Adrián Camerano
Son exactamente 182 los kilómetros que separan Paso Viejo de Villa Dolores, y hacia allí se movilizarán este miércoles familiares, allegados y amigos de Joaquín Paredes, en reclamo de justicia. El joven de 15 años fue asesinado el 25 de octubre en esa pequeña localidad del noroeste, por una bala policial; a seis meses del crimen, la manifestación frente a los tribunales de Villa Dolores repudiará también la reciente excarcelación de dos de los policías vinculados al hecho.
“Convocamos a marchar por Memoria y Justicia por Joaquín” invitó Maribel Paredes, tía de la víctima, mientras que Ivana Reinoso, del equipo Justicia por Joaquín, dijo a La Nueva Mañana que los tribunales dolorenses “son claves, y no solo les exigimos justicia, sino que repudiamos las excarcelaciones de Aliendro Fernández y Jorge Gómez, el 31 de marzo”.
Se trata de dos de los cinco policías provinciales involucrados en el expediente. Para el abogado querellante Claudio Orosz, no hay dudas: “Joaquín Paredes está muerto por el accionar ilegal y asesino de la Policía de la Provincia de Córdoba”.
El letrado, de larga militancia en Derechos Humanos, refrescó las circunstancias en que ocurrió el asesinato. “Joaquín y otro menor de edad, de 14 años, fueron baleados mientras llegaban a una fiesta de cumpleaños que se desarrollaba en un campito al lado del dispensario y la radio del pueblo” precisó, y dijo que el encuentro social “tenía la aquiescencia de uno de los dos policías del pueblo para que se siguiera realizando, porque un policía que se llama Alvarado y está preso, había ido tres veces a la fiesta solo para advertir que bajaran la música”.
Orosz dijo que los jóvenes, que se encontraban en el domicilio del más chico, deciden esa madrugada ir a la fiesta y “llegaron justo en el momento fatídico, cuando algún policía por alguna orden superior había decidido dar por terminada la fiesta”. “¿Y cómo decidieron darla por terminada? Con tres móviles, dos por una cuadra, otro por la otra, encerrando a los chicos sobre un descampado y sacando una escopeta que está prohibida desde hace años”, ilustró.
El querellante relató que uno de los agentes “empezó a amenazar a disparar a los chicos, ellos le dijeron que no, se producen los primeros disparos con postas no de plomo, y como no se dejaron ´prepear´, los policías decidieron sacar las armas de fuego y empezaron a disparar al bulto. Allí mataron a Joaquín y al otro chico lo hirieron muy cerca del corazón”.
Tras la balacera, relató el abogado, “el personal policial superior se los llevó (a los efectivos) del lugar, les dejó que se lavaran las manos, por lo cual los dermotest dan negativos, y aparentemente les dejó que se cambiaran los uniformes, porque no hay rastros de pólvora”.
La causa tramita desde hace algunos meses en la Cámara de Villa Dolores, que debe revisar cómo continúa el expediente. “El hecho jamás se hubiera producido como se produjo, si no hubieran estado los cinco policías; todos son partícipes”, cerró Orosz.
A la manifestación de este miércoles, que se realizará bajo protocolos sanitarios, invitan también la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierras y la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero.
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