Con la habilitación de más actividades y a pesar de las recomendaciones de especialistas y las medidas restrictivas, la ciudadanía parece haberse distendido en la prevención.
Ed Impresa 11/09/2020 Santiago Bibiloni
Especial para La Nueva Mañana
Postales cordobesas de estos días que generan preocupación en medio del aumento de casos de coronavirus en la provincia: picnics en plazas y parques, “picaditos” de fútbol en las canchitas de barrio, bares con gente amontonada alrededor de sus mesas, jóvenes compartiendo una gaseosa o una cerveza y bebiendo del pico de la botella, juntadas de compañeros de colegio y pijamas party, fiestas clandestinas en casas particulares los fines de semana… y así podríamos seguir enumerando actividades cotidianas en las que no se cumple ni con el distanciamiento social, ni con las medidas de restricción y prevención dispuestas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el gobierno provincial.
Parece ser que la ciudadanía, que transita lentamente hacia un híbrido entre una nueva y la pasada normalidad, se ha relajado peligrosamente en medio de una suba de contagios que se dispersa a lo largo y ancho de la provincia mediterránea.
De a poco se habilitan más actividades y por ende la circulación de personas es mayor. Y si bien comercios, empresas y fábricas cumplen en general con las medidas sanitarias exigidas por las autoridades, la falla por donde se cuelan los contagios de Covid-19 parece estar en el comportamiento social indebido, a pesar de la amplia propaganda de prevención que los gobiernos han desplegado en los medios de comunicación.
“Hay que apuntar a los bolsillos para que la ciudadanía cumpla con las medidas, porque es ahí donde duele”, manifestó un funcionario del gobierno provincial cuando se trabajaba en el borrador que a fines de julio pasado el oficialismo llevó al recinto y la Legislatura aprobó, sancionando con multas que van desde los 5 mil hasta los 500 mil pesos a quienes no cumplan con las medidas preventivas que han sido dispuestas en el marco de la pandemia por el Covid-19 y que tienen como fin “resguardar la salud pública”.
Sin embargo, con excepción de los primeros diez días de implementación de la ley, donde la ciudadanía parecía atenta y precavida para no ser multada por los controles en la vía pública que velaban por el respeto a las medidas sociales y sanitarias, luego comenzó a manifestarse un paulatino relajamiento.
En este sentido, oficialmente no ha trascendido qué cantidad de multas se aplicaron al día de hoy (si es que esto ha sucedido) por incumplir la ley que rige desde el 27 de julio. Lo cierto es que las autoridades también han relajado los controles, entendiendo que hay un hartazgo social con la cuarentena y que la aplicación de multas en transgresiones consideradas leves sólo agravaría el malhumor social, que va de la mano con la crisis económica producto de la pandemia.
Sí los controles parecen apuntar más a juntadas masivas de fines de semana, sobre todo en fiestas nocturnas. De hecho, en las últimas horas la Justicia multó con un millón y medio de pesos a los propietarios de un establecimiento de Villa Warcalde que realizó un evento masivo el 9 de julio, que fue interrumpido y clausurado por la Municipalidad tras las denuncias de vecinos del sector.
Río Cuarto es la ciudad del interior provincial que más casos de contagio de Covid-19 ha reportado en la última semana, superando los 100 diarios, lo que deriva en un riesgo de saturación del sistema de salud.
Todo marchaba medianamente bien cuando en la provincia mediterránea se contaban con los dedos de una mano los infectados diarios de Covid-19. De marzo a julio, con una cuarentena más rígida, el sistema sanitario se mostraba fuerte y ampliado, y los pequeños brotes de coronavirus, que en un alto porcentaje surgieron en la Capital cordobesa y en un par de localidades del interior, eran exitosamente controlados por cordones sanitarios e hisopados a contactos estrechos de las personas infectadas.
Sin embargo, en agosto los contagios se esparcieron con rapidez por el interior provincial, siendo las localidades cercanas a la ruta 9 sur, que desemboca en Buenos Aires, las poblaciones que en primera instancia debieron enfrentar la llegada del virus. Y ya en septiembre, el panorama de infectados en la provincia abarca a gran parte del territorio cordobés, con un fuerte aumento en la tasa de mortalidad.
Durante agosto fallecieron 75 personas, o sea, en un solo mes Córdoba suma más decesos que durante los cuatro meses anteriores. Esta situación pone en alerta a las autoridades provinciales y locales, que ven en los primeros días de septiembre un incremento en la ocupación de camas críticas, frente a un personal sanitario que sufre el desgaste y el cansancio acumulado en casi seis meses.
Por otro lado, el conjunto de fuerzas institucionales que tienen a su cargo la toma de decisiones para enfrentar la pandemia también parece haber entrado en un estado de confusión, haciendo lugar a un sinfín de dudas respecto de la verdadera realidad que atravesamos frente al coronavirus.
El cambio en la modalidad de testeo anunciado por la Provincia hace unos días, sólo sirvió para generar un mar de especulaciones y dudas respecto del objetivo de este giro en la manera de testear a posibles casos positivos. De hecho, integrantes del personal de salud han denunciado públicamente un atraso en los resultados de los testeos, frente a una demanda de pruebas de Covid-19 que ha sobrepasado la capacidad para responder satisfactoriamente.
Además, a esto se suma un bombardeo informativo que circula como reguero de pólvora en la sociedad y que muchas veces estas informaciones suelen ser falsas, sumando a la desorientación de la ciudadanía que asiste a un panorama en principio contradictorio: mientras aumentan los contagios por el relajamiento social, paralelamente se habilitan más actividades; por ende, se habilita mayor circulación y mayor contacto.
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