Las medidas de Guzmán para evitar el naufragio

Política / Economía 09/04/2021 Por Facundo Piai
La coalición gobernante busca enderezar el rumbo estabilizando la macroeconomía. Pero la economía perdió el norte hace varias décadas ya y los problemas son tan variados como compleja su resolución.
Guzman © NA
Martín Guzmán, ministro de Economía. Foto: NA.

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Especial para La Nueva Mañana

Navegar por aguas borrascosas es una actividad de alto riesgo, siempre. Más aun cuando se transita con un navío averiado y con la línea de flotación afectada por el ingreso de agua a la bodega. Solo basta que el nivel llegue a la sala de máquinas para que la suerte del navío esté echada. Podría tratarse de la introducción de una reseña sobre el aclamado film de James Cameron, pero no. Esto es más sórdido que una historia de amor entre caucásicos abordo del Titanic. Contrariamente, se trata de la historia económica argentina de mediados de los setenta hasta la fecha. Una historia signada por crisis que sobrevienen a otras crisis. Una historia cuyo final se repite hasta perder la sorpresa. El naufragio.

Salvo el interregno 2003-2011, en donde hubo una expansión del producto significativa, con baja de la pobreza y desigualdad, desde 1975 la economía transita tormentas recurrentemente. Un informe oficial da cuenta que en los últimos 45 años (entre 1974 y 2019) el crecimiento acumulado equivale a una tasa anual de 0,5%. Es decir, pocos países en el mundo acarrean un rumbo tan errático, siendo Argentina uno de los países que más se desindustrializó durante los '80 y '90. Esto explica que en las últimas décadas el país haya dejado de ser líder regional indiscutido en cuanto a indicadores económicos y sociales. Precisamente, en la actualidad el PBI per cápita de Argentina fue emparejado por el de Uruguay y Chile, cuando hace cuatro décadas atrás los redoblaba

Crisis de deuda, crisis cambiaria, hiperinflación, etc., han sido algunos de los icebergs con que chocó la economía afectando la estructura productiva, el empleo y el ingreso de la población. Ergo, las tareas que demanda el repunte son innumerables. Salir a flote implica drenar el agua y reparar la quilla para retomar la dirección; pero también, soldar el casco y fortalecerlo para enfrentar futuras tormentas. ¿Se puede hacer todo al mismo tiempo? El Gobierno entiende que no. El equipo económico bajo el mando de Martín Guzmán optó por apostar todo a evitar saltos bruscos en el tipo de cambio. Inclusive, la reestructuración de la deuda pública bajo ley extranjera con acreedores privados se inscribe dentro de este objetivo. Puesto que, más allá del capital e intereses a pagar acordado en agosto del año pasado, es innegable que con el entendimiento se evitó una devaluación con repercusiones en los precios y el nivel de actividad.

La depreciación del peso en relación al dólar era un hecho, según no pocos analistas del mercado. En octubre del año pasado, el economista Marcos Buscaglia decía en La Nación que “la pregunta no es si habrá devaluación, sino cuándo”.  Más allá de la especulación de los lobistas, vale aclarar que los pronósticos de un encarecimiento de la divisa contaban con cierto asidero. Más aún cuando el tipo de cambio financiero doblaba en su valor a la cotización oficial, generando la expectativa de atraso cambiario. Expectativa que, habitualmente, termina por generar la profecía autocumplida, puesto que dólar atrasado va de la mano de corrida cambiaria y devaluación del peso.

Dos factores permitieron a la actual administración contrarrestar las corridas cambiarias y gozar de relativa calma chicha: agrodólares y una intervención más agresiva en los mercados. Los 6,7 mil millones de dólares liquidados por las exportaciones agropecuarias durante el primer trimestre permitieron al Banco Central contar con más herramientas para intervenir en el dólar financiero (comprando y vendiendo bonos). Esta intervención viene surtiendo efecto al bajar a 60% las brechas entre las distintas cotizaciones del dólar que llegaron a estar arriba de 130%. Esto le permite al gobierno administrar el tipo de cambio, modificar las expectativas y empezar a contar con certidumbres elementales. En este sentido, el ministro de Economía pronosticó que para diciembre buscará un dólar a $102,40. “Eso implica una pauta de depreciación del tipo de cambio nominal, a lo largo de todo el año, de alrededor del 25%”, afirmó a la prensa. 

Ordenar la macroeconomía es condición para consolidar la recuperación y corregir el rumbo errático, entiende el discípulo del Nobel Joseph Stiglitz. Para ello la generación de dólares es tan vital como su administración. Es el objetivo que busca el equipo económico con el “régimen de fomento de inversiones para las exportaciones” que otorga libertades cambiarias a las empresas que inviertan no menos de u$s100 millones para ampliar su capacidad exportadora. Los efectos de la medida aún están siendo analizados por Federación de Cámaras de Comercio Exterior (Fecacera), comentaron a este medio. Miguel Zonnaras, presidente de Fecacera, dijo a La Nueva Mañana que, a priori, toda iniciativa que fomente la “exportación como generador de divisas genuinas, siempre va ser valorada positivamente”. No obstante aclaró que el comercio exterior persigue “proyectos de largo plazo”, puesto que la definición sobre el camino a seguir en ese plano ya fue trazado por las empresas. De lo anterior se desprende que la iniciativa del Gobierno puede repercutir en la capacidad exportadora de años próximos, pero no en lo inmediato.

De cualquier manera, la medida evidencia que para la coalición gobernante la generación de divisas es la prioridad para salir a flote. Este orden de prioridades genera entredichos internos. Algunos sostienen que  muchas de las medidas implementadas por Guzmán tienen un sesgo monetarista. Ergo, ofician como un lastre para la recuperación y retrae el consumo. No obstante, desde Economía confían en que la desaceleración de los futuros corrimientos cambiarios tendrá su correlato en un descenso de la inflación. Lo cual permitirá recomponer el consumo paulatinamente. 

La realidad es que los acuerdos con los formadores de precios no están teniendo las consecuencias buscadas. El tiempo se agota y con él también las instancias de consenso, por tanto se acerca el momento de definiciones para el Gobierno ¿continuará apostando al entendimiento u optará por disciplinar con políticas más directas a los formadores de precios? y en tal caso surge otra duda ¿cuenta el gobierno con la consistencia política suficiente como para tomar una estrategia más ofensiva? Y más aún, ¿puede la economía evitar naufragar sin un acuerdo de todo el arco político sobre las prioridades inmediatas?  

 

 

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