Este jueves se leerá el fallo del juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad contra 94 militantes. Cinco de ellos eran de Córdoba, otros también militaban en la provincia.
Córdoba 10/06/2021
Adrián Camerano
Décadas de impunidad podrían comenzar a repararse este jueves 9, cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín emita el veredicto del juicio "Contraofensiva I" por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 94 víctimas, cinco de ellas oriundas de Córdoba.
En el banquillo de los acusados están seis ex jefes militares del Ejército que integraban la estructura de Inteligencia, acusados por homicidios, privaciones ilegales de la libertad, torturas y robo de menores. El Tribunal está integrado por Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Morgese, y dará a las 9.30 posibilidad de últimas palabras a los imputados, y por la tarde, si el tiempo alcanza, está prevista la lectura del fallo, que puede seguirse en este link.
El juicio oral y público se extendió por dos años, incluyó 78 audiencias, 200 declaraciones de testigos y tiene pedidas penas de prisión perpetua, con cumplimiento en cárcel común, para los seis acusados. Ahora los jueces tienen la palabra.
Los imputados revistaban en la jefatura de Inteligencia del Estado Mayor, el Batallón 601 de Inteligencia, el Comando de Institutos Militares y el Destacamento 201 de Campo de Mayo entre 1979 y 1980, período durante el cual se produjeron los hechos, en el marco de la llamada Contraofensiva desplegada por la organización revolucionaria Montoneros.
Los acusados en el juicio son Jorge Apa, quien ocupaba la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército; Eduardo Ascheri, ex integrante del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares; Jorge Bano, también del Departamento de Inteligencia (G2); Roberto Dambrosi, quien formó parte del Batallón de Inteligencia 601; Luis Firpo, otro ex miembro del Batallón 601; y Marcelo Cinto Courtaux, del Departamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo. Otros imputados murieron impunes.
“Es necesario remarcar que la Contraofensiva no fue un cúmulo de operaciones para posibilitar el ingreso en Argentina de militantes que estaban en el exilio, sino que se trató de una campaña en la que toda la organización Montoneros estuvo comprometida, una campaña para reorganizar la resistencia contra la dictadura genocida” explicó Gustavo Molfino, testigo en la causa y parte de una familia diezmada por la represión. Básicamente, la Contraofensiva consistió en el reingreso al país de militantes de Montoneros que habían logrado exiliarse, con el objetivo de combatir a la dictadura no solo con acciones armadas, sino con tareas de propaganda y agitación.
Durante años, la acción de Montoneros fue duramente criticada aún por el mismo campo popular. El mismo juicio, sin embargo, sirvió para enmarcar las acciones en la decisión consciente de los militantes, que priorizaron el derecho a resistir a la dictadura incluso por sobre la propia vida.
En su obra fundamental “Los militantes del peronismo revolucionario, uno por uno”, el historiador Roberto Baschetti da cuenta de centenas de vidas consagradas a la revolución desde la óptica del peronismo. En este juicio, que tiene 94 víctimas, al menos cinco de ellas son oriundas de Córdoba, y otras tienen una fecunda historia de militancia en la provincia.
Un rápido cruce entre la obra de Baschetti y la lista de militantes asesinados y desaparecidos que este jueves podrían tener justicia permite dar con la historia de Julio César Ramírez, “Payo” para sus amigos, ex seminarista también conocido como “El Negro Cacho”. Cordobés de nacimiento, Ramírez había reingresado al país con la Contraofensiva y luego viajado a Lima, Perú, donde en 1980 fue secuestrado. Tenía entonces 32 años, a la fecha sigue desaparecido.
Otra de las víctimas cordobesas que integran la nómina es Ángela Alicia Salamone, nacida en Córdoba el 5 de enero de 1951. La “Negra” o “Negra Eva” fue clandestina, integró la Contraofensiva como parte de las Tropas Especiales de Agitación (TEA) pero cayó en Posadas al reingresar al país, el 28 de agosto de 1979. Tenía apenas 28 años, ya era madre y de jovencita fue estudiante en la Escuela Normal Alejandro Carbó y la UNC (Historia y Cine). En el Carbó, que sostiene un Espacio de Memoria, este medio puedo recabar su legajo de época, que se guarda celosamente en el libro matriz del año en que egresó.
Devastada por la represión dictatorial fue la familia Luján-Franzosi-Giménez. La pareja formada por Marta Inés Franzosi y Jesús María Luján fue asesinada el 15 de septiembre de 1979 en Moreno. El hombre había nacido el 24 de julio de 1947 en Río Tercero, había sido seminarista y era asistente dental. Casado y con una hija, en 1976 sufrió en Córdoba la desaparición de la madre de la niña; tenía 34 años a la fecha de su secuestro mientras estaba al mando de un pelotón de las Tropas Especiales de Agitación (TEA).
Su compañera de vida y militancia, Marta Inés Franzosi, se hacía llamar “Nati” o “Marta” y nació en Córdoba el 26 de abril de 1950. Había egresado de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Córdoba en 1968, con el título de Perito Mercantil y Bachiller, y luego estudió Ciencias Económicas y Administración de Empresas en la Universidad Católica y Psicología en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Militante montonera, en 1978 reingresó por voluntad propia al país para seguir combatiendo contra la dictadura, hasta su caída aquel día de 1979. Tenía 30 años.
En aquella jornada también fue apresada Margarita Vich Giménez, tía de Luján, una mujer de 47 años, una edad notablemente superior a la media de la militancia de la época. “Tita” o “Nena” poseía la doble nacionalidad argentino-española, y sigue desaparecida.
La joven María José Luján, hija de Jesús María y sobrina nieta de Margarita Vich, declaró en el juicio y seguirá este jueves de cerca qué deciden los integrantes del TOF 4. Ella misma, una bebé, fue blanco de la represión estatal.
Otros nombres vinculados a Córdoba que esperan justicia en esta jornada histórica son Ricardo Daniel Santilli, oriundo de Chivilcoy, y el italiano Salvador Privitera. El primero fue secuestrado el 1° de septiembre de 1980 en Córdoba, a los 29 años, Privitera militaba en barrio San Vicente, fue detenido en el Hospital Rawson el 31 de agosto de 1974 junto a su esposa Dora Zárate, y partió al exilio tras recuperar la libertad. Cayó finalmente en la Contraofensiva de 1980, a sus 33 años. Sigue desaparecido.
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