Los cambios en la norma sancionada en 2020 comenzarán a ser discutidos la semana que viene. Cuáles son las principales demandas y qué puede cambiar en la norma.
Ed Impresa 08/04/2022
César Martín Pucheta
Esta semana, la Ley de Alquileres ingresó finalmente en el debate central del Congreso de la Nación. Tal como lo había anticipado La Nueva Mañana, resuelta la discusión en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la modificación de la norma comenzó a ser trabajada por la Cámara de Diputados, que destrabó su quietud para avanzar sobre uno de los puntos considerados clave de cara a la agenda legislativa del 2022.
Además del compromiso de las diferentes fuerzas políticas en avanzar con los cambios de la ley, los primeros acuerdos a los que se arribaron en la reunión del martes tienen que ver con la modalidad y los plazos. El martes 12 se dará inicio a un debate en el que serán invitados a exponer referentes de todo el país. La idea es avanzar con una conversación federal e inclusiva que contenga las inquietudes de representares repartidos a lo largo del territorio, ya sea de manera presencial o remota. Una semana más tarde, se buscará avanzar con las reuniones informativas que se extenderán durante dos encuentros para llegar al miércoles 27 de abril con los proyectos en condiciones de ser votados y obtener el dictamen de comisión.
Fuentes parlamentarias aseguraron a La Nueva Mañana que “ya hay consenso en acelerar el proceso” y que la intención es “que el proyecto se vote en el recinto durante los primeros días de mayo”. “La idea es que salga por consenso o con la mayor cantidad de votos posibles. Buscamos la mejor ley posible. La intención es, fundamentalmente escuchar”, señaló esta semana la radical Soledad Carrizo, la única cordobesa en la comisión que discute las modificaciones a la norma.
Esa intención, fundamentada en la “urgencia” expresada por el propio presidente Alberto Fernández en el inicio de las sesiones ordinarias, contradice el supuesto inicial que auspiciaba una “discusión larga” y responde a una suerte de “nuevo tiempo” en el parlamentarismo argentino que busca avanzar con temas sobre los que existan una suerte de “consensos básicos” a partir de los cuales trabajar. En función de ese “apuro”, también se decidió concentrar el trabajo en una única comisión, la de Legislación General, que quedó conformada el pasado martes y será presidida por Cecilia Moreau. Carla Carrizo (Evolución) y Lucas Godoy (FdT) ocupan las vicepresidencias. En el reparto, el oficialismo contará con la posibilidad de definir la votación por mayoría simple. Tiene 16 votos, mientras que Juntos por el Cambio tiene 14 y el Interbloque Federal 1.
Luego de estar cajoneada durante años, la actual Ley de Alquileres se aprobó sobre finales del gobierno de Mauricio Macri en la Cámara de Diputados y obtuvo sanción definitiva en junio del 2020, ya durante la gestión del Frente de Todos.
Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba, “en los 21 meses de vigencia los alquileres crecieron 113% en Córdoba; 135% en Caba; 147% en Rosario y entre 157% y 184% en el Gran Buenos Aires”. Esos números representaron una gran complicación para los inquilinos que fueron los principales perjudicados en esa suba de precios que, de hecho, superó holgadamente a los datos oficiales de la inflación, que fue del 107% a nivel país en ese lapso de tiempo.
Allí radica uno de los principales problemas que la modificación de la ley busca resolver: la fórmula con la que se actualiza el monto de los contratos, que actualmente conjuga al basado Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, mayormente conocido como Ripte. Ese cálculo desnuda las dos dificultades que también por estas horas desvelan al Gobierno nacional y que cruzan transversalmente a la dinámica social y económica del país, el crecimiento desbocado de los precios y la informalidad laboral, que sufre la mayor parte del universo de trabajadores y trabajadoras del país.
Entre los más de 15 proyectos para modificar la norma, los cambios en la fórmula es una constante. Lo mismo pasa con el plazo mínimo establecido para la duración de los contratos, que volverá a ser de dos años, en lugar de tres, si es que los consensos llegan al puerto que auguran oficialistas y opositores.
El principal problema para alcanzar ese objetivo es común a casi toda la discusión normativa argentina: el lobby empresarial que brega por una desregulación total del mercado. Algo que claramente queda descartado con la actual discusión y el desplazamiento de los proyectos ingresados por la Cámara baja que directamente solicitaban la derogación de la ley.
Para intentar sopesar dicho deseo propietario, y subsanar la caída de la oferta que señalan los principales operadores inmobiliarios del país, algunas de las propuestas estudian beneficios para los locadores, como la deducción de la renta del Impuesto a las Ganancias o la exención del Impuesto al Sello para las operaciones destinadas a tal fin. El cambiemita Alberto Assef es uno de los diputados que propone ese tipo de estrategias, que también suma uno de los reclamos que llega desde el sector propietario: encontrar facilidades para los plazos de desalojo.
Entre los proyectos que se suman desde las filas del oficialismo está el de José Luis Gioja, que propone poner un techo a los costos de alquiler, que hoy está librado a la voluntad de los propietarios. Ese también venía siendo un reclamo por parte de los inquilinos que, ante la escasez de oferta, terminaban quedando rehenes de la voluntad de quienes comenzaron a trasladar costos al monto inicial y especular con dicha necesidad. Esa iniciativa, que terminó desechando la posibilidad de establecer un “impuesto a la vivienda ociosa”, también propone un tope a la actualización por renovación de contratos.
Si los plazos que se imaginan desde la conducción parlamentaria se proyectan correctamente, las modificaciones a la Ley de Alquileres deberían estar aprobadas para mediados de año. Luego de eso, correrán los tiempos para su puesta en vigencia y su control, algo que en lo que el Estado argentino falló, según entienden los inquilinos que reniegan de las lecturas que cargan el peso de la actual situación en el texto de la actual normativa.
En esa puesta en marcha, también deberán tenerse en cuenta las políticas provinciales, que también inciden en las diferentes variables que terminan definiendo el costo de los alquileres. “Las condiciones contractuales se establecen en el Código Civil y Comercial, por lo que debe estar establecido nacionalmente. Allí quedan asentadas cuestiones como el plazo de duración de los contratos, el depósito inicial, quién paga los impuestos, entre otras cosas que tienen que ver centralmente con la relación contractual”, explica Gervasio Muñoz al ser consultado por La Nueva Mañana. De todos modos, el Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional también explica que “hay temas que deben definir los Gobiernos provinciales, por ejemplo los Sellos”. “Quién paga los honorarios a las inmobiliarias también es parte de una legislación provincial que debería resolver el gobernador, del mismo modo que debería hacerse cargo de cuestiones como la planificación urbana o la creación de impuestos como el que muchos proponen a la vivienda vacía. Eso lo tiene que definir el gobierno de cada provincia”, detalla.
El dictamen para modificar la Ley de Alquileres quedará supeditado a las discusiones que se darán en el marco de la comisión de Legislación General que quedó conformada el martes. Además de sus autoridades: Cecilia Moreau (presidenta – FdT), Carla Carrizo (vicepresidenta primera – Evolución) y Lucas Godoy (vicepresidente segundo – FdT); la comisión estará integrada por los siguientes representantes: Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Federico Fagioli, Carolina Gaillard, Bernardo Herrera, Mónica Litza, Varinia Lis Marín, Carolina Moisés, Graciela Parola, Paula Penacca, Vanesa Siley, Eduardo Toniolli, Liliana Yambrún y Carolina Yutrovic (FdT); Karina Banfi, Soledad Carrizo (la única cordobesa), Omar De Marchi, Maximiliano Ferraro, Ingrid Jetter, Jimena Latorre, Francisco Monti, Victoria Morales Gorleri, María Sotolano, Mariana Stilman, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli y María Eugenia Vidal (JxC); y Graciela Camaño (Interloque Federal).
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