La distribución de los subsidios al transporte y la falta del gasoil volvieron a poner los reclamos históricos del cordobesismo al tope de la agenda política nacional.
Ed Impresa 17/06/2022
César Martín Pucheta
Hace meses, decidido a encarar el último tramo de su gestión proyectando su imagen a nivel nacional, Juan Schiaretti movió una ficha que ninguno de sus antecesores se había animado a jugar y busco dar vuelta un concepto con el que históricamente se cuestionó la convivencia de los poderes concentrados de la Provincia de Córdoba. En nombre de la unidad, llamó a construir el “partido cordobés”, ese conjunto de actores e instituciones que sostienen la idiosincrasia política provincial, y que también sirven para proyectarla al mundo. Esos movimientos que históricamente parecieron explicarse a partir de pactos (implícitos y explícitos) netamente locales, desde hace un tiempo trascienden fronteras y, acuerdos más, acuerdos menos, se ponen de manifiesto en los escenarios de debate a nivel país.
Parece que en las últimas semanas, los peronistas cordobeses que representan al oficialismo provincial en el Congreso de la Nación están viviendo una etapa de protagonismo inédito para un espacio que tan sólo tiene tres representantes en la Cámara Baja y una en el Senado. A la par de la media sanción a la ley que busca establecer la boleta única como herramienta de votación para las elecciones nacionales y que toma a la experiencia cordobesa como ejemplo a imitar, se fueron sucediendo hechos que a lo largo de todo el país ubicaron a los legisladores y legisladoras nacionales en un lugar expectante para poder avanzar con algunos de los proyectos que siempre defendieron desde tierras mediterráneas. Uno de ellos, la redistribución de los subisidios al transporte; el otro, la suba en el porcentaje del corte del gasoil con biodiesel.
La pelea por una mejora en los subsidios al transporte es una de las peleas más importantes que el schiarettismo busca dar a nivel nacional desde hace ya tiempo, sobre todo desde la llegada de Martín Llaryora a la Municipalidad capitalina. Saben los peronistas que la proyección del intendente depende de la gestión y que la problemática del transporte público es una de las que se arrastran de administración en administración sin que nadie le pueda poner el cascabel al gato. Fue el propio hombre al mando del Palacio 6 de Julio el que llegó a proponer una marcha federal hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exponer el problema y avanzó con reuniones en la que reunió a los mandatarios de las ciudades más importantes del interior del país para sumar al reclamo de una mejor distribución de subsidios a nivel nacional. De hecho, el último aumento del costo del boleto unificó anuncio y costos con Rosario y Santa Fe, en una estrategia para reforzar el reclamo por un reparto más equitativo. En esas tres ciudades la tarifa básica pasó a ser $69,50. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo servicio tiene un valor variable entre los $18 y los $21.
Giuliano: En cuanto al transporte, el foco del problema estuvo en el Consenso Fiscal que impulsó el macrismo, y firmaron los gobernadores en el año 2018.
Esta semana, la discusión que tiene una decena de proyectos presentados en el Congreso, y que ya tuvo una misiva pública firmada por 16 gobernadores alineados con el Frente de Todos pidiendo una rápida solución al problema, amagó con tocar su punto más álgido. El ministro de Transporte, Alexis Guerrera estaba convocado para dar explicaciones al respecto en la Cámara Baja, pero no fue. Obviamente, argumentó compromisos de gestión. A la Comisión de Transporte, de la que participó el secretario de Transporte provincial, Franco Mogetta, tres funcionarios fueron en representación de la cartera nacional. Uno de ellos fue el secretario de Gestión de Transporte, Diego Giuliano, que se encargó de exponer la postura oficial respecto al tema. El foco del problema, señala, estuvo en el Consenso Fiscal que impulsó el macrismo, y firmaron los gobernadores, en el año 2018. “En números concretos, la participación (del Estado nacional en el costo del sistema público de transporte) que iba del 32% al 68%, terminó en 16% al 84% y sucedió a raíz de un hecho jurídico y político”, explicó al señalar que los porcentajes más bajos de participación y los más altos al conglomerado conformado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbano. “Efectivamente, en 2019 se redujo el subsidio al interior en un 50%”, aseguró el funcionario que detalló que ese camino comenzó a revertirse desde la asunción de Alberto Fernández.
Los argumentos resultaron insuficientes para el conjunto opositor que no sólo trinó ante la ausencia de Guerrera, sino que está dispuesto a utilizar su temporada de gracia en el Congreso para “dejar de esperar” y encontrar una salida por vía legislativa.
A pesar de que el proyecto más resonante de los últimos meses tiene la autoría conjunto de Alejandra Vigo, el mendocino Alfredo Cornejo y la tucumana Beatriz Ávila, la iniciativa que mayor consenso parece encontrar viene desde la Cámara Baja y lleva la firma de un cordobés que no integra la Comisión de Transporte, el ex secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, Víctor Hugo Romero. Ese proyecto que propone, de base, aumentar el Fondo de Compensación a un piso de 70.000 millones; también avanza en una dirección que el Gobierno nacional viene estudiando e intentando impulsar desde hace tiempo, universalizar la tarjeta SUBE. Esa postura, señaló Giuliano, responde a “una necesidad de trazabilidad de subsidio al transporte, de transparencia y accesibilidad al ciudadano porque de esa manera el subsidio va por demanda y por persona”.
Lo cierto es que la discusión se extenderá por algunas semanas hasta que, por la propia dinámica del Congreso o por la presión de algunos mandatarios provinciales, los caminos se abran hacia un acuerdo. De lograrse, el sistema de transporte deberá enfrentar otro conflicto, la escasez de gasoil que ya golpea fuertemente a todo el país.
A inicios de esta semana, el schiarettismo aprovechó la situación para reflotar un pedido histórico en torno al biodiesel y presentó un proyecto de ley para elevar al 20% el corte del gasoil con “combustible verde” entre los meses de abril y septiembre para, de esa manera, hacer frente al problema con el abastecimiento. De base, la iniciativa que lleva la firma de Carlos Gutiérrez, Natalia De la Sota, Ignacio García Aresca y Alejandro “Topo” Rodríguez fija un mínimo de 10% para dicho corte.
Brower de Koning: “Apostar al biocombustible es apostar a la producción nacional y al trabajo en el interior del interior”.
Al igual que sucede con el tema del transporte, el proyecto tiene un antecedente radical cordobés que lleva la firma de la riotercerense Gabriela Brouwer de Koning con la firma de otros veinte diputadas y diputados opositores. Presentado a comienzos de abril, la iniciativa prevé elevar el porcentaje al 10% con el objetivo de “conseguir una mayor disponibilidad de uno de los insumos más importantes” para la producción agropecuaria. “Estamos en un punto crítico porque tenemos una faltante en medio de la cosecha de gruesa”, señala la diputada del bloque Evolución Radical al ser consultada al respecto. “El Estado nacional no se abastece y tiene que importar casi un 30% del total de combustible que se usa en el país. Apostar al biocombustible es apostar a la producción nacional y al trabajo en el interior del interior”, señaló a LNM, a la vez que destacó que las empresas tienen más del 50% de su capacidad instalada ociosa, por lo que estarían en condiciones de responder a la demanda que pueda provenir en caso de avanzar las iniciativas que cuentan con el apoyo de la parte más significativa del sector agroindustrial del centro del país.
Vale recordar que el gobierno de Córdoba fue uno de los principales opositores a la norma que modificó el marco regulatorio de la industria del biodiesel y que desató uno de los principales conflictos entre la administración nacional y algunos gobernadores hasta entonces aliados, como el santafesino Omar Perotti, personaje central en los anuncios nacionales que volverán sobre los pasos de la propia coalición gobernante y elevarán el corte incluso por el encima del piso pedido por los opositores. “Queremos que la Argentina siga creciendo y que la Argentina siga produciendo”, aseguró el Presidente en su visita a Santa Fe, donde adelantó la decisión.
La ley sancionada en 2021 redujo a un 5% el corte obligatorio de biodiesel en gasoil, lo que significó, según los propios representantes del sector, un perjuicio importante para las empresas que venían proyectando un crecimiento en la actividad que encontró las trabas que hoy intentan salvarse a raíz de la oportunidad que la falta de gasoil abre a la discusión.
En un contexto en el que la urgencia apremia y lo que escasea no sólo es el gasoil sino también los dólares necesarios para su importación, la salida política también puede habilitar las fotos que todos y todas buscan detrás de cada una de las iniciativas que se impulsan desde el Congreso. Sucede que, más allá de la resolución de cada tema puntual, el grueso de la oposición prefiere llevar las discusiones al escenario parlamentario para “anotarse un poroto” en medio de un tiempo en donde todo se mide, también, a partir de las simpatías que puedan sembrarse para cosechar en la elección del año próximo.
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