De acuerdo al cronograma de audiencias fijada por el tribunal, la sentencia por el crimen del joven a mano de policías tendrá lugar cerca del emblemático 24 de marzo.
Ed Impresa24/02/2023
Adrián Camerano
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Conmovida tras una de las audiencias claves del juicio por el crimen de su hijo, Soledad Laciar confiesa estar “con las expectativas colmadas”, pero igual avisa: “Mi lucha no termina acá, va a terminar cuando las cosas cambien. A mi hijo me lo mató el Estado, se van a tener que hacer cargo”.
La extensa jornada que dio inicio a los alegatos este miércoles 22 quedó atrás y resuenan aún en el recinto las palabras acusatorias del fiscal de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, Fernando López Villagra, quien explicó que “seis veces gatillaron, cinco dieron en el blanco. Dispararon con intención de matar y tuvieron la intención de matar a los otros cuatro chicos”.
El funcionario pidió la pena de prisión perpetua para los imputados policías Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), los dos agentes acusados de dispararle al Fiat Argo y matar por la espalda a Valentino Blas Correas en la avenida Vélez Sársfield de Córdoba.
Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, conoce bien el caso: hace un año encabezó junto a Laciar la señalización oficial del sitio donde se produjo la masacre. “Los casos de violencia institucional se dan cuando ocurren violaciones a los Derechos Humanos o delitos cometidos por personal de las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos” ilustra, y sostiene que “para nosotros en el caso de Blas esto estuvo muy claro desde el primer momento”.
“Es evidente, nosotros desde el principio sostenemos que no había ningún riesgo ni para los policías ni para terceros, por lo tanto no había ninguna necesidad de utilizar armas de fuego como efectivamente sucedió, poniendo en riesgo la vida de personas e incluso acabando con la vida de Blas”, señaló a La Nueva Mañana.
En la misma línea enmarcó la acusación el fiscal López Villagra. “No tenemos ninguna duda de que esto se debe encuadrar en un contexto de violencia institucional”, señaló el funcionario antes de dar paso a su colega Marcelo Hidalgo, quien comenzó a alegar el miércoles pero por lo extenso de la jornada proseguirá su acusación este viernes 23.
El proceso oral y público que aborda uno de los casos que más conmovió a Córdoba en el último tiempo comenzó el 7 de septiembre y se desarrolló sin sobresaltos hasta el inicio del receso de verano. Tuvo algunos testimonios polémicos y relevantes, como el del ex comisario Gastón Cumplido, quien acusó al ex ministro Alfonso Mosquera y dijo que el caso refleja el accionar de “manzanas podridas” dentro de la fuerza.
“No existe la violencia institucional en la Policía de Córdoba”, espetó sin ponerse colorado ante la mirada de los padres de Blas y los jóvenes sobrevivientes de aquella balacera nocturna de la noche del 6 de agosto de 2020.
En la misma línea fue la declaración testimonial de la actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, quien dijo sentir “vergüenza” por el accionar de los efectivos y que “nada estuvo bien de lo que hizo la Policía”, aunque en tanto responsable de la formación policial en el momento de la masacre intentó despegarse, al señalar que “lo que hicieron no tiene nada que ver con la formación que reciben”.
Apenas culminado el receso veraniego, la ausencia masiva de jurados populares hizo peligrar las audiencias. Aumento de viáticos mediante, la situación se normalizó, hubo un acuerdo para abreviar la extensión del proceso y pudo iniciarse el tramo final del proceso, que comenzó con los alegatos. Protagonizada por el fiscal Marcelo Hidalgo, en la audiencia de este viernes el foco estará nuevamente puesto en la violencia institucional.
A metros de Hidalgo mirará atento Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación; la dependencia es observadora del proceso y pudo ingresar al expediente mediante la figura de amicus curiae. Por el contrario, no se observan en las audiencias presencia de funcionario provincial alguno, pese a que la propia familia de Blas cursó invitaciones personales a las más altas esferas.
“Los alegatos empezaron bien, hubo una situación triste y que me hizo entender que el sistema carcelario no funciona, porque Gómez dijo que había hecho terapia estos dos años, y que la única conclusión que sacó fue que esa noche no estaba para estar en la calle. En ningún momento tuvo algo de empatía o arrepentimiento”, evaluó Laciar.
La mamá de Blas dijo a La Nueva Mañana que “para mí está todo más que claro desde el primer día que el sistema se complotó para que Blas esa noche se encuentre con todos los malos, y así fue”. Y señaló: “Sigo esperando al responsable político de todo esto; si bien aceptaron que hay violencia institucional, siempre rondamos alrededor de la Policía y no en quien tomaba decisiones y decidía la seguridad en Córdoba. La lucha seguirá”.
De acuerdo al cronograma previsto, tras la querellas, el 3, 8, 10, 15 y 17 de marzo será el turno de los abogados defensores, y habría veredicto en una fecha cercana al 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Justicia por Blas es un nuevo Nunca Más.
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