Por Miguel Rodríguez Villafañe (*)

Muchos nos quieren hacer creer que la libertad anhelada es aquella que se ejerce sin límites.

Ya en 1789, la Revolución Francesa levantaba el estandarte de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. Ese fue el momento en el que, se elevó el ideario de la “Libertad”, pero ella no era ilimitada. Dicha revolución dictó la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” en la que estableció, que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás…”, (art. 4).

Esta Declaración tiene un valor universal y constituyó la base de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” emitida por las Naciones Unidas en 1948. En nuestro país esta declaración tiene rango constitucional, (art. 75, inc. 22 de la Const. Nac.). 

Además, la Libertad debía estar acompañada por la “Igualdad”, que implicaba “igualdad de todas las personas, pero en iguales circunstancias”, de lo contrario, se entraría en un igualitarismo que no es equitativo. Si bien los todos los seres humanos somos iguales, si no se contemplan las circunstancias, se pueden dar situaciones que atentan contra el concepto de igualdad y rompen la “Equidad”, ya que no es lo mismo, por ejemplo, correr una carrera entre un hombre de 25 años contra un niño de 5 años.

Por último, la “Fraternidad”, es la base de la “solidaridad”, que nos lleva a ser respetuosos con las demás personas en la convivencia común en humanidad.

Más hay que referir que la historia no fue coherente con estos valores levantados en la Revolución Francesa, los que se deben conjugar en una articulación integrada y no por separado.  

La libertad sin igualdad es salvaje y la igualdad sin libertad es asfixiante; pero la libertad y la igualdad sin fraternidad, carecen de sentido en un mundo a compartir. 

En la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se incorporaron además otros pactos, tal es el caso de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos" que establece que: "Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática", (art.  32). Asimismo, se incorporó la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", que determina: "Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático", (art. XXIX). 

Abuso del derecho

En esos principios se funda también, lo que se denomina “abuso del derecho”, o sea que, aún los derechos que se poseen no pueden utilizarse abusivamente. Este principio se encuentra implícitamente contemplado en la Constitución Nacional, entre los derechos no enumerados que hacen a la defensa de la comunidad, (art. 33).

A su vez, en esa perspectiva, la Constitución de la Provincia de Córdoba, dispone que: "Los deberes de toda persona son: no abusar del derecho", (art. 38, inc. 11). Por su parte el nuevo Código Civil y Comercial Ley 26.994, dispone: “[...] La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres…”; (art. 10).

El accionar abusivo, en definitiva, es una conducta aparentemente legítima, pero sustancialmente ilícita.

Propuestas ilegales

Desde la perspectiva de lo analizado, es ilegal e inaceptable que un candidato a presidente como Javier Milei diga que si “una empresa que contamina el río, ¿dónde está el daño?”. Peor aún, puja por hacer desaparecer el Estado como ente equilibrador de la sociedad y sostiene que, “Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite”.

O sea, iguala la competencia en la venta de droga, la trata de personas o el contrabando con la oferta educativa o de salud, todo lo que es inaceptable. Y completa su idea dejando en el mercado la solución de los problemas así, se pronunció en favor de la venta de órganos sosteniendo que “es un negocio más”, no obstante, la prohibición de comercialización que establece la Ley 27.447 de Trasplante de órganos, tejidos y células.

Al respecto, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) sostuvo, acertadamente, que la posibilidad de la compraventa y de poner precio a un órgano o a una parte del cuerpo "transforma al ser humano de sujeto en objeto y vulnera los derechos humanos y la dignidad humana".

Aún más, Milei afirma que “es una aberración la llamada 'justicia social', ya que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, porque unos pagan por la situación de otros". Desde esa manera tramposa de presentar el tema, se olvida que la verdadera igualdad implica la igualdad de iguales en iguales circunstancias. La igualdad deseable, como dije antes, no es atendible sino se la evalúa desde la equidad esencial, evaluando la justicia de cada situación.

En este aspecto, Milei hecha toda la culpa al Estado, porque considera que los impuestos que cobra son, en sí mismos un “robo”. Y, afirma que la casta política produce desequilibrios que hace pagar a los que tienen dinero la poca fortuna de otros que son pobres. El economista hace aparecer que los que son pobres lo son porque son vagos y no quieren trabajar y los que tienen mucho dinero son esforzados trabajadores que lograron lo que tienen con el sudor de su frente y que no es justo que le quiten lo conseguido.

Milei maneja ejemplos tramposos para engañar en su propuesta, pero no dice nada de la “Casta Financiera”, también conocida como la “Patria Financiera”, que hace pagar costos enormes, con obligaciones usurarias, odiosas e ilegales cargadas sobre los hombros del pueblo, en especulaciones financieras transformadas en deudas públicas (externas e internas), que nada tienen que ver con esfuerzos desde el trabajo o la producción.  Esas propuestas de gobierno son ilegales porque van en contra de la Constitución Nacional, los tratados y las leyes que nos rigen. Con esa libertad no se avanza.

Desde los principios legales antes referidos se puede mejorar la dinámica estatal y el accionar de la política, pero sin el Estado y con lógicas mafiosas no hay futuro posible con dignidad.

(*) Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista cordobés y periodista de opinión