No tan distintos: Fernández y Llaryora, más allá de los discursos de ocasión

La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y el Concejo Deliberante cordobés dieron cuenta de un cambio de paradigma respecto al rol del Estado y los modelos de desarrollo que parecen ubicarse en las líneas que a nivel local y global vienen ganando espacios en los últimos años. Más allá de las aparentes diferencias que separan a ambas gestiones, Fernández y Llaryora coincidieron en el análisis respecto las estrategias para el crecimiento y en el desafío de incorporar nuevos actores que hasta no hacen mucho tiempo no eran considerados en los discursos y las perspectivas de acción colectiva. 

Por razones temporales, el intendente capitalino primereó la agenda con su extenso discurso matinal. Allí, en medio de un pormenorizado detalle de lo hecho durante los dos primeros años de su gestión al frente de la Municipalidad, destacó que “Córdoba avanza y lidera un camino que apunta hacia un modelo de las 4C: la Economía Circular, la Economía del Conocimiento, la Economía Creativa y la Economía Comunitaria”. Esos cuatro puntales de desarrollo fueron también mencionados en diferentes tramos por Alberto Fernández en su mensaje al Congreso.

“La Argentina necesita tener una economía ordenada para darle previsibilidad a los trabajadores y a las trabajadoras, a las clases medias, a las empresarias y empresarios. Las  pymes serán protagonistas de este proceso, junto al movimiento obrero y a las organizaciones de la economía popular”, aseguró el Presidente reforzando una idea que viene cobrando cada vez mayor protagonismo en la escena social y política argentina: el papel fundamental que cumplen las organizaciones sociales y de la economía popular en el devenir cotidiano de la vida nacional.

“En este contexto de crisis que venimos arrastrando es necesario resaltar que la economía solidaria siempre ha sido una herramienta para generar producción y trabajo. Esto ya pasó después del 2001 y ya lo implementaron los gobiernos de Néstor y Cristina”, dice Pablo Tissera. “La diferencia es que durante esos gobiernos no encontrábamos la voluntad política en las administraciones locales. Me parece que eso cambió y que Martín Llaryora tiene la voluntad y ya ha dado algunas muestras al respecto. De todos modos, falta un montón”, advierte el referente local del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

Desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) destacan que “a la hora de pensar el desarrollo nacional se tenga en cuenta a las cooperativas”. “Eso es algo para valorar porque generalmente no sucede”, dice Zaida Chmaruk a la La Nueva Mañana, a la vez que señala el desafío de poder “superar la mirada que observa a la economía popular como un parche para proyectarla en los procesos de la gran escala y el gran desarrollo”.

“Nosotros tenemos la plena convicción de que la salida es por acá y que hay algunos sectores del Gobierno que tienen algunos reparos pero a partir del desconocimiento y no desde la mala predisposición. En ese sentido trabajamos para que en todas las instancias de planificación de la política pública, la economía social esté cada vez más presente”, advierte la vocal del Inaes quien puntualiza que uno de los problemas que dejó al descubierto la pandemia, cuando el sector privado recibió ayudas muy específicas pero las cooperativas y mutuales encontraron muchísimas trabas para acceder al ATP, por nombrar un ejemplo.

Las apuestas por un remozado modelo de desarrollo ponen a ambas administraciones en el devenir de una realidad que ha ido ganando espacios en las agendas de la mayor parte de los países del mundo occidental, pero lejos de tratarse de “una moda”, más bien se parece a un signo de época en la que los Estados hacen suyas una serie de demandas que con el paso del tiempo se convirtieron en ineludibles para los mandatarios de todo el planeta.

Gran parte de esas agendas, expresadas de modo contundente en los acuerdos internacionales de mayor consenso en los últimos tiempos, tienen que ver con el cuidado del ambiente. Una de las estrategias globales fundamentales está relacionada con el desarrollo de procesos y tiene como objetivo reducir el impacto ambiental derivado de la generación de residuos. En pos de esos objetivos es que proponen nuevos sistemas de producción y consumo basados en la reutilización, reciclaje y revalorización de esos elementos.

En esa dirección, los anuncios de Llaryora están cargados de una fuerte impronta que apuntan al desarrollo de la Economía Circular que contempla la realización de ferias, una Cumbre mundial, el impulso para la formación de una Red Latinoamericana de Municipios Circulares y la creación de un Parque industrial de la economía circular. “Que la basura se empiece a transfo rmar en energía y en productos que se puede recuperar para la economía va a generar que Córdoba tenga un municipio que lidere el proceso de transformación  ambiental en el país”, aseguró el viceintendente Daniel Passerini en una nota a Radio Nacional Córdoba en la que también auguró que el trabajo mancomunado con las demás administraciones permitirá un desarrollo que, con el paso del tiempo, dejará atrás el problema que se viene acarreando desde hace varias gestiones en torno al tratamiento de residuos.

Tissera considera que el sector se siente contenido en ese desafío relacionado con la economía circular, principalmente por el trabajo que las cooperativas tienen en el proceso de reciclado que se lleva adelante en Capital provincial. Poniendo el eje en alguno de los avances logrados en materia de una mayor participación para el desarrollo de las economía popular, como lo ejemplifica la formalización de más de 3000 emprendedores y emprendedoras que desarrollan su actividad en las ferias de la ciudad, desde la economía solidaria también advierten la necesidad de avanzar en algunas iniciativas que consideran claves. 

Desde marzo del 2021 el municipio tiene un área específica para atender a las necesidades de cooperativas y mutuales. Ese avance abrió lugar para avanzar en la creación de un consejo asesor, y la puesta en marcha de un fondo de financiamiento, que desde el sector estiman en unos 200 millones de pesos al año. Desde el sector también analizan la posibilidad de pensar en un equipo multidisciplinario para el fortalecimiento del sector y un mayor fomento para el desarrollo del mundo PyME. “Eso no estuvo en el discurso, creemos que hay que fortalecer el consumo con una alianza estratégica con las pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales para avanzar en medio de la crisis”, señala Tissera.

“El cambio de paradigma existe y nosotros apostamos en potenciar esas miradas que están dentro del Estado. Necesitamos más recursos económicos, que los programas destinados al desarrollo productivo y a la generación de empleo incorporen efectivamente a las cooperativas y mutuales, y no sólo desde la concepción sino desde las herramientas concretas para acceder a esos beneficios. En el ATP, las cooperativas estaban contempladas pero cuando alguien quería acceder al beneficio no podía porque la figura legal no lo permitía. Eso hay que analizarlo, corregirlo y avanzar, creemos que es imperioso avanzar en ese sentido porque con la concentración económica que hay se hace muy difícil poder generar desarrollo local y entramado productivo consistente. Tenemos la convicción de que es posible hacerlo y por eso asumimos la tarea de avanzar en esa dirección”, afirma Chmaruk.

En ese aspecto, Tissera advierte que las políticas nacionales tienen un impacto directo en Córdoba, donde se contabilizan más de 400 empresas cooperativas o mutuales, y que cruzan ambos desafíos, el ambiental y el organizacional. “Martín no sólo se olvida de aportes nacionales que se utilizan para trabajos concretos como el de la planta de Bajo Grande o las cloacas en viila El Libertador, sino que no tiene en cuenta iniciativas que benefician a la economía social solidaria en la ciudad como el programa nacional de microcréditos para cooperativas y emprendedores”, analiza en diálogo con este medio.   

Mientras que Llaryora aseguraba que “Córdoba no va a esperar que el cambio suceda sino que nosotros vamos a impulsar ese cambio en defensa de nuestra planeta”; Alberto Fernández introdujo conceptos relacionados con ese desafío en lo que enumeró como “Nueve misiones industrializadoras” para la Argentina que viene.

Allí, se comprometió a “desarrollar una industrialización verde para una transición ecológica justa”, reemplazando  tecnologías y fuentes energéticas contaminantes por otras que “reduzcan considerablemente o eliminen” emisiones tóxicas. “Apostamos al hidrógeno verde, al litio, a las energías renovables y a la fabricación nacional de equipamiento, a la reconversión tecnológica, siempre con eje en el trabajo argentino”, dijo el Presidente que se comprometió a llevar adelante la tarea “con la fuerza de nuestras cooperativas”.

“Avanzaremos en la economía circular y el reciclaje de residuos. Reduciremos las emisiones de carbono, impulsando un fuerte despegue productivo”, dijo el pasado martes.

El desafío de un desarrollo sustentable con base en la economía popular, comunitaria y solidaria une a ambas gestiones que tienen la tarea de hacer efectivas una serie de modificaciones que ambos reconocen como imperiosas. De mínima, ambos tienen dos largos años por delante.
  

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