Las partes que intervienen en el expediente por el femicidio de Cecilia Basaldúa ya fueron notificadas: tras menos de un año de instrucción, la fiscal Paula Kelm dio por cerrada la investigación y solicitó que las actuaciones sean elevadas a juicio. Así, todo se encamina a que a mediano plazo el imputado Lucas Bustos ocupe ante un tribunal el banquillo de los acusados.
Bustos, para muchos y la propia familia Basaldúa “un perejil”, está detenido desde fines de abril de 2020. Lo acusan del femicidio de la mujer de 35 años, que llevaba tres semanas desaparecida en la zona de Capilla del Monte.
La elevación a juicio se da pese a que en las últimas semanas la fiscal había indagado a otro sospechoso, que habría tenido contacto con Basaldúa previo a su muerte y que actualmente reside fuera de la provincia. Y también desconociendo el anuncio público de solicitud de nuevas medidas de prueba por parte de la querella que representa a la familia; de hecho, fuentes cercanas al expediente señalaron que restaban tomar algunas declaraciones testimoniales.
En la resolución, la fiscal acusa a Bustos de "ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL Y HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR VIOLENCIA DE GENERO Y CRIMINIS CAUSA (arts. 45, 119 tercer párrafo, 79 en función del art. 80 incs. 7 y 11 del C.P)en concurso real (art. 55 del C.P) ambas agravantes en concurso ideal (art.54 ideal)". De este modo, resolvió el cierre de esta etapa de actuaciones, medida que puede ser objeto de oposición de la defensa. En ese caso, decidirá sobre el tema el Juzgado de Control coscoíno.
La medida judicial, en tanto, generó indignación en colectivos feministas de Punilla.
Balsadúa había llegado a esa zona de Punilla a comienzos de marzo de 2020, y reportada como desaparecida algunos días más tarde. Por su femicidio se interesó la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que en noviembre se conformó como querellante en la causa.
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