La próxima semana se aprobaría con los votos del oficialismo la iniciativa que contempla un déficit del 5% en las cuentas de la ciudad. ¿Qué dice la “hoja de ruta” de Llaryora para el año próximo?
Ed Impresa 18/12/2020
Ignacio Martín
Luego de ser aprobado en primera lectura y tras la audiencia pública llevada a cabo este miércoles, el Concejo Deliberante de Córdoba daría el visto bueno nuevamente la próxima semana al Presupuesto 2021, la “hoja de ruta” de Martín Llaryora y la Municipalidad para el año que viene. Se trata de la proyección de gastos e ingresos que tendrá el Palacio 6 de Julio especulando a su vez con el valor del dólar y la inflación, variables que juegan un papel determinante y siempre son motivo de discusión a la hora de cuestionar la iniciativa. El proyecto prevé ingresos por $57 mil millones y gastos por $60 mil millones, con un déficit del 5% que para el oficialismo implica “un paso más” camino a “sanear las cuentas municipales”. En rigor, el primer artículo de la ordenanza de Presupuesto publicada en el sitio web del Concejo Deliberante establece un gasto total para el 2021 de $60.072.692.771, con ingresos por $57.084.248.842. Es decir, un déficit de $2.988.443.929 en la caja y la posibilidad de emitir letras del Tesoro por hasta 60 millones de dólares. “Es un presupuesto con un fuerte contenido social. El 60% tiene que ver con servicios sociales, políticas sociales, salud, participación ciudadana y otros gastos. Hay una fuerte apuesta a la inversión y esto significa un crecimiento de 60 puntos porcentuales en relación a lo presupuestado para 2020”, destacó el secretario de Finanzas, Guillermo Acosta.
Además, el Presupuesto fija en 10.529 el total de cargos en la planta de personal permanente municipal, sin contar a los servidores urbanos y demás empleados monotributistas que llevan adelante distintas tareas para el Municipio. Es decir, 53 cargos más en 2021 respecto al 2020. Si se tienen en cuenta los recortes realizados a los empleados, se podría hablar de una disminución en la erogación salarial, pero con el incremento de empleados informales (estimados entre 1.500 y 1.700 según detallan desde la oposición) el gasto sube a entre 1.000 y 1.200 millones de pesos más en sueldos. A ellos se les suman los servidores urbanos, que rondan los 2.800, con un gasto aproximado de 580 millones de pesos y las diferencias entre salidas e incorporaciones por parte de la Tamse, el Coys, y los llamados promotores de convivencia. “Cuando se hace el número final, se puede ver que el tan mentado ahorro, no lo es. Lo que sí es un dato cierto es la expansión de la burocracia municipal, pero en su versión no formalizada”, afirma Juan Negri, del bloque Córdoba Cambia. En general, pero siguiendo la misma línea, el edil Juan Pablo Quinteros pide que se precise “cómo, en qué y bajo que controles se erogarán más de 60 mil millones de pesos de los vecinos de la ciudad”.
Otro punto del proyecto es la creación de fideicomisos financieros en materia de fondos de afectación específica. Estos fondos estarán destinados a la modernización y fortalecimiento del sistema de salud de Córdoba”, al servicio de estacionamiento medido y a la “Emergencia Ambiental. El fondo de salud tiene como objetivo la compra de insumos, el pago de servicios e incentivos al personal; el de estacionamiento establece que la mantención del servicio se realizará con los ingresos por el pago de los usuarios y “toda suma que anualmente el Departamento Ejecutivo destine” y el de Emergencia prevé un monto de $15 millones mas donaciones y subsidios que eventualmente ingresen. La ejecución de este último fondo dependerá de que el Municipio declare el estado de “emergencia municipal”.
Junto con el Presupuesto, el Concejo trata también el Código Tributario Municipal y la Ordenanza Tarifaria Anual del 2021. Estas establecen un aumento en el Inmobiliario del 25% para lotes edificados y del 40% para sitios baldíos, como así también la actualización de las alícuotas para el impuesto automotor que se realizará por las valuaciones de Acara (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), con un tope de 50% en las categorías. Es decir, se prevé una recaudación del 27% más por el Inmobiliario y del 29% más por automotores y comercio e industria respecto a este año. A su vez, más allá de los descuentos por contribuyente cumplidor (que dependiendo cada caso pueden alcanzar el mismo porcentaje que el previsto de aumento), cabe destacar que aquellos que tengan vehículos o tributen por comercios serán de los más afectados por la presión impositiva. Aunque la tasa no aumente, el monto que determine Acara para el incremento en los vehículos se prevé en, como mínimo, un 50% dependiendo el modelo. Esto eleva el monto del impuesto considerablemente. Lo mismo se puede decir de lo que pagarán los comerciantes comparado con la recaudación: un 25% más frente a una contracción acumulada del 23,34% hasta diciembre de este año y 33 meses consecutivos de caída en las ventas, según informó Fedecom. Datos que coinciden con los de otras entidades que agrupan a comerciantes de la ciudad.
 |
Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más
en la edición impresa de La Nueva Mañana
[ Todos los viernes en tu kiosco ]
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.
La actualización tarifaria elevará el costo para los tramos ubicados en La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
La decisión del gremio que nuclea a los choferes de colectivos interurbanos, se adoptó tras recibir de parte de la Fetap una propuesta salarial que podría destrabar la negociación paritaria, que ya arrastra 90 días. La debatirá un Plenario General de Delegados.
Este jueves la Confederación convocó formalmente a la movilización el miércoles próximo por el Día del Trabajador y la Trabajadora. La marcha será en la previa del segundo Paro General previsto para el 9 de mayo en rechazo a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno nacional.
Se realizaron numerosos allanamientos ordenados por el fiscal Guillermo González. Entre los últimos tres detenidos, hay un inspector municipal con cargo jerárquico y dos empleados de la Sección Espectáculos Públicos. Están acusados de integrar la banda liderada por el ex comisario Gustavo Folli.
