La iniciativa busca generar el acceso equitativo y democrático de la literatura en escuelas y bibliotecas. Nuevas oportunidades para la industria del libro y los sellos independientes.
Ed Impresa 10/01/2020
Fabiana Cuba
El relanzamiento del Plan Nacional de Lecturas -en plural- viene a poner nuevamente en agenda la importancia del acceso equitativo a la diversidad que ofrece el mundo cultural, desde una perspectiva de derechos humanos.
Es por ello que una de las primeras políticas públicas que puso en marcha el Ministerio de Educación, encabezado por Nicolás Trotta, fue la de revitalizar la importancia del libro en las manos de niñas, niños y adolescentes en plena formación.
Según datos difundidos por la cartera nacional, casi el 70% -68,3%- de los niños y niñas de entre 0 a 12 años, que viven en contextos de mayor vulnerabilidad económica, no tienen libros en sus casas. Esta cifra es preocupante ya que muchos de ellos no cuentan con la posibilidad de acceder a este tipo de material ni siquiera a través de Internet.
El objetivo central de esta iniciativa no es distribuir libros por doquier, ni preformatear un listado obligatorio de lectura a seguir. Por el contrario, el pilar fundamental es la garantía efectiva del derecho a la lectura como herramienta para democratizar el conocimiento. Un punto de partida.
La idea fue aplaudida por la industria editorial que en el tercer trimestre de 2019 sufrió un retroceso del 45%, cifra que impactó en la producción de los sellos independientes. La actividad observa con expectativa y espera que esta propuesta permita reactivar -de alguna manera- los números en rojo.
De acuerdo a los datos publicados en noviembre por la Cámara Argentina del Libro, la producción acumulada al tercer trimestre mostró un retroceso de 45 puntos porcentuales en la cantidad de ejemplares, respecto al mismo período de 2016.
La tirada promedio de los lanzamientos editados por el sector comercial, pasó de 2700 ejemplares en 2016 a 1700 en 2019. La mayoría de estas novedades salieron al mercado con una tirada de apenas 1.000 ejemplares, lo cual se traduce en menos de un ejemplar por cada librería en la plaza local. En el caso de las editoriales Pymes, la caída en las ventas osciló entre el 5 y el 20%.
Al respecto, María Teresa Carbano, presidenta de la Fundación El Libro que organiza ferias y congresos en todo el país, manifestó que la situación de la actividad se encuentra en un estado crítico, asemejándose a lo que padecen otros sectores de la industria nacional, debido a la menguada capacidad de compra de la población.
“La caída de la economía afectó al consumo porque no es un artículo de primera necesidad. Pero nosotros confiamos en que pueda haber una recuperación económica y entendemos que cuando se empieza a hablar de libros y se pone en primera plana el tema de la lectura se percibe una recuperación en cuanto a las ventas”, destacó en diálogo con La Nueva Mañana.
El pilar fundamental es la garantía efectiva del derecho a la lectura como herramienta para democratizar el conocimiento.
La acelerada puesta en marcha del programa fue de gran sorpresa para el sector editorial, que espera ser convocado para definición de las próximas etapas.
“Para la selección de los libros y las diferentes etapas seguramente seremos convocados. Esta es una gran oportunidad. A eso se suma que las compras que se puedan realizar desde el Estado serán de gran ayuda para el sector”, aseguró.
En ese sentido, Bárbara Couto, comunicadora social cordobesa y socia fundadora de Ediciones de la Terraza, afirmó que el plan representa una gran apuesta y una posibilidad de crecimiento para la industria. “Aunque no interpele directamente a los sellos más pequeños, lo que propone el plan es muy positivo. Reactivar el plan anterior pone la vara alta y las proyecciones son muchas. El plan anterior llevó millones de libros a las escuelas y por varios años las bibliotecas de escuelas de todo el país contaron con material de lectura de primer nivel”, remarcó al ser consultada por este medio.
Couto dio a entender que muchas editoriales independientes de todo el país esperan tener la oportunidad de acrecentar los alcances de sus publicaciones y poder lograr que sus trabajos lleguen a las aulas.
Asimismo, resaltó la puesta en valor del rol de los mediadores. “Es importante que la capacitación acompañe la llegada de los libros con el objetivo de compartir la lectura en comunidad”, añadió.
“Leer es un derecho y buscamos hacerlo efectivo”, sostuvo Trotta, el pasado 30 de diciembre, durante la presentación de la propuesta que pretende alcanzar 10 millones de niños, niñas y adolescentes de nivel primario y secundario.
La labor que será coordinada por Natalia Porta López contará con un presupuesto estimado en 400 millones de pesos, como inversión inicial en el primer semestre de 2020, y entrará en vigencia desde febrero.
Cabe recordar que la iniciativa fue creada durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1984, discontinuada en los ‘90 y desde 2016 durante la gestión del Gobierno de Mauricio Macri.
“El plan original nació después de la dictadura militar y de la mano de Alfonsín con el fin de promover la lectura en la ciudadanía”.
Sin embargo, entre 2003 y 2015 se llegaron a distribuir gratuitamente 40 millones de ejemplares libros, cifra que alcanzó a unas 2.254.721 personas.
Para Carbano es importante recordar que “el plan original nació después de la dictadura militar y de la mano de Alfonsín con el fin de promover la lectura en la ciudadanía”. “Siempre se mantuvo a pesar de los avatares. Pero con el gobierno anterior, se desmanteló por una decisión de no seguir adelante”, agregó.
Por otra parte, subrayó que se está vivenciando un cambio en la perspectiva en la que se encara la lectura. “Desde el momento en el que se piensa a la lectura como un derecho, estamos hablando de un cambio de visión que será más abarcativa. Sabemos que no es fácil promover la lectura, pero se está tratando de hacer un plan ambicioso a través de la red de mediadores que acerque la lectura a los chicos y jóvenes. Se busca crear una verdadera comunidad de lectores y que la lectura llegue a los hogares”, indicó la también titular del Grupo Imaginador Ediciones, quien fue una de las invitadas especiales al lanzamiento oficial.
Vale señalar que en esta nueva reconfiguración, se creará también el “Consejo Asesor de Lectura” que estará integrado por personalidades del campo literario, representantes de la comunidad educativa de las 24 jurisdicciones del país, para definir federalmente los acuerdos en torno a las colecciones, textos y obras que conformarán el acervo del plan.
Igualmente, se dará origen a la “Red Federal de Mediadores y Comunidades de Lectura” en escuelas, bibliotecas y otros espacios, para compartir trayectos de formación, encuentros con autoras, autores y especialistas y nuevas colecciones de libros que el Estado volverá a distribuir.
Desde el Gobierno de Alberto Fernández afirman que se trata de un “plan democrático, universal, inclusivo y también multiplataforma que apunta a garantizar 180 lecturas posibles para 180 días de clase; esto tanto en formato papel como digital.
Muchas editoriales independientes de todo el país esperan tener la oportunidad de acrecentar los alcances de sus publicaciones y poder lograr que sus trabajos lleguen a las aulas.
Por otra parte, se realizará una Encuesta Nacional de Lectura sobre el estado de la cuestión en el país, se fortalecerá el papel de las bibliotecas y otros espacios de la comunidad educativa y se implementarán trayectos de formación virtual y presencial en pedagogía de la lectura.
A pesar de las posturas a favor y en contra que puedan despertar este tipo de políticas, lo importante es el cambio de paradigma que se propone. Es importante percibir que el hábito de la lectura, en formato papel o digital, nos fortalece como ciudadanos y alimenta el sentido crítico. De esta forma, la lectura debe dejar de ser algo accesorio para convertirse en un derecho inalienable, en una política de Estado.
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