Autovía de Punilla: lecciones de democracia participativa versus la mala política

Especiales - Opinión 06/05/2021 Por Fernando Barri*
La Audiencia Pública Ambiental en la que se debate el nuevo proyecto ya cursa su cuarta semana y va camino a convertirse en un segundo masivo rechazo.
autovía de Punilla
Tres años después, el Gobierno vuelve a la carga con un proyecto de Autovía. Foto: gentileza.

La Audiencia Pública Ambiental en la que se debate el nuevo Proyecto de Autovía en el Valle de Punilla ya va por su cuarta semana de duración y, a pesar de la forzada virtualidad con que se impuso, se erigirá como la más participativa de todas las que se han convocado, desde que comenzara a implementarse esta modalidad para evaluar los estudios de impacto ambiental y social (EsIA) prevista en la Ley Provincial de Política Pública Ambiental 10208, surgida al calor de la lucha contra la instalación de la Planta de Malvinas Argentinas en el año 2014.

Antes es preciso recordar la gran gesta que llevó adelante la población del Valle de Punilla, hoy recordado como el “punillazo”, para evitar la ejecución del anterior proyecto, que preveía una Autovía por la Montaña, la cuál hubiera destruido enormes extensiones de bosques nativos y cuencas serranas, entre otros aspectos muy negativos. Aquel proyecto, que cacería de toda lógica y argumentos técnicos que lo sostuvieran, obtuvo, a pesar del amplio rechazo en la Audiencia Pública realizada en Santa María de Punilla en mayo de 2018, la licencia ambiental que le daba la potestad a la empresa Caminos de las Sierras para comenzar las obras. Sin embargo, la evidente falta de “licencia social” y la resistencia de las asambleas (sumado a una serie de falencias técnicas insalvables del proyecto) llevó a que el Gobierno de Córdoba desistiera de realizar la Autovía de montaña.

Tres años después, el Gobierno vuelve a la carga con un proyecto de Autovía que cruza con un mega puente desde la Comuna de San Roque a Bialet Massé, y sigue hacia el norte del Valle de Punilla por el Oeste de los restantes municipios. Sin embargo, este cambio de traza no responde a la demanda ciudadana, sino a la presión para completar la ruta bioceánica del Plan IRSAA (una vía para extraer y mover más rápido los recursos naturales de la región, a costa de enormes pasivos sociales y ambientales).

La nueva Audiencia Pública, realizada de manera inconstitucional en forma virtual, y no precisamente porque no sea necesario tener en cuenta las condiciones sanitarias que impone la actual pandemia de COVID19, sino por la falta de información previa y las dificultades manifiestas para que todas las personas interesadas pudieran participar de la misma, va camino a convertirse en un segundo masivo rechazo, con más del 85% de las exposiciones de los ciudadanos en contra  del proyecto (el porcentaje restante representa funcionarios y contratistas con nulos argumentos, o referencias a la “fe” y ambulancias que no existen).

Entre los impactos más importantes que provocaría esta Autovía se han mencionado pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, el desalojo de numerosas familias urbanas y campesinas, y la afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la región. A su vez, los principales institutos de Investigación en flora y fauna (IMBIV e IDEA, de CONICET-UNC), han manifestado sus objeciones al EsIA. Por otra parte, los habitantes del Valle de Punilla han hecho hincapié en forma reiterada que allí no es una prioridad una Autovía, que las necesidades son otras y mucho más urgentes: acceso a servicios básicos como agua potable, más escuelas y hospitales regionales, cloacas, ordenamiento territorial, entre otros, todos los cuáles se podrían realizar tranquilamente con el monstruoso presupuesto con que se financiará esta mega obra.

Lo paradojal de lo que está ocurriendo con estas Audiencias Públicas, y que debe llevarnos a una profunda reflexión, es la enorme grieta (la verdadera grieta que azota a nuestra sociedad) que hay entre la democracia participativa, ejercida como derecho ganado por parte de los ciudadanos, y las anacrónicas prácticas de la mala política. Es decir, por un lado tenemos a cientos de personas, de diversa índole, expresando de manera magistral y con un altísimo nivel de civismo y formación los argumentos (técnicos, sociales, culturales, económicos, entre otros) por los cuales se oponen a esta obra, y por el otro, funcionarios de un Gobierno que, obligados a escuchar a los primeros, igual imponen la perversa lógica de quienes ostentan el poder para ejecutar un proyecto de estas características a como dé lugar. Porque es sabido, el Gobierno de Córdoba (con el lamentable apoyo del Gobierno Nacional) intentará por todas las vías posibles construir esta Autovía, a pesar del rechazo y los enormes cuestionamientos que se han ido volcando sobre el proyecto.

Cabe entonces la pregunta de si ¿tienen sentido estas Audiencias Públicas, en las que un grupo de funcionarios toman nota aburridos de verdaderas “cátedras abiertas de saberes populares y académicos”, como bien ha expresado una colega de la Asamblea Ambiental de Cosquín, para que luego otro grupo de funcionarios sin experiencia y acostumbrados a recibir órdenes apliquen un sello de “aprobado” sobre un EsIA que a la postre resultará un mero trámite administrativo? La respuesta es que si, tiene sentido, pero no en los términos en las que la aplica el Gobierno. Tiene sentido porque aprendemos con cada exposición, porque se fortalece la democracia participativa, porque nos damos cuenta que no estamos aislados y que la opinión de cada persona importa, y mucho, para pensar y actuar sobre ese territorio que queremos habitar, en armonía con la naturaleza y prevaleciendo el bienestar común.

Tal vez, más allá de la confianza que tienen las asambleas socio-ambientales de frenar esta obra, sea tiempo de pensar la necesidad de generar nuevos mecanismos de democracia participativa, que no caigan en meras discusiones técnicas o jurídico-administrativas (en las que los que los ciudadanos comunes siempre tendremos las de perder). Debemos generar herramientas para la toma de decisiones que se contrapongan a las trampas que impone la mala política, y nos permita construir otra sociedad, más justa y amigable con el entorno que nos rodea. Es un gran desafío que tenemos por delante, el fantástico ejercicio democrático que estamos viendo en estos días así lo demuestra. Resta ver cómo podremos hacer para que ello se transforme en actos de Gobierno.

*Fernando Barri es Profesor Adjunto de la Cátedra de Problemática Ambiental de la UNC e Investigador del CONICET.

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