Tres experiencias de redes libres y comunitarias en la vasta geografía provincial. Conectividad, solidaridad y otro modo posible de hacer comunidad: pueblos ejerciendo sus derechos.
Ed Impresa20/08/2021
Adrián Camerano
Aunque hace una década que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a Internet como un derecho humano, en el país hay millones de hogares sin acceso a la red. Las causas están tan relacionadas a la extensión y las complejidades territoriales como a intereses centrados solo en las eventuales ganancias; para las grandes empresas –qué novedad- no hay sujetos de derechos, sino usuarios o consumidores de un mercado que sólo recibe a quien posee el dinero necesario y esté dispuesto a gastarlo.
En ese marco, y de manera complementaria a las políticas públicas desplegadas por el Estado nacional a través de Enacom, en distintos puntos de la provincia surgieron experiencias de organización popular traducidas en redes libres comunitarias de Internet, que cubren donde otros no. Sus ejes comunes son la autogestión, la solidaridad y la posibilidad de expansión a pueblos y familias vecinas para cumplir aquella vieja y vigente premisa: donde hay una necesidad, existe un derecho.
A 25 kilómetros al Este y arriba de Mina Clavero, en las Altas Cumbres, las quince familias de Río de los Sauces no tenían Internet, señal de teléfono ni conectividad alguna. Carlos Guzmán, uno de los vecinos, contó a La Nueva Mañana que tiempo atrás “empezamos a trabajar para ver cómo resolverlo, y el grupo Comunidad, Trabajo y Organización nos dio la posibilidad de conectarnos y acceder a tener Internet”.
“Fuimos creciendo, logramos presentar un proyecto y por intermedio de la red comunitaria de Nono conseguimos un equipo para todas las familias de la zona”, relata. Hoy la zona tiene conectividad gracias a nodos, uno punto a punto de Nono a Altas Cumbres, y tres en el poblado, con posibilidad de ampliar la red a familias que viven en la zona. “Lo sostenemos los vecinos mediante un aporte mínimo mensual, y el mantenimiento lo hacemos dos o tres personas del grupo”, refirió.
A partir de la instalación del servicio, la vida en el paraje cambió: “Estamos felices porque ya hace un año que tenemos Internet, nuestros pibes pueden conectarse y estudiar, y las familias que vivían solas y lejos pudieron tener comunicación”, finalizó Guzmán.
A unos 130 kilómetros, en el valle de Paravachasca, Alter Mundi lleva años desarrollando una experiencia pionera en la materia. Entre otras muchas acciones, este “grupo experimentado de militantes de las redes libres comunitarias y el software libre, que se asociaron formando una ONG” –así se define- desarrolla desde hace ocho años Quintana Libre, una Red Comunitaria de Internet que conecta a más de 70 familias en José de La Quintana. Germán Ferrero, uno de los integrantes, señala que “en un contexto de capitalismo vertiginoso, donde las brechas de desigualdad de oportunidades se ensanchan día a día, el acceso a Internet es una herramienta poderosísima para el empoderamiento de la persona humana y a su vez marca una diferencia socio-económica evidente entre los sectores que cuentan con esa herramienta y los que no”.
En ese contexto, “desde AlterMundi entendemos que es urgente compartir el conocimiento y los recursos que permitan a las comunidades vulnerables introducirse como integrantes de Internet, no para adosarse al esquema de desigualdad, sino para acercarse un poco más a la igualdad de condiciones para el buen vivir, pudiendo desarrollar su economía local arraigada al territorio, y descentralizando los hilos del poder económico”.
Ferrero señala que “exigimos, mientras apoyamos, un Estado que entienda que la Infraestructura de Internet Estatal, como lo es la Red Federal de Fibra Óptica, tiene que estar al servicio de eliminar la brecha en el acceso a Internet, promoviendo el repoblamiento del interior del país, para reconstruir una nueva Argentina desde abajo”.
Quintana Libre, una fábrica de componentes no electrónicos de Libre Router en el Refugio Libertad –en ex Grupo de Artillería 141- y la promoción de redes comunitarias para organizaciones rurales son algunos de los proyectos presentes y futuros que ocupan el día a día de una organización que además forma: en su web pone a disposición documentos, materiales y tutoriales para quien quiera avanzar en su propia red libre de Internet.
El Montecito es un barrio ecológico ubicado a siete kilómetros de Molinari, en el Valle de Punilla. En entorno inmejorable, las necesidades no son pocas; una de ellas, conectividad. “Las empresas de telefonía móvil no tienen cobertura, y las de Internet no tienen voluntad, situación que nos tenía en un estado de incomunicación total” recuerda Sol Giacobbe, vecina del lugar.
Fue así como “arrancamos con la red para poder resolver nuestro acceso a la comunicación más básico”, señala. Tendiendo la red desde una vecina ubicada en un sector que sí tenía servicio nació MonteNet, que hoy abastece a 30 familias de dos sectores y prevé llegar a otras 30 viviendas cercanas.
“La red se comenzó a desplegar con diez familias; luego conocimos a Alter Mundi y la movida de las redes comunitarias, incluso participamos de una cumbre argentina, y hoy estamos desarrollando un proceso hermoso, que le permite a la gente alrededor nuestro a esto elemental que es poder resolver las cuestiones de la escuela o el trabajo. A la vez, por ejemplo en el barrio no hay red de electricidad a 220, tenemos paneles solares, por lo que la apuesta es mejorar, siempre”, señaló.
Giacobbe amplió que “proyectamos seguir ampliándonos” y celebró que actualmente “estamos en el marco de la ley y tenemos una licencia de red comunitaria”.
Algunas de estas experiencias son protagonistas de un documental de reciente estreno:
El Enacom, ente que regula la materia, tiene varias políticas públicas de acceso a Internet, como la actualización de la red federal de fibra óptica; aportes no reembolsables a pequeños operadores, instituciones públicas, parques industriales, barrios populares; un Plan Básico Universal; y entrega de tarjetas prepagas y tablets. Con respecto a las redes comunitarias, Natalia Vinelli -subdirectora de Proyectos Especiales del ente- destaca que “son una solución autogestiva a los problemas de falta de conectividad, que implican el compromiso de la comunidad en la gestión y la apropiación de tecnología por parte de las organizaciones sociales y de las comunidades”.
Vinelli destaca que “la ausencia de conectividad y el acceso a Internet en igualdad de condiciones –la llamada brecha digital- es uno de los problemas que, aunque son preexistentes, se amplificaron en el contexto del ASPO y el DISPO” y que así “se impide el acceso a otros derechos, profundizando la desigualdad”.
Un reciente programa del Enacom llamado Roberto Arias, además de hacer justicia a un pionero de la comunicación comunitaria argentina, dispone de 300 millones de pesos para el desarrollo y mejora de obras de infraestructura de Internet a través de redes comunitarias, zonas rurales y comunidades originarias. Enacom otorga además la licencia Varc, que permite a las comunidades ejercer como operadores de servicio de Internet sin fines de lucro.
El Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista y especialista en Derecho a la Información, repasó para La Nueva Mañana la genealogía normativa sobre Internet, libertad de expresión y Derechos Humanos. El decreto 554/97, por caso “declaró de ´interés nacional´ el acceso de los habitantes del país a Internet, y el 1279/97 estableció que el servicio tiene todas las garantías que ampara la libertad de expresión”. Posteriormente, “la Resolución 1.235/98 de la Secretaria de Comunicaciones menciona, que el Estado Nacional actuará ´... sin interferir en la producción, creación y/o difusión del material que circula por Internet´”, y la Ley 26.032 del 2005 “estableció que ´la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión´”. Posteriormente se sancionó la ley 27.078/2014, que declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).
Más recientemente, en 2020, el DNU 690 “sostuvo que acceso a Internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión”.
Gustavo López, vicepresidente del Enacom, señaló a La Nueva Mañana que hablar de Internet como un derecho Humano entraña “que además de ser una industria, un negocio que genera empleo y puestos de trabajo, hay un derecho a la conectividad que fue consagrado por el DNU 690, y que el Estado debe desplegar acciones positivas para garantizar un acceso equitativo a estas tecnologías”.
López, interventor del viejo Comfer entre 1999 y 2001, destacó que “hace 30 años Internet era una cosa suntuaria, pero hoy casi todas las actividades de la vida cotidiana están mediadas por estas tecnologías”. Y consideró que para garantizar el acceso las acciones positivas son “la regulación del precio si es necesario, y una prestación básica universal para todas aquellas personas que lo necesiten”.
“Además del decreto 690 estamos desplegando subsidios para llevar conectividad a distintos sectores” finalizó el funcionario, y reveló que “al día de hoy hemos aprobado subsidios por casi 7 mil millones de pesos”.
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