Unicameral aprobó multas para quienes incumplan medidas sanitarias

Luego de idas y vueltas en torno a la redacción de algunos puntos del proyecto oficial, este miércoles se aprobó en la Unicameral el proyecto de ley que establece multas para quienes violen medidas sanitarias establecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

La encargada de presentar el tema en el recinto fue la oficialista Liliana Abraham, quien advirtió que hay conductas que “exhiben un desapego a las normativas ponen en riesgo a la gran mayoría de los cordobeses".  "Entramos a una nueva fase, en la que debemos ser más responsables, para lo cual el Estado provincial debe adoptar medidas mediante la creación de un régimen sancionatorio especial para garantizar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias", advirtió.

“Esta ley viene a reforzar las disposiciones del COE, colaborando de esa manera a los fines para los que fue creado. Es fundamental comprender la necesidad extrema de apegarse a los protocolos que debemos acatar rigurosamente considerando la peligrosidad que implica cualquier brote”, señalo Abraham.

Con voto dividido por parte de los opositores, el radical Dante Rossi coincidió en la necesidad de “avanzar en una regulación a partir de implementación de un régimen sancionatorio”. “Vivimos una primera parte de esta pandemia en la que el Estado se puso al hombro el cuidado de la salud de la sociedad y, mediante una cuarentena fuerte, nos permitió poner al sistema sanitario a la altura de las circunstancias. Ahora, mientras se abren las posibilidades de volver a la actividad, lo que era una responsabilidad absoluta del Estado, hoy pasa a que analicemos la responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos”, describió el radical al justificar su voto favorable a una ley.

Entre los que se opusieron, una de las cuestiones centrales de la discusión pasó por los montos de las multas, que arrancan de los $5 mil y se extienden hasta los $500 mil. Para Cossar, esos montos son “irracionales”.

Según el radical, el salario mínimo, vital y móvil ($16.875) debería ser el parámetro para establecer los montos de las multas, por lo que lamentó que los mínimos establecidos por la ley representen casi el 30% del total de ese salario básico. “A una sociedad que hoy está en el 50% de la pobreza le vamos a estar aplicando una sanción por no usar el barbijo que se va a llevar el 30% del salario de una persona que apenas si recibe el dinero justo para no ser considerada pobre”.

Otro de los puntos a los que el radicalismo se opuso es el que permite al Gobernador “a incorporar nuevos tipos de infracciones o modificar las faltas enumeradas en la ley”, dependiendo del desarrollo de la pandemia en nuestra provincia. Para el grueso de la oposición, la existencia de dicho artículo avanza sobre una facultad del Poder Legislativo que, tras la norma aprobada este miércoles, se trasladaría a manos del Ejecutivo.  

“La sociedad cordobesa no puede más, después de cien días de confinamiento necesita otras respuesta de manos de quienes gobiernan. Ninguna de estas respuestas parecen estar llegando”, advirtió Cossar al fundamentar su voto negativo al proyecto.

En la misma línea al interior del radicalismo, Verónica Garade Panetta definió al proyecto como “carente de toda empatía social”, por ser impulsado en un momento “económicamente caótico” tras más de cien días de crisis generalizada profundizada por la cuarentena y la pandemia. “A cien días no hay ni un solo proyecto destinado a hacer cesar o mitigar los efectos económicos nocivos de la pandemia”, denunció.

Aunque casi todo el bloque de Juntos por el Cambio acompañó el proyecto, Orlando Arduh también advirtió también sobre la delegación de facultades legislativas a la esfera del Ejecutivo.  “Esta herramienta servirá en el corto plazo para formalizar buenas conductas. Si hay espíritu de cumplir los cordobeses no deberíamos temer a ningún tipo de multa” señaló el titular del bloque, quien antecedió en la palabra a Patricia de Ferrari, una de las dos legisladoras que se opuso a la aprobación de la norma. La otra fue Daniela Gudiño.

Según De Ferrari, “no corresponde penalizar a todos por igual” teniendo en cuenta que hay sectores del territorio provincial en los que el cumplimiento de las disposiciones sanitarias han sido las correctas a punto tal de no contabilizar contagios desde el comienzo de la pandemia. “Es importante confiar en la capacidad de autoregulación de la sociedad”, señaló, a la vez que pidió “no darle más funciones a un Estado que no cumple” con su responsabilidad de control; “y no coartar a la autodisciplina y la responsabilidad de una sociedad que se ha cuidado muy bien en este tiempo, al punto tal de no haber experimentado contagios”.

Según consta en la ley aprobada, el órgano de aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia. El secretario de Coordinación de dicha cartera, Alejandro Gauto, manifestó que se trata de “una ley importante, sobre todo para reforzar conductas positivas apelando a la responsabilidad social y comunitaria y el cumplimiento de los protocolos”.

En la misma dirección se manifestó el coordinador del COE, Juan Ledesma, quien destacó los “más de cien días de trabajo arduo por parte de toda la comunidad” que permitieron ir “flexibilizando actividades ante la necesidad social, económica y productiva”. “En virtud de que no toda la sociedad, sino gran parte, se ha comportado de la misma forma solidaria, es necesario reforzar las conductas de responsabilidad social a través de la implementación de esta herramienta”, dijo.

La nueva ley, que entrará en vigencia dentro de los próximos diez días hábiles, sanciona el incumplimiento de:

• Medidas de protección personal: multas de entre 5 mil y 10 mil pesos.
• Infracciones a los protocolos de prevención para actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales: multas entre 5 mil y 50 mil pesos.
• Relacionadas a las reuniones familiares o de cualquier otro tipo: multas de entre 10 mil y 100 mil pesos.
• Vulneración de lo dispuesto para el ingreso, tránsito y permanencia en territorio provincial: multas de entre 50 mil y 500 mil pesos. 
• Incumplimiento de cuarentena, aislamiento sanitario estricto y cualquier otra indicación epidemiológica: multas de entre 20 mil y 200 mil pesos.
• Se disponen descuentos del 50 por ciento en casos de pago voluntario.

Todo lo recaudado será destinado al Fondo para la Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.

La autoridad de control de la ley es el Ministerio de Seguridad de la Provincia y todo otro funcionario de la administración pública provincial, municipal o comunal designada, capacitada y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación.

Los juzgados provinciales de faltas intervinientes en las infracciones de tránsito tendrán competencia material para el juzgamiento de las faltas establecidas en este Régimen Sancionatorio Excepcional.

“Quiero ver al peronismo y a los dirigentes sindicales votando la criminalización de la protesta social” dijo, provocativo, Aurelio García Elorrio al pedir una votación nominal sobre el proyecto de ley que se aprobó este miércoles. “Han aprovechado la pandemia para llevar adelante un montón de herejías sociales, cosas gravísimas, violaciones constitucionales enormes como la ley jubilatoria y todo lo que está haciendo Llaryora en la ciudad de Córdoba. ¿Ustedes creen que nosotros creemos que el único motivo para traer este proyecto de ley sea “una forma eficaz para avanzar en la lucha contra la pandemia”? No les creo porque aprovecharon que la ciudadanía no se puede defender para ir acomodando un montón de cosas. Ese es el estilo Schiaretti”, espetó el legislador sentado en su banca del recinto.

“Mañana mismo, esta Capital va a ser un desfile de protestas. ¿Le van a aplicar esto? Ustedes no pueden dialogar con los ciudadanos porque se fumaron una provincia. La cuestión de fondo acá es el disciplinamiento de la protesta social en los tiempos que se avecinan”, dijo el legislador que vaticinó futuras presentaciones judiciales porque “todas las violaciones del dispositivos del COE están contempladas ya como delitos en el artículo 205 del Código Penal”. “Al votar esta ley estarán obligados a notificar a un juez la existencia de un delito cada vez que cobren una multa (…) Necesitamos una herramienta de disciplinamiento social pero no ésta, hecha de esta manera  en un momento en el que el 50% de la gente está bajo la línea de pobreza”, afirmó.

En la misma línea, Soledad Díaz García advirtió que “las sanciones, sobre todo, están dirigidas al conjunto de la clase trabajadora”. “Este Gobierno ha paralizado el debate parlamentario porque en este lugar lo único que se ha discutido son iniciativas pactadas entre el Ejecutivo y COE, que tiene más facultades de decisión que cualquier otro durante la pandemia y se trata de un organismo en el que intervienen las fuerzas represivas del Estado. Con este nuevo régimen, están legitimando una actuación punitiva y confiscatoria de las mayorías trabajadoras”, denunció la legisladora del Frente de Izquierda.

“Acá sólo están tratando de endilgar culpas a las mayorías empobrecidas de Córdoba para desligarse absolutamente de la responsabilidad por los contagios que se están propagando, además de que esto les sirve para perseguir a aquellos que denuncian lo que ustedes están haciendo, que no es otra cosa que avanzar en la flexibilización que les exigen los empresarios”, señaló Díaz García.

Para Luciana Echevarría, “los principales brotes fueron responsabilidad exclusiva del Gobierno que flexibilizando y permitiendo a las empresas no cumplir con los protocolos ha puesto en riesgo la salud de la población. Sin embargo ahora se apuran a aprobar esto que jurídicamente es un mamarracho y sólo sirve para seguir castigando a la población y recaudar, mostrando una vez más que la salud de los cordobeses poco le importa”.

“Aún en las peores condiciones, con un Estado ausente, derechos recortados, ajustes y crisis, las cordobesas y cordobeses tuvieron una actitud ejemplar en estos casi 120 días de pandemia. No se puede decir lo mismo del gobierno que ni siquiera garantizó elementos de protección personal suficientes para los trabajadores de la salud y tiene a barrios enteros sin agua y servicios básicos”, denunció la legisladora del MST, presente en el recinto.

“Desde nuestro bloque insistimos en la necesidad de fortalecer el sistema público sanitario destinando una partida presupuestaria excepcional que surja de cobrar fuertes impuestos a las grandes fortunas y no de meter la mano en los bolsillos a los más desfavorecidos”, concluyó Echavarría.

El encargado de cerrar el debate fue el titular del bloque mayoritario, Francisco Fortuna. “El objetivo principal de esta norma es sumar a la política preventiva y sumar un instrumento en este escenario de pandemia”, advirtió el ex ministro de Salud.

“Se ha demostrado a nivel mundial que la flexibilización de las cuarentenas sólo se logra con una mayor responsabilidad social e individual, y con Estados que ejerzan controles más efectivos para cuidar a la población. Nosotros hemos trabajo en esta ley a partir de nuestra realidad social y epidemiológica. La pandemia nos obliga a un tratamiento rápido porque nunca vamos a ser tan veloces como el tratamiento en propagarse”, indicó Fortuna quien denunció a “aquellos que piden tiempo sólo para quedar entrampados en la indefinición, oponerse y meter palos en las ruedas”. “Tiempo en lo que no tenemos”, advirtió el legislador oficialista.

“Hemos tenido una gran voluntad para incorporar cuestiones que hacen al proyecto pero a lo mejor no pudimos lograr satisfacer las expectativas que se tenían desde la oposición. De nuestra parte, estamos absolutamente convencidos de que estamos haciendo una ley que va en orden con mejorar las condiciones sanitarias y a garantizar mayor eficacia en los buenos resultados que Córdoba ha conseguido con los buenos esfuerzos de la gente y una actitud oportuna del sistema de salud de la Provincia de Córdoba”, concluyó Fortuna.

Por último, la ley, aprobada con 57 votos a favor y 10 en contra, establece la creación de una Comisión de Seguimiento del Régimen Sancionatorio Excepcional - Covid-19, la cual estará integrada por el presidente provisorio de la Legislatura, tres legisladores del bloque de mayoría; dos del bloque de la primera minoría; un legislador del bloque de la segunda minoría y un legislador por los bloques de las restantes minorías. También integrarán la comisión un miembro del COE, uno del Ministerio de Salud de la Provincia y uno del Ministerio de Seguridad de Córdoba.