El gobernador le puso números a su despedida de El Panal. Un Presupuesto 2023 que prevé mucho corte de cinta y subas de hasta el 64% en impuestos patrimoniales.
Ed Impresa 11/11/2022 Nicolás Fassi
Especial para La Nueva Mañana
Con un fuerte eje en la obra pública, el gobernador Juan Schiaretti presentó esta semana el proyecto del que será el último Presupuesto al frente de la primera magistratura provincial. En las puertas de un año electoral, en el que Hacemos por Córdoba se juega la continuidad del proyecto cordobesista nacido a finales de los 90, Schiaretti también manda un mensaje político de respaldo a la candidatura de Martín Llaryora para 2023. El reverso de esa moneda es la suba de hasta el 64% de las cargas patrimoniales y la apuesta a que la Anses se haga cargo de la totalidad del déficit de la Caja de Jubilaciones.
En una rápida lectura de los primeros números del texto, que prevé un plan de obras por 269.748 millones de pesos, permite inferir que se esperan ver repetidos “cortes de cinta” de parte del mandatario provincial junto a quien aspira a sucederlo, el intendente capitalino.
Esto será particularmente fuerte el primer semestre del año, siendo que se espera que los comicios se desarrollen entre abril y mayo de 2023.
No obstante, también habrá cuerda hasta diciembre, con la intención de que, obras mediante, Schiaretti pueda reforzar su imagen. Un rápido antecedente lleva al último tramo de su primera gestión, entre 2007 y 2011, cuando se inauguró el Centro Cívico del Bicentenario. De hecho, recién en noviembre de ese año logró ponerse en marcha la actividad del rebautizado “Panal”, apenas un mes antes de que se efectivice el traspaso a José Manuel de la Sota. En ese marco, no son pocos los que señalan que el proyecto estuvo plagado de inconvenientes, que llevaron a la reducción de la traza original, en virtud del “apuro” de Schiaretti de despedirse con la obra terminada.
El ministro Osvaldo Giordano remarcó en la picante presentación, que incluyó un cruce entre el legislador Marcelo Cossar y la oficialista Nadia Fernández, que “la mayoría de las partidas se mueven en el orden del 60%, que es la inflación presupuestada por el Gobierno nacional”.
Amparado en esas cifras, se prevén incrementos del 44% en el Inmobiliario Urbano y del 59% en el Rural, aunque sobre la valuación fiscal del 2020. No obstante, estas subas son “en promedio”, con topes del orden del 48% para el Urbano y del 64% en torno al Rural.
Por otro lado, si bien se mantienen las políticas de reducción de impuestos y premios a los contribuyentes cumplidores, el ingreso fuerte serán los Sellos e Ingresos Brutos, dos cargas consideradas “negativas” por el propio ministro, que sin embargo se mantienen en el Presupuesto.
En cuanto a los topes estipulados para la exención de las empresas industriales, el monto se duplica respecto de 2022: pasa de 200 a 400 millones de pesos. En Automotores, en tanto, la suba promedio será del 49%.
Respecto de los “Servicios Sociales”, el rubro se lleva el 44% del total. De esa cifra, el 13,8% estará destinada a la “Promoción y asistencia social”. Además, en “Educación y Cultura” habrá una participación del 65,5%, mientras “Salud” explica un 17,6% del gasto y la función “Promoción y Asistencia Social” participa en un 13,8% del gasto. Respecto de la deuda, el ministro de Finanzas se mostró tranquilo, al señalar que no representa “una preocupación” en términos financieros.
Sin embargo, con la Unicameral abocada a la situación de Oscar González, se espera que en los próximos días se conozcan mayores precisiones, como por ejemplo la segmentación de las subas impositivas y la pauta salarial para la planta de empleados públicos. Sobre este particular, el power point utilizado por Giordano en la presentación da cuenta de que Córdoba tiene 51 trabajadores estatales por cada 100 habitantes, 17 por debajo del promedio nacional.
Tras los inéditos movimientos sucedidos en el mes de septiembre, cuando debió practicar cirugía mayor en su Gabinete, el epílogo del año muestra otra vez serios nubarrones que complican los planes de gestión del gobernador. En ese marco, tras el escándalo desatado por el siniestro vial en Traslasierra y el uso de autos judicializados, la temporal salida de Oscar González de la presidencia de la Unicameral está lejos de descomprimir la situación. El cambio de tres ministros fue leído para los propios como una demostración de fuerza. “El Gringo sigue detentando la lapicera”, indicaron en aquel momento.
Con Llaryora lanzado y Juntos por el Cambio sin resolver la cuestión interna, el affaire González pegó de lleno en el cordobesismo. Salvo las excepciones, como los bloques de izquierda y de Encuentro Vecinal, que pidieron la renuncia del ex ministro, en la Unicameral hubo titubeos respecto de la actitud de González y los autos judicializados. Con el escándalo totalmente fuera de control, el oficialista Leonardo Limia sostuvo que “no nos podemos hacer los boludos” con el tema. En definitiva, los nueve autos de alta gama serán devueltos. Al menos eso debería ocurrir. Queda saber si el ataque de ética de algunos dirigentes alcanzará para destapar otros privilegios de la política que alimentan la antipolítica.
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