la educación, dejando de hacerse responsable de una educación pública y gratuita e igual para todos los alumnos del país. Nosotros no estamos de acuerdo y pensamos que la educación debe contener lo que dice la ley nacional de educación que se votó en 2007 por unanimidad por todos los diputados y senadores del país. La ley dice que hoy en Argentina, el Estado es el garante del derecho a la educación y que es obligatoria y gratuita en los niveles primario y secundario. Nosotros vamos a trabajar en pos de esa política pública porque garantiza a todas las familias –independientemente de su situación personal- de que sus hijos van a poder a concurrir a instituciones educativas públicas que les garanticen la calidad educativa en cualquier lugar de Argentina.
“La ley dice que hoy en Argentina, el Estado es el garante del derecho a la educación y que es obligatoria y gratuita en los niveles primario y secundario”.
- ¿Quisiera hacer algún señalamiento hacia la sociedad cordobesa en pos de aclarar alguna visión distorsionada que pueda tener la misma respecto al posicionamiento de los docentes provinciales y su compromiso con la comunidad?
- En ese sentido creo necesario expresar claramente que nosotros –los docentes- no queremos estar en conflicto. Lo que queremos es que estar en las escuelas, que se nos garanticen el respeto a los acuerdos firmados, que se nos garantice el salario, las condiciones de trabajo, estabilidad laboral -y capacitaciones y servicios-. Y desde esos parámetros y objetivos queremos dialogar y debatir y consensuar para llegar a acuerdos que nos permitan avanzar entendiendo el complejo momento que atraviesa hoy el país con un tremendo ajuste que nos está llegando a todos a través del gobierno nacional –y los provinciales, de los municipios, de los comercios y de las empresas- y que lo vivimos y padecemos cotidianamente todas las familias argentinas.
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