La aprobación de la reforma previsional terminó con la convivencia amable del oficialismo, los gremios y la oposición. ¿Cómo repercute la decisión dentro de Hacemos por Córdoba?
Ed Impresa 22/05/2020
César Martín Pucheta
El pasado 12 de mayo se cumplió un año de la victoria electoral que habilitó a Juan Schiaretti para hacerse cargo de la gobernación de Córdoba por tercera vez. Lo contundente de aquella victoria en la que superó por más de 40 puntos a su inmediato perseguidor, dejo abierta toda una serie de interpretaciones a futuro respecto a las actitudes que podían asumirse desde el Poder Ejecutivo. “Ni por asomo esa diferencia nos hará creer que los cordobeses nos dieron la suma del poder público, porque no es así”, dijo el gobernador cuando asumió el 10 de diciembre.
Hasta el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio eran pocos los que se animaban contradecir aquellas afirmaciones. Desde ese momento, algunas voces comenzaron a alzarse advirtiendo cierta “cerrazón” por parte de la administración provincial.
Esas miradas provenientes desde los sectores más críticos de la oposición encontraron el pasado miércoles un conjunto de argumentos que no sólo -según dicen- “corrieron el velo a la fachada de institucionalidad del Gobierno” sino que, además, terminaron por resquebrajar una suerte de acuerdos que venían siendo uno de los pilares del schiarettismo en los últimos años. La idea de “Córdoba entre todos”, viejo slogan provincial, quedó jaqueada tras la reforma previsional.
La reforma que el Gobierno provincial llama Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional fue rechazado al unísono por todos los gremios cordobeses, históricamente cercanos al Ejecutivo cordobés. Los espacios de representación del universo del trabajo en la provincia apenas tardaron un par de horas en convocar a una conferencia de prensa en la que anticiparon una serie de medidas tendientes a dar batalla a lo que definieron como “un atropello” por parte de la administración provincial.
Imposibilitados de movilizarse por las disposiciones obligadas por la pandemia, los sindicatos no descartaron activar planes de lucha en un futuro inmediato en la que seguramente se activarán iniciativas judiciales. Algunos referentes, de hecho, se animaron a anticipar “una catarata de juicios”. Desde el momento mismo en que se anunció el ingreso del proyecto al recinto, las carpetas comenzaron a prepararse en los estudios jurídicos que habitualmente llevan adelante este tipo de procesos.
La dureza de los discursos opositores ocupó el centro del protagonismo en la sesión del pasado miércoles. La crítica central estuvo centrada en “las formas” en las que el oficialismo decidió encarar el tratamiento legislativo, aunque “el fondo” también se hizo presente en varios pasajes del debate. Así, el radicalismo cuestionó el gasto “excesivo” e “irresponsable”, la izquierda el “atropello al pueblo trabajador”, Encuentro Vecinal la “transparencia” con la que se administran los fondos provinciales. Todos los bloques hablaron de “mala praxis” y, con mayor o menor intensidad, presagiaron que el peronismo deberá hacerse de cargo de sus responsabilidades cuando la historia se imponga por sobre las mayorías legislativas.
El peronismo respondió, por supuesto, y sobre el final de la sesión Francisco Fortuna recordó a los legisladores “que estaban o están vinculados históricamente con la Unión Cívica Radical” que fue Mestre quien llevó adelante el recorte “más grande de la historia de la historia de la Caja de Jubilaciones de Córdoba”. Fue en 1995, recortó el 18% a las jubilaciones y significó el fin del 82% móvil. “Y lo hizo por decreto”, bramó Fortuna al recordar el 1.777 que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional casi diez años más tarde, en el año 2005.
Para ese momento, el bloque de Juntos por el Cambio había abandonado la sesión. Un par de horas antes, los legisladores (de todos los bloques) habían ocupado sus bancas como gesto de queja. De hecho, la mayoría participó de la sesión o bien desde el recinto o bien desde sus oficinas. Hasta esos acuerdos básicos, que había conseguido llevar adelante la primera sesión virtual en la historia de la Unicameral, comenzaron a resquebrajarse este miércoles.
El único radical “en casa” era el presidente del bloque, Antonio Rins. Desde allí señaló que desde el año pasado existen “conversaciones sobre la necesidad de encarar a fondo una reforma del sistema previsional” y lamentó que el gobierno provincial haya decidido unilateralmente abortar esa posibilidad. A nadie le sorprendieron sus afirmaciones, sobre todo a los espacios que desde hace años vienen denunciando la existencia de algo que se nombra como “partido cordobés”. La izquierda es uno de esos sectores, que profundizó sus críticas tras el apoyo expresado por los principales bloques opositores al accionar del Gobierno durante la emergencia sanitaria. Eso también se terminó esta semana. Quedan en el diario de la sesión las expresiones en las que los legisladores radicales y macristas insinúan una directa relación entre la vuelta atrás en las flexibilizaciones anunciadas por el COE y la sorpresiva discusión previsional.
En el “no vamos a ser parte de este unicato” pronunciado por Orlando Arduh, en uno de los discursos más encendidos de la tarde, la fractura queda expuesta. La tan nombrada “convivencia institucional” es otro de los conceptos caídos en medio de la batalla de la reforma del miércoles.
La discusión del miércoles también sirvió para dejar expuestos algunos roces conocidos para los pasillos y pocillos legislativos pero correctamente resguardados por la “conducta partidaria” en el seno oficialista.
La primera quedó expuesta en la decisión de José Pihen y Sara García de votar en contra del proyecto. No es la primera vez que “la pata sindical” del bloque oficialista decide no acompañar iniciativas que entienden contrarias a los intereses de los trabajadores. Esa posición que impone los mandatos de las bases sindicales por sobre las necesidades partidarias se ha dado en un puñado de ocasiones la historia legislativas del titular de la Regional Córdoba de la CGT, pero es la primera vez que se da durante esta nueva etapa que se abrió en diciembre del 2019. Sus compañeros de bancada lo entienden y, por lo bajo, algunos suelen darle la razón.
No tan “por lo bajo” fue la queja de los legisladores del peronismo más cercanos al Frente de Todos. Relegados en el “reparto” provincial, el sector identificado con la figura del senador Carlos Caserio amagó con no acompañar el proyecto apenas un rato antes de la votación. Más allá de la lógica de los argumentos políticos (es conocido el pedido nacional en torno a la armonización sobre la que el nuevo sistema avanza) ese grupo de legisladores planteó diferencias con el modo y el momento en que habían sido “convocados” para “poner la cara” en un contexto tan incómodo. Al no poder torcer el rumbo de la votación, la opción perdió peso y todo se solucionó en una reunión que sentó en una oficina a ambas partes que conviven en el espacio oficialista.
Para coronar los ruidos internos de Hacemos por Córdoba, la del miércoles fue la primera sesión en la que los nuevos aliados del armado comandado por el justicialismo cordobés decidieron “despegarse” y “hacer la propia”. Matías Chamorro (Partido Socialista), Juan Castro (Partido Fe) y Doris Mansilla (Gen) sumaron las tres abstenciones que podrán quedar para la historia como un detalle a la luz de la inmensa mayoría con la que cuenta el oficialismo en la legislatura, sin embargo puede no serlo en un futuro.
Si bien no hay temas en carpeta que repliquen la complejidad del votado este miércoles por parte del oficialismo, los entretelones dejan sentadas algunas dudas respecto a lo que podría llegar a suceder en casos en los que el peronismo llegase a necesitar aprobar alguna iniciativa con mayorías agravadas. En el medio de eso todavía hay una elección provincial interna por resolver y algunas grietas que todavía no terminan de cerrarse del todo. Todo lo que la pandemia había “pateado para adelante” volvió en forma intempestiva, atado al proyecto que generó la primera gran polémica en la historia del nuevo recinto legislativo.
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