Trabajadores de los interurbanos de Córdoba protagonizan el paro más extenso de la historia del sector. El incumplimiento de acuerdos y la (conveniente) inacción del Estado.
Ed Impresa 12/06/2020
César Martín Pucheta
Hace poco más de diez días, los trabajadores del transporte interurbano de Córdoba se sentaban en una mesa y tras una medida de fuerza que se había extendido por casi dos meses, lograban alcanzar un acuerdo en el que, cediendo en parte de sus reclamos, se proponían poner fin a un paro inédito en la historia del sector.
El lunes 13 de abril había comenzado una medida de fuerza extrema luego del incumplimiento en el pago total de salarios, que en algunos casos directamente habían sido inexistentes. Hasta el momento del acuerdo, habían pasado 47 días, varias reuniones, reclamos colectivos, actividades de visibilización pública neutralizadas en nombre aislamiento sanitario y una visible displicencia por parte de las autoridades a la hora de intermediar.
En aquella tarde del 29 de mayo se acordó pagar la diferencia de los haberes de marzo y abril de modo diferenciado. Además, se agregaba una cláusula de estabilidad laboral por seis meses y se aceptaba el pago del 75% correspondiente a los haberes de mayo, que debía hacerse efectivo al cuarto día hábil de junio. Esa plata nunca apareció. Al cierre de esta edición, el paro estaba a punto de alcanzar los 61 días.
“Estamos igual que el día uno del conflicto, sin solución”, decía a La Nueva Mañana Claudio Luna, el secretario gremial de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita). Con una evidente desazón que se adueña de su voz, el representante sindical reniega del incumplimiento del acuerdo por parte de las empresas y descree de la voluntad oficial para llevar el conflicto a una solución.
“La única lectura posible es que no quieren asumir el costo político que significa paralizar por decreto el transporte interurbano, entonces dejan que el conflicto se extienda”, señala. De hecho, afirma que desde el incumplimiento del acuerdo, ninguna autoridad los ha convocado para intentar destrabar el conflicto. “Más allá de algunas comunicaciones informales, no tenemos nada, por eso estamos analizando llevar la situación ante la Justicia”, afirmaba Luna. Ayer, la comisión directiva del gremio se mantenía reunida analizando esa posibilidad.
Desde el comienzo del conflicto, con el argumento de carecer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones, quienes explotan el servicio vienen depositando montos “de a puchitos”, y “tienen a los trabajadores sumergidos en un estado de preocupación y angustia permanentes”.
“Imaginate lo que es no poder llevar un plato de comida a tu familia durante tres meses”, interpela Luna, que también agrega que el gremio estuvo entregando bolsones alimentarios a aquellos sectores de trabajadores que comenzaron a experimentar complicaciones para solventar sus necesidades más básicas.
Esos montos que las empresas depositan como una forma de “demostrar buena voluntad”, en el mejor de los casos alcanza a completar el 50% de los salarios que corresponderían según los convenios vigentes, aunque en la mayoría ni siquiera alcanza a ese porcentaje. “Desde un primer momento, nosotros estamos pidiendo ver los números de las empresas porque siempre intentamos saber y comprender la situación en la que estamos parados. Pero nunca muestran nada, a pesar que la Secretaría de Transporte debería tener todos los números en claro, pero nosotros no los conocemos”, afirma.
A partir de una larga experiencia en materia de negociaciones gremiales, desde Aoita aseguran que las empresas “siempre dicen que dependen del subsidio”. En ese marco reconocen una estabilidad en la llegada de los subsidios provinciales, pero un desfasaje ya naturalizado en la llegada del subsidio nacional, que duplica los montos otorgados por la administración cordobesa.
“Uno nunca sabe cuándo pueden llegar los fondos nacionales porque no hay nunca una fecha cierta, puede ser entre el 10 y el 15 o el 20. Uno habla con los representantes de la Secretaría de Transporte y mientras alguien te afirma que todo está ‘a punto de salir’, una persona de la misma oficina afirma que ‘no hay nada’. Entonces uno ya no sabe a quién creerle. Lo cierto es que, ante el conocimiento de esta situación, las empresas se comprometieron a depositar la plata que nunca depositaron. Nos dijeron que se las iban a poder arreglar y así nos invitaron a firmar un acuerdo que ellos incumplieron desde el primer punto”, describe Luna que explica que en ese incumplimiento se sostiene la medida de fuerza.
Así, el subsidio nacional podría llegar en cualquier momento, pero la confianza está rota. Si bien los fondos podrían habilitar el depósito de modo inmediato, el gremio advierte que se deberán a analizar los pasos a seguir. El paro no se levantará de modo inmediato en tanto y en cuanto no haya garantías respecto al futuro inmediato.
Desde Aoita saben que, incluso en el mejor de los casos, la reactivación del servicio llevará algunos meses. Entre la pandemia y la crisis económica, es por todos conocidos una situación que restringirá el servicio y recortará horas de trabajo. Sienten que las empresas esconden la información, que las autoridades no destraban el conflicto porque el parate es funcional a la estrategia sanitaria y, en la peor de las sensaciones, tienen la impresión de que los empresarios “han estado especulando con la plata de los salarios”.
“Nunca pudieron explicar por qué no pagaron el 100% de marzo, ellos laburaron con normalidad hasta el 19 de marzo y después, en mayor o menor medida, siguieron trabajando hasta fin de mes. Es ilógico que hayan depositado el mismo porcentaje durante ese mes que durante abril, cuando no trabajaron nada”, explica Luna. “¿Qué hicieron con la recaudación de marzo?”, se pregunta el representante gremial que también sabe que los subsidios siguieron llegando en los meses subsiguiente, en los que por la pandemia, los gastos operativos desaparecieron por completo.
En este panorama, los trabajadores del transporte interurbano enfrentan una situación en la que ya no sólo esperan solucionar los temas pendientes, sino que auguran resolver un futuro que se presenta demasiado complejo. “Esto es un conflicto de derechos que en tiempo normales se resuelve en 24 horas. Es imposible no pensar que el Gobierno ha aprovechado este conflicto para que no haya transporte. Si no es así, la desidia del Estado no tiene ninguna explicación”, afirma Luna.
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