El Gobierno provincial, ante varios frentes simultáneos de conflicto

Ed Impresa 02/09/2022 Por Nicolás Fassi
Crisis en seguridad, salud y educación ponen en jaque la “tranquilidad” que atravesaba la administración provincial y prueban la capacidad resolutiva del “modelo cordobés”.
Schiaretti - Alfonso Mosquera
El ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, en el ojo de la tormenta por la ola de inseguridad que vive Córdoba

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Especial para La Nueva Mañana

A menos de dos semanas para el primer test electoral “nacionalizado”, como lo serán los comicios para intendente Marcos Juárez, y mientras la oposición local está lejos de ser el páramo que a finales de 2021 anunciaba la victoria de Luis Juez y Rodrigo de Loredo en las legislativas, el cordobesismo continúa preso de sus fisuras. En estos meses, el antídoto para contener y galvanizar el modelo fue en la mayoría de los casos el acostumbrado: esperar que la espuma baje y como manda la máxima peronista desensillar hasta que aclare. Sin embargo, con el horizonte de 2023 cada vez más cercano, se impone una actuación rápida y certera para desactivar los conflictos, y no caer innecesariamente en fuego amigo.

La inseguridad, en el centro de la tormenta

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Mientras se escriben estas líneas, todavía se siente a lo lejos el oleaje de los primeros días de la semana, con la irrupción, llamativa, de casi un centenar de denuncias de los conocidos “robos piraña” o “robos en conjunto” en la zona de Nueva Córdoba.

Tras conocerse un caso que involucró a siete menores de edad y dos mayores, el modelo cordobesista volvió a ocupar espacio en el prime time informativo a partir del temor, muchas veces legítimo, de quienes veían las imágenes en “loop” en redes, grupos de WhatsApp y canales de televisión. Luego vino la viralización de supuestos grupos de estudiantes que, emulando la Liga Patriótica de Manuel Carlés, supuestamente se convocaban en cercanías del Parque Sarmiento para ejercer una suerte de autodefensa. 

La respuesta llegó el mismo martes de la mano de la jefa de Policía Liliana Zárate Beletti. “El lunes por la noche recibimos 52 llamados al 911 que relataban situaciones que no eran ciertas”, señaló la uniformada, quien apuntó a la irresponsabilidad en la difusión de estos mensajes. “No desconocemos la realidad, pero esta situación busca generar en la gente una sensación que no estaba sucediendo”, explicó Zárate Belletti.

En este caso, a diferencia de otras situaciones en las que el accionar policial estuvo bajo la lupa, la intervención de las autoridades ante los medios de comunicación fue generosa, con atención y espacio para responder preguntas y repreguntas. No siempre es así. En rigor de verdad, casi nunca lo es. De hecho, la seguridad es el principal frente de críticas que acumula, por derecha y por izquierda, la gestión de Schiaretti.

Mosquera: No voy a otorgar mi renuncia; tengo una misión

El asesinato de Blas Correas, cuyo juicio empezará la semana próxima, ofició de parte aguas parcial para la gestión en materia de seguridad. Al menos eso significó la llegada de Zárate Beletti y la conformación de un nuevo órgano para reemplazar al cuestionadísimo Tribunal de Conducta Policial. 

No obstante, el listado de víctimas fatales producto de la violencia policial continuó incrementándose: Joaquín Paredes, José “Beco” Ávila y Jonathan Romo. A ello hay que sumarle las deficiencias en la investigación y la supuesta vinculación de efectivos policiales en el femicidio de Cecilia Basaldúa, que llevaron a Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a alertar por la “escalada de brutalidad policial” imperante en la provincia. Impertérrito a las críticas y con un respaldo político envidiable, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, contestó de manera tajante y hasta mesiánica: “Quien reclama mi renuncia puede desgañitarse pidiéndola que no la voy a otorgar, porque tengo una misión”, aseguró tras conocerse el pedido realizado por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR).

Barrios humildes, los más castigados y con menos presencia policial

De manera paralela, vecinos y vecinas de los barrios protagonizan constantes reclamos por mayor presencia policial y mayor seguridad, particularmente en la periferia, donde el fenómeno encuentra su modalidad más acabada: personas de escasos recursos que reciben poca atención policial.

Este último punto es abordado por Susana Morales, investigadora de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), para quien es necesario pensar el fenómeno desde la óptica de la política en seguridad. 

“Hay distintos tipos de situaciones que derivan en una multiplicidad de violencias en otros barrios. En estos días estamos todos atentos y hablando de lo sucedido en Nueva Córdoba, que se visibilizó a través de las nuevas tecnologías, pero no es novedoso. El diferencial se da por el lugar en que ocurre”, sostiene en diálogo con La Nueva MañanA. “También hay que pensar en que son los barrios más humildes los que viven mayores situaciones vinculadas a delitos y que son los menos atendidos por las fuerzas de seguridad”, asegura la especialista, quien redobla la invitación para analizar el tema no sólo en cuanto la cuestión de la formación de las fuerzas de seguridad sino también en materia de política de seguridad.

“La formación aparece muy vinculada a distintas decisiones en el uso de la fuerza”

“Uno puede pensar la problemática del delito no solamente como una cuestión vinculada a la formación y las intervenciones policiales. “Hay que pensarlo en un contexto general que trate de abordar las distintas conflictividades que expresan distintos tipos de delito”, señala Morales, quien atiende a la diversidad y dinámica de los “nuevos” delitos. “En ese marco, cuál es la posibilidad que tiene la fuerza policial para intervenir, cuáles son las decisiones que se toman para abordar los conflictos, que son diversos con su complejidad”, asegura la especialista, quien remarcó que al igual que las políticas a ejecutar, “la cuestión de la formación aparece muy vinculada a distintas decisiones en el uso de la fuerza”.

Cirugía mayor en Salud 

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Diego Cardozo dejó la cartera de Salud debido al escándalo por las muertes de bebés en el Neonatal.

El escándalo desatado en el Hospital Neonatal empujó al gobernador Juan Schiaretti a un terreno inédito como lo fue el desplazamiento, liso y llano, del ministro de Salud Diego Cardozo. Conocedores de los corrillos del Panal, leyeron la dimisión del hombre fuerte en Salud como una jugada táctica tendiente a cerrar filas y no ofrecer (más) flancos a la ensimismada oposición. 

Cardozo, sobre quien podría llegar a pesar una imputación en la causa que instruye el fiscal Raúl Garzón, llegó a ser uno de los principales protagonistas del elenco sanitario durante la parte más dura de la pandemia, siendo su gestión destacada incluso por la ministra de Salud Carla Vizzotti. 

Rápido de reflejos, Schiaretti nombró a Gabriela Barbás en su lugar. La ex secretaria de Prevención y Promoción de la Salud fungió vocera de las acciones de la cartera en los álgidos meses pandémicos. Al igual que Alberto Fernández, quien nombró a Vizzotti en lugar de Ginés González García, el Gobernador nombró a una mujer tras un escándalo casi terminal.

Otro dato no menor relacionado a la política de género dentro del gabinete es que otra vez una mujer rompe el techo de cristal en una situación de emergencia y en un puesto feminizado, como semanas atrás se analizaba en estas páginas. Atrás, pero presente, quedó el escándalo del falso médico del COE, Ignacio Martín, quien se paseaba por distintas dependencias provinciales diagnosticando y atendiendo pacientes. Otro escándalo que se cortó por lo más delgado: la responsabilidad individual y no la política.

El conflicto con los docentes, un frente que no se esperaba en el Panal

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Los docentes marcharon masivamente el miércoles pasado en rechazo a la oferta salarial propuesta por la Provincia. (CM)

El último frente lo constituye la paritaria docente. De manera inesperada, para los parámetros que se venían manejando en cuanto a las negociaciones, Schiaretti no logró cerrar completamente el capítulo con la administración pública. 

A un rápido entendimiento con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), cuyo líder José Pihen amenaza con dividir la representación local de la CGT, parecía que le iba a seguir el acuerdo con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc). Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto debido al rechazo de las bases ante el ofrecimiento salarial del gobierno. La respuesta se vio reflejada en las calles y en las escuelas, con un elevado nivel de adhesión a la medida de fuerza del miércoles pasado, donde personal docente –como hacía mucho que no se veía- marchó masivamente por las calles céntricas de la ciudad y se apostó frente al Centro Cívico reclamando una mejor propuesta salarial del parte de la Provincia.

“La pelota la tienen ellos. El WhatsApp tiene que venir desde el Panal”, explicaron fuentes gremialistas, que no descartan más medidas de fuerza mientras se acerca el Día del Maestro, que en un guiño del destino, cae un 11 de septiembre.


“La ventana rota”

A principios de siglo, la doctrina de la Tolerancia 0 llegó a nuestro país de la mano del Manhattan Institute, un think tank de la derecha encabezado por Rudy Guiliani, alcalde de Nueva York. Entre sus manos ejecutoras estaban William Bratton, comisionado de Policía, y Carlos Medina, asesor para América Latina. En una entrevista brindada a Radio Universidad en 2004, Medina dio a conocer, sin tapujos, una de las directrices madre de la llamada “teoría de la ventana rota”, que postula que una persona que rompe una ventana exhibe indicios de posibles comportamientos que, si no son tratados a tiempo, derivarán en un disruptor del orden; es decir, un delincuente. En palabras del propio Medina: “Los chicos limpiavidrios y las prostitutas forman parte del terrorismo urbano que debilita el Estado de Derecho”. Es por ello que una de las tareas de la policía es ser inflexibles con esos primeros delitos, por más menores que estos sean. 

 

 

La Nueva Mañana - Edición Impresa 274

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