Las autoridades sostienen que no hay condiciones reales para el nivel inflacionario que existe. Desde Economía ya lanzaron medidas que buscan contener los precios.
Ed Impresa 23/04/2021 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
La inflación de marzo encendió las alarmas. Los casi cinco puntos de subas indican que se trata del mes de mayor alza de precios en la administración del Frente de Todos. Mientras que el acumulado en el primer trimestre del año torna prácticamente imposible el cumplimiento de la meta de inflación de 29%. Consecuentemente, el Gobierno implementó una serie de medidas para paliar el aumento de los precios que despiertan diferentes sensaciones y generan distintas expectativas en los principales actores de la economía.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que las subas acumuladas en el primer cuarto del año superaron a las previsiones oficiales en dos puntos. La cabeza de la conducción económica entiende que esto responde a que las empresas no alinearon expectativas con las previsiones oficiales. Si bien apuestan a que la disminución del ritmo devaluatorio previsto para los próximos meses recorte el alza de los precios, también implementarán más controles. Si las empresas no acompañan, “el Estado estará interviniendo”, señaló el ministro, asumiendo que los equilibrios macroeconómicos conseguidos tienen que poder reflejarse en los precios.
Lo cierto es que el primer trimestre arrojó un déficit financiero equilibrado (diferencia entre la recaudación y el gasto del Estado, más el pago de intereses). El más bajo de los últimos 6 años. Es decir, aumentó el gasto, como estaba previsto, pero también lo hizo la recaudación, “marcando un sendero de ingresos creciente”, reza el balance oficial. Por su parte, el Tesoro consigue respaldo en las licitaciones de títulos de deuda, fortaleciendo el financiamiento en pesos. A la par, los exportadores están liquidando divisas en el mercado único de cambios en volúmenes altos. Asimismo, el Central está comprando dólares y achicando la brecha entre la cotización oficial y las paralelas. Por otro lado, los acuerdos paritarios se realizan conforme la pauta de inflación oficial. En efecto, desde el gobierno sostienen que no hay condiciones reales para este nivel inflacionario.
Por tanto, dentro de la batería de medidas implementadas por el gobierno se destaca el fortalecimiento de los controles. La Secretaría de Comercio incorporará 500 fiscalizadores para vigilar el cumplimiento de los programas Precios Máximos y Precios Cuidados. Desde el organismo especifican que trabajarán con los datos del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). Sistema creado recientemente por la Secretaría para centralizar información sobre precios, ventas y stocks. Así buscan monitorear de manera más precisa la evolución de precios y abastecimiento del mercado, pudiendo advertir con mayor celeridad las maniobras especulativas.
También desempolvarán el Observatorio de Precios. Una iniciativa hecha ley durante el Gobierno de CFK por el 2015, cuando pese al dólar atrasado y servicios planchados la inflación llegó a 27% anual. Naturalmente, durante la administración de Cambiemos esta iniciativa se cajoneó y ahora vuelve al redil cuando desde la Secretaría de Comercio advirtieron que empresas no cumplen con los acuerdos de precios. En consecuencia, desde el estamento al mando de Paula Español imputaron a Bagley, Mondeléz y PepsiCo por esquivar el acuerdo de precios. Sin embargo, basta con comparar la lista de Precios Máximos con los catálogos de los principales supermercados para advertir que las irregularidades son varias.
Con el fin de cambiar el código de barra del alimento, escapar al control y venderlo a otro precio, la industria alimentaria emplea diferentes estrategias: cambio de packaging, y leves modificaciones en peso e ingredientes.
Con el fin de cambiar el código de barra del alimento, escapar al control y venderlo a otro precio, la industria alimentaria emplea diferentes estrategias. Desde cambio de packaging y la presentación, haciéndolo pasar por otro producto; inscripciones nuevas del tipo “sin TACC”, “libre de gluten” o “producto vegano”; agregado de algún ingrediente imperceptible; hasta modificar mínimamente el peso neto del alimento envasado; o solo rotulado de otro modo al que figura en la lista del programa. Asimismo, también hay faltante de stock de diferentes productos que están dentro del acuerdo. Vale aclarar que no todas las marcas comercializan por arriba de lo convenido. Muchas se mantienen dentro de los precios fijados o en torno al precio máximo.
Las mayores brechas entre la lista del Gobierno y los catálogos de los supermercados se advierten en marcas de grandes capitales del sector alimentario. Se trata de las compañías más poderosas, que en algunos segmentos concentran la producción de alimentos. Enlatados, lácteos, dulce de leche y aderezos que figuran dentro del acuerdo Precios Máximos se encuentran en las góndolas hasta 35% arriba de lo acordado. Asimismo, en los rubros donde hay menos concentración y el mercado está repartido entre más y distintos oferentes hay mayor acatamiento al acuerdo.
Si bien muchos supermercadistas critican las artimañas de la industria para esquivar los controles, no todos opinan igual. Víctor Fera, quien tiene presencia en el eslabón de producción y comercialización de alimentos, critica el acuerdo de precios tal como está planteado. El empresario al mando de Marolio y la cadena Maxiconsumos no desconoce las prácticas “irregulares” en la industria, pero sostiene que no se pueden congelar los precios cuando las devaluaciones son constantes. Quien también es dueño de la marca Molto aclaró que cuando empezó el programa “era lógico” congelar por 90 días. Pero cuando se extiende durante un año y los precios de la industria se modifican, es “imposible” mantener, explicó a este medio. Por eso, cuando “saltan el control” buscan hacerlo “bien alto”.
Otro de los ejes de las medidas antiinflacionarias apunta al precio de la carne vacuna. Acordarán nuevos precios con la cadena de valor y apuntan a implementar la comercialización mediante troceo, para reemplazar a la media res. El punto más polémico está relacionado con las exportaciones de carne. Para revertir el encarecimiento, podrían cerrar el registro de exportaciones para los frigoríficos en procura de aumentar la oferta de carne en el mercado interno. Esta medida es considerada como una “embestida” contra el sector en un comunicado de prensa de la industria de la carne difundido días atrás.
La ganadería y la industria de la carne atraviesan momentos de estabilidad, pese a la caída del consumo interno. Esto se debe al buen desempeño de las exportaciones. Para tomar dimensión, en el 2015 se producían 2,7 millones de toneladas y se despachaba el 7%. Mientras que el año pasado la producción de carne ascendió a 3,17 millones de toneladas de las cuales el 28,9% se exportó generando más de u$s 2.500 millones. Teniendo en cuenta que lo que más necesita la economía son dólares, no pocos analistas estiman que se trataría de presiones y “amagues” del Gobierno para disciplinar al sector y alinearlo con las expectativas trazadas, pero que difícilmente implementarían.
Dentro de la misma estrategia, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, buscará establecer acuerdos con las empresas productoras de insumos difundidos, como las siderúrgicas, para que congelen los precios hasta fin de año. Sobre este punto, el empresario Víctor Fera aclaró que “ahí sí puede tener éxito el gobierno al lograr dos o tres precios congelados”, de hacerlo “seriamente” pueden acordar con algunas empresas. “Nosotros vamos a poner, seguro”.
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