Buscan recomponer las reservas imponiendo el “impuesto a la fuga”

Especial para La Nueva Mañana

En un mundo inestable, muy distinto al de hace apenas dos meses cuando se celebró el acuerdo con el FMI, una de las facciones de la alianza gobernante propuso “pagarle al fondo con los dólares que fugaron”. El proyecto de ley presentado por senadores ligados a la vicepresidenta impulsa la creación de un “Fondo” para quienes tienen bienes no declarados afuera. Esta recaudación extraordinaria permitiría ampliar los instrumentos para nutrir las reservas y hacer frente a los vencimientos de deuda en un contexto de alta impredecibilidad. 

El proyecto no solo deberá atravesar las instancias parlamentarias para transformarse en ley, su implementación depende asimismo de la aprobación del FMI. Por tanto, junto a los objetivos fiscales consensuados, la suerte del proyecto también entra dentro del interrogante de cuán flexible será el Fondo respecto a lo acordado, frente a la disparada del precio internacional de los energéticos y los alimentos que afectan a todas las economías del mundo. De ser aprobado, senadores del oficialismo sostienen que se podría recaudar u$s70 mil millones de los fondos en el exterior no declarados.

El texto, que fue apoyado por la vocera presidencial y cuenta con el beneplácito de diferentes ministros, abre la puerta a un nuevo blanqueo de capitales. Prevén un gravamen del 20% para quienes declaren bienes en el exterior en los primeros seis meses luego de la implementación de la ley, 35% para quienes se acogen transcurridos más de seis meses y de 50% vencido el plazo, mediante intimación de AFIP.  También se destaca la figura del “colaborador” que se aplicará para los arrepentidos que suministren información sobre la evasión, fuga de capitales e ilícitos semejantes. 

Mientras su bloque de senadores afines comunicaba que la iniciativa no significa mayor presión impositiva ya que opera sobre la evasión, la vicepresidenta se reunía con el embajador estadounidense. La expresidenta reveló en sus redes sociales que la evasión fiscal y el “lavado de dinero” fueron temas centrales en su reunión con el norteamericano Marc R. Stanley. No fue un encuentro casual puesto que diferentes informes señalan a los Estados Unidos como el destino en donde se encuentra el grueso del dinero fugado por contribuyentes argentinos. 

En la actualidad, Argentina tiene firmado con la entidad de recaudación fiscal norteamericana diferentes tratados para el intercambio de información. Sin embargo, ninguno de los acuerdos suscriptos permitiría levantar el secreto bancario que encubre a los evasores argentinos que ocultan sus rentas en guaridas yanquis. Solo una negociación para ampliar los efectos de la actual Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (conocida como FACTA) facilitaría el intercambio de información en la lucha contra los flujos financieros ilegales desde Argentina hacia los Estados Unidos.

Al ser consultada por la prensa, la directora de la administración recaudadora Mercedes Marcó del Pont señaló al proyecto como “saludable”. Detectando “activos no declarados de los sectores de mayor capacidad contributiva” la AFIP ha recaudado unos 600 millones de pesos, señaló la economista. En el mismo sentido, fuentes consultadas por este medio allegadas al equipo económico del Gobierno catalogaron como “muy buena” a la iniciativa, con un enfoque “políticamente correcto”. En donde es clave contar con una “estructura de administración tributaria muy profesional” y la colaboración de los países donde se encuentran “los fondos”.

Sin embargo, nuestra fuente consultada es “prudente” puesto que no es una tarea sencilla que brinden información los países que albergan guaridas fiscales. Por caso, “en la potencia más grande viven de este negocio 30 mil profesionales”, de modo tal que significaría para EE.UU. confrontar intereses. Desde ya que nadie afecta intereses sin medir sus consecuencias. En efecto, el éxito de la iniciativa (una vez aprobada por el Parlamento) depende de “la colaboración que presten los países alojadores de los fondos” y también del respaldo de la Justicia, además de la voluntad política para hacerlo.

Juan Valerdi, economista y exasesor del Banco Central, también señaló las dificultades que este instrumento tendría para recaudar los 70 mil millones de dólares que estiman los más optimistas. En declaraciones radiales, quien también asesoró a la Unidad de Información Financiera sostuvo que a diferencia de los dos blanqueos fallidos que hizo el kirchnerismo, este innova con la figura del “colaborador”, a quien premia con un “porcentaje de lo efectivamente recaudado”. Para Valerdi, esto pudiera tener algún efecto positivo en vistas de ampliar la base imponible con activos no declarados.

“Si piensan que con eso las guaridas fiscales van a soltar información… forget it”

Para mayor claridad, desde La Nueva Mañana hablamos con José María Rinaldi, economista y especialista en tributación, quien mostró pesimismo sobre los efectos de la eventual ley. Hay dos factores que garantizan la evasión y también obstruirían una ley como la que se discute: aún rige “la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz que garantiza la desregulación y estimula la evasión.  Pilar económico del primer neoliberalismo”. Y, por otro lado, la incompetencia de la AFIP limita su poder de fiscalización.

Para el docente universitario, el proyecto de ley crea diferentes instancias burocráticas que poco contribuirían a aumentar la recaudación por esa vía. “La AFIP no hace nada. Aún hoy no están trabajando normalmente por los protocolos Covid”. El titular de la consultora Rinaldi se quejó de la falta de profesionalismo del organismo recaudador. “Si creen que con esto van a generar algún cambio positivo… Si piensan que con eso las guaridas fiscales van a soltar información… forget it”. Los refugios fiscales son sistémicos “al modelo de acumulación capitalista”, un engranaje clave para ocultar “la gran concentración de la fortuna del poder económico”. Por tanto, cuentan con los recursos y expertise para evadir los “requerimientos de AFIP”.

Colaborador: figura que se aplicaría tanto a personas físicas como a entidades bancarias que faciliten información para el hallazgo de bienes no declarados. Para lo cual serían liberadas de los acuerdos de confidencialidad con el evasor. Como recompensa obtendrían hasta el 30% de lo obtenido por la información aportada.

¿Existe algún antecedente jurídico que abone lo que requiere el proyecto de los senadores del bloque oficialista?

- Yo tengo 37 años de profesión en el área tributaria y nunca un juez de Uruguay respondió un oficio. ¡Jamás! Y tenemos acuerdos de intercambio automático de información. ¡¿Alguien cree que lo harán los norteamericanos?! Entonces, cómo van a aplicar el 20%, 35% o 50% si primero tienen que agarrarlos con acciones, sociedades en Reino Unido, Delaware, Miami, inmuebles. ¡¿Cómo los van a agarrar (por más que tengas todos los acuerdos de intercambio de información automática) si nadie te da ningún dato y los jueces se resisten a responder los oficios?! 

Acá lo que se propone es un blanqueo caro. Cuando la información la tienen en el Banco Central. Por ejemplo, en una de las jornadas calientes del 2018, Sturzenegger licitó 350 millones de dólares. Las compraron diez operadores identificados perfectamente (amigos del poder). Lo compraron a un tipo de cambio de 30 pesos y vendieron a $34, en cuestión de horas. Esa diferencia de cambio generó una renta a cada uno de 10 mil millones de pesos. Tributando nada de ganancias porque la renta por diferencia de cambio de las personas físicas está exenta. Entonces… si quieren hacer algo serio vayan por una reforma integral del régimen tributario argentino. 

¿Qué pasó con los denunciados en el caso HSBC, a raíz de la información revelada por el exvicepresidente de JP Morgan Argentina, Hernán Arbizu?

-No pasó nada. En Córdoba había ocho casos, no se sabe quién los tiene, no hay ninguna información. ¿Qué pasó con eso? Entonces, si vamos por ese lado, vamos a seguir haciendo márquetin. “No queremos cobrarles a los ricos” … pero la deuda la vamos a seguir pagando nosotros. Yo les diría que tomen medidas con un ente regulatorio, con una administración tributaria de tipos que dejen de dormir la siesta y no entienden cómo funciona nada. 

Dejemos de hacernos los enérgicos y lo seamos realmente. Tomemos las decisiones que hay que tomar.

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