Brasil: la Justicia ordenó desbaratar la "oficina del odio" de Bolsonaro

Así es como se conoce en el país vecino a la máquina de propaganda y ‘fake news’ de aliados y adeptos del presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro.
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Brasil parece haber entrado en un espiral de tensión entre el máximo tribunal y el bolsonarismo. - Foto: Télam.

La "oficina del odio”, como se conoce en Brasil a la máquina de propaganda y ‘fake news’ de aliados y adeptos del presidente Jair Bolsonaro, fue desbaratada este martes por el máximo tribunal de Brasil, que ordenó 29 allanamientos e investiga una asociación ilícita financiada por magnates cercanos al mandatario y ejecutada por blogueros y parlamentarios.

El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó los allanamientos ejecutados por la Policía Federal en domicilios de amigos de Bolsonaro que forman parte de los medios de la ultraderecha brasileña, lo cual provocó la reacción de los hijos del mandatario, que calificaron de “inconstitucional” y “dictatorial” a la medida.

De esta manera, Brasil parece haber entrado en un espiral de tensión entre el máximo tribunal y el bolsonarismo, la misma fuerza política que realiza manifestaciones los fines de semana para pedir el cierre de esa misma corte.

Este choque de poderes suma, además, otro condimento: el fiscal general, Augusto Aras, se opuso a esta operación y busca anularla.

Sin embargo, Moraes fue contundente en su orden de allanamiento: “Las pruebas recogidas y las pericias apuntaron a la existencia de una asociación criminal dedicada a la diseminación de noticias falsas, ataques a personas, autoridades e instituciones, como el supremo tribunal, con contenido de odio, subversión del orden e incentivo al quiebre de la institucionalidad democrática”, subrayó.

Seis diputados federales bolsonaristas serán llamados a declarar por Moraes tras el allanamiento en Brasilia de la oficina de Terça Livre (Martes Libre), el portal del bloguero estrella de la extrema derecha, Allan dos Santos, aliado de los hijos del presidente.

El juez quebró el secreto fiscal y bancario desde 2018 -año en que Bolsonaro encabezó con éxito su primera campaña presidencial- de empresarios bolsonaristas como Luciano Hang, el excéntrico magnate dueño de una cadena de productos importados llamada Havan, famosa por tener la Estatua de la Libertad como símbolo de sus tiendas.

También accedió a los registros del dueño de la cadena de gimnasios de bajo costo SmartFit, Edgar Corona, el militar Winston Rodrigues Lima y el humorista Reynaldo Bianchi, conocido por su personaje “Hurry Fucker”, una suerte de Harry Potter fascista.

Según analistas, la filial local de Steve Bannon, uno de los hombres que estuvo detrás de la maquinaria de fake news de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, estaba representada por estos aliados de Bolsonaro.

Para Folha de Sao Paulo, el presidente Bolsonaro teme que su hijo Carlos, concejal de Río de Janeiro y estratega de las redes sociales, sea el próximo blanco de los allanamientos de la corte.

“Esta investigación es inconstitucional, política y ideológica”, sentenció Carlos Bolsonaro, el hijo del mandatario a quien se le atribuye haber montado en el Palacio del Planalto la llamada “oficina del odio”.

En tanto, en Twitter, Eduardo Bolsonaro, diputado y otro de los hijos del mandatario, acusó al juez Moraes de actuar de forma “dictatorial” contra sus aliados.

“Los que creían que Brasil tendría medidas autoritarias a partir de las elecciones de 2018 acertaron, pero no contaban con que la orden dictatorial no vendría del presidente que ellos tanto acusan de dictador”, denunció el joven Bolsonaro.

La ira de los hijos del mandatario demuestra que la operación, ordenada por el STF, sorprendió al bolsonarismo.

Además de las residencias de magnates y empresarios allanadas en varios estados, seis diputados federales que son parte de la tropa de choque del presidente Bolsonaro en la Cámara de Diputados y en las redes sociales están siendo investigados y serán llamados a declarar.

Se trata de Carla Zambelli, Bia Kicis, Daniel Silveira, Filipe Barros, Junior de Amaral y Luiz Phillipe Orleans e Bragança, descendiente de la familia real brasileña que gobernó hasta 1889.

En San Pablo, los allanamientos se extendieron incluso hasta dos despachos de diputados de la Asamblea Legislativa estadual.

La ofensiva judicial también hizo reaparecer a otro personaje famoso de la derecha brasileña: Roberto Jefferson, presidente del Partido Trabalhista Brasileño (PTB).

Jefferson es famoso en el país por haber confesado su participación en el primer escándalo de corrupción que sacudió al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el mensalao.

Jefferson fue un aliado del ex presidente Fernando Collor de Mello y reapareció en este contexto de crispación política para defender a Bolsonaro en las redes sociales.

Su última aparición fue un video con un arma diciendo que los jueces de la corte no podían enfrentar a una escopeta con la toga.

La serie de allanamientos también se centró en los domicilios de otros dos personajes populares de la extrema derecha brasileña: el periodista Allan dos Santos, del blog Terça Livre (Martes Libre); y la ex dirigente Sara Gironimi, quien adoptó el nombre de Sara Winter, de una líder fascista británica.

Winter comanda un campamento en Brasilia llamado “300 de Brasil”, que según ella misma explica, se encarga de adoctrinar a la población contra el comunismo, y habitualmente al presidente Bolsonaro en la puerta del Palacio de la Alvorada.

La operación se mantuvo en sigilo hasta hoy y logró el efecto sorpresa deseado, pese a la creciente escalada institucional que domina la relación del Poder Ejecutivo y los otros dos poderes del Estado y que tiene actualmente como eje el control el control de la Policía Federal, una entidad autónoma del gobierno, que, no obstante, depende del Ministerio de Justicia.

El STF investiga si Bolsonaro intentó e intenta manipular las investigaciones de la Policía Federal que involucran a su familia y aliados, en base a una denuncia que hizo el ex juez Sérgio Moro al dejar el Ministerio de Justicia el mes pasado.

Fuente: Nodal y Télam

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