La propuesta en la discusión nacional docente despejó el camino para el pedido de incremento salarial de 60% anual, planteado por los sindicatos estatales a comienzos de 2022.
Ed Impresa 25/02/2022
César Martín Pucheta
Los ánimos exaltados que se vieron al momento en que los gremios estatales plantearon públicamente la necesidad de alcanzar aumentos que ronden el 60% para la pauta 2022, parecen empezar a encaminarse a partir de algunos signos que terminan por dar la razón a la postura inicialmente solicitada por los referentes sindicales cordobeses, que analizan el panorama con un poco más de expectativa.
A comienzos de esta semana, el gobierno nacional ofreció un 45,46% de aumento en el sueldo inicial de la paritaria docente. De esa manera, el sueldo de los y las docentes públicas sin antigüedad pasaría de los 41.250 pesos actuales a 60 mil en septiembre. La oferta nacional, que establece los pisos salariales para todos los trabajadores docentes del país y que luego se mejoran a partir de las negociaciones locales, contemplan un pago en cuatro tramos: un 21,21% en marzo, un 8,08% en junio, otro 8,08% en agosto, y un porcentaje idéntico en septiembre.
El dato del número es que a partir del noveno mes del año se abrirá una nueva negociación para analizar el porcentaje a partir del comportamiento de los precios en el país. Es decir, que el 45,46% es una base sobre la cual la pauta anual puede ir in crescendo hasta arribar a un número más cercano al planteado por los estatales de nuestra provincia.
“El 60% es un aspiracional que tenemos los trabajadores después de ver el relevamiento de las expectativas del mercado y los puntos que quedaron pendientes de la pauta salarial 2021”, dijo Juan Monserrat, el titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), días atrás a Radio Nacional Córdoba.
Como uno de los dirigentes que se sentó en la mesa nacional que negoció las bases a partir de las cuales las autoridades del ministerio que dirige Jaime Perzcyk elaboraron su propuesta, el cordobés cree que el Gobierno entiende los planteos de los gremios, “sólo que no lo dice explícitamente, sino que te asegura un porcentaje que llega hasta septiembre y te reconoce la necesidad de revisión sobre la última parte”. “Creo que hay un reconocimiento y un compromiso por parte de las autoridades nacionales para que los salarios le ganen a la inflación, en ese sentido, me parece que hay un acompañamiento a nuestros planteos”, dijo luego de la reunión que tuvo lugar a comienzos de esta semana.
En lo que respecta al grueso de los trabajadores estatales cordobeses a lo largo del 2021, la pauta del período anterior significó una mejora del 45,5%, es decir, casi 6 puntos por debajo del aumento oficial de bienes y servicios, que el Indec ubicó en 50,9% a nivel país.
Pero, además, el planteo del universo de trabajadores y trabajadoras públicas de Córdoba responde a razones locales que tienen que ver con decisiones políticas y estratégicas de las sucesivas acciones de las administraciones provinciales. Así, en la Mesa de Política Salarial de la Provincia también se plantean reclamos que apuntan a resolver “la situación que viven las y los compañeros jubilados, quienes perciben la peor jubilación docente del país, a raíz de la vigencia de la Ley 10694 y el diferimiento jubilatorio”.
De todos modos, lo que está en discusión en la mesa que reúne a sindicatos y autoridades provinciales debe analizarse en el marco de una situación general de descalabro inflacionario que impide proyectar acuerdos a largo plazo. De hecho, esa situación había sido observada en un primer momento por los dirigentes encolumnados en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que plantearon una negociación cuatrimestral para evitar que los acuerdos terminen siendo “pisados” por el ritmo inflacionario.
Más allá de que la Provincia plantea una pauta que, al menos, sea semestral, la discusión está en los números. A comienzos de año, las proyecciones relevadas por el Banco Central de la República Argentina indicaron que la inflación minorista podría alcanzar un 54,8%, es decir, casi tres puntos por encima de la del año pasado. De hecho, sumando la diferencia que los gremios presentan como “atraso” del 2021 a esa proyección, es que llegan los sindicatos cordobeses al cálculo del 60%.
Los números, no oficiales, que se manejan desde el Gobierno son similares. El borrador del acuerdo con el Fondo Monetario que circuló a comienzos de esta semana y que se conocerá definitivamente cuando el proyecto ingrese a la Cámara de Diputados en las próximas horas contempla un crecimiento general de precios de entre el 38% y el 48%. Ese amplio rango tiene su principio de tensión en el punto más alto, ya que el Gobierno prevé una baja del 5% anual progresivo durante los próximos años. De ese logro también dependerá el venir del salario de los trabajadores en el tiempo inmediato. Aunque también es necesario decir que, cruzando los datos mencionados difícilmente asistamos a acuerdos salariales que vayan por debajo del 40% en los próximos meses.
En el marco de las negociaciones y con los docentes ya trabajando en la previa al regreso a las aulas, la negociación sigue su rumbo. Por el momento, el avance a nivel país descarta una medida de fuerza que, tanto por situaciones provinciales como nacionales, acompañaron el comienzo de los ciclos lectivos en los años previos a la pandemia. Tal como lo había anticipado LNM hace un par de semanas, no habrá paros en las escuelas cordobesas, salvo que la situación se tense a un punto que hoy no se vislumbra en el horizonte más cercano.
Donde sí podría haber novedades en cuanto a medidas de fuerza es en el sector público de la salud, donde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), separada históricamente del SEP, vuelve a pedir una “negociación independiente” de la que se lleva adelante desde el gremio que conduce José Pihen.
Semanas atrás, desde UTS señalaron que los acuerdos salariales firmados por el SEP “fueron totalmente insuficientes”, a punto tal de dejar a los salarios de los trabajadores del sector salud “un 17% por debajo la inflación” en los últimos dos años. En esa dirección, el gremio volvió a insistir en una convocatoria particular en la que buscan alcanzar un salario acorde a la canasta básica, además de reiterar el pedido por el pase a planta permanente de los “trabajadores precarizados” del sector y el “blanqueo” de sumas no remunerativas que hoy forman parte del salario de los trabajadores y trabajadores de salud en toda la provincia.
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