Los argumentos del gobierno nacional en busca de la emergencia económica

Especial para La Nueva Mañana

El Gobierno comienza a enfrentar la emergencia en que el macrismo dejó al país en casi todos los órdenes con medidas urgentes de reparación en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, para recuperar los ingresos de la población más vulnerable, dotar de sustentabilidad fiscal al Estado y proteger a los sectores productivos.

Los titulares de las carteras de Desarrollo Social y Productivo, Salud y Trabajo concurrieron a Diputados para explicar los detalles del proyecto de ley y luego ante la prensa entre la que se encontró La Nueva Mañana.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró que “la emergencia y el empeoramiento de la situación social es evidente. A fin de año vamos a tener casi 60% de pobreza en los niños. Y la pobreza en general, alcanzará al 40% de la población total del país”.

“Primero vamos a atender lo básico que es el hambre en la Argentina y de ahí empezamos a reconstruir”, dijo el ministro y resaltó que “la primera medida era implementar la tarjeta de alimentos en febrero pero la iniciamos antes porque la situación es realmente crítica en la Argentina”. 

Arroyo expresó que las familias con hijos menores de 6 años a cargo o embarazadas van a acceder a una tarjeta que solo permite comprar alimentos que las familias quieran y de la manera que quieran, el acelerar ese proceso es muy significativo y precisó que las tarjetas serán de cuatro mil pesos, en los casos de las familias con un niño, y de seis mil pesos con dos o más hijos.

También el ministro descartó que la medida sea clientelar, “está claro que acá no hay intermediación, la tarjeta es de un banco público, que no permite extraer dinero y nos permite hacer una política nutricional porque la madre va a comprar alimentos, queda claro que alimentos compró y eso permitirá la asistencia de un nutricionista”.  

El titular de la cartera de Salud, Ginés González García aseguró “Hoy el sistema sanitario está en un punto crítico porque faltan medicamentos, vacunas y el Estado está muy atrasado en el pago a proveedores. Hay riesgos sistémicos que debemos resolver”.

Asimismo, subrayó que “a nadie le gusta declarar una emergencia” pero “el sistema está funcionando a menos de lo que debe funcionar por falta de insumos”. “Estamos bien cerca de entrar en un colapso más generalizado”, y recordó que en los últimos cuatro años “más de 100 establecimientos privados han cerrado”.

González García insistió en que “la situación no es fácil”, por lo que el Gobierno necesita que el Congreso lo autorice a “reasignar prioridades” debido a que hay urgencias para las que se deben destinar fondos provenientes de créditos que habían sido aprobados para otras finalidades.

“Queremos poner muy rápidamente en marcha, otra vez, el Plan Remediar. Es el que mayor equidad genera por su perfil redistributivo. Ahora funciona mal, le cambiaron el nombre y hay discontinuación en la entrega de medicamentos. Queremos volver a llegar a los 14.000 centros de salud de todo el país”, dijo el funcionario.
 
Otro capítulo importante del megaproyecto fue explicitado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni, quien dijo que la iniciativa de emergencia permitirá, según está planteada, establecer “incrementos salariales mínimos para el sector privado”, destacó que está previsto que en los plazos en que dure la emergencia, estos incrementos otorgados por las empresas “puedan ser eximidos de aportes y contribuciones”, lo que conllevaría a repartir el esfuerzo entre el sector privado y el Estado con el objetivo de que esos recursos adicionales “lleguen al bolsillo del trabajador”.

Sobre el artículo de la ley que plantea suspender la movilidad previsional por seis meses, el funcionario dijo que buscará confeccionar una nueva fórmula de actualización automática de haberes que abarca a un total de 18 millones de argentinos. Hasta que haya nueva fórmula, el Gobierno dará aumentos por decreto a los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH. El 30 de diciembre se pagará un bono de $ 5.000 para jubilados y pensionados que cobren la mínima y subas en menores cantidades para quienes cobren hasta $ 19.000. En enero, se dará otro bono similar. Los beneficiarios de AUH, por su parte, cobrarán un bono de $ 2.000 por única vez antes de fin de año.

Moroni enfatizó que no quiere que “quede la sensación de que todos los jubilados son ricos” y explicó que el objetivo es que los jubilados con haberes más bajos, que representan la mayor parte de la población pasiva, cobren “por encima de la inflación”, que quienes tienen ingresos medios “no sean afectados”, mientras que el 20% con jubilaciones más altas “haga un esfuerzo”, solamente por los seis meses que dure la emergencia.
A su turno el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas dijo que la ley permitirá “volver a crecer sobre bases sólidas y priorizando la producción y el trabajo nacional”.

“Este proyecto lo entendemos como un marco conceptual general para encender la economía con este criterio de solidaridad”, enfatizó y señaló que “tener una macroeconomía estable” será “un punto de partida para volver a crecer sobre bases sólidas y priorizando la producción y el trabajo nacional”.

Respecto al sistema energético, el ministro dijo que habrá “una nueva revisión tarifaria que busca reducir la carga tarifaria real. Queremos lograr un adecuado equilibrio entre las inversiones que el sistema energético necesita y el gasto de los hogares y las empresas”. 

Sobre los derechos de exportación apuntó que se busca incrementar un tope del 33% para los porotos de soja; un 15% a otros productos agroindustriales; un 5% a productos agroindustriales de economías regionales; un 5% a industrias y servicios; y un 8% a hidrocarburos y minería.

En referencia al tema de las retenciones, Kulfas indicó que el decreto publicado el sábado pasado lo que hizo fue “adecuar las retenciones que se habían reinstaurado en agosto de 2018, debido a los incrementos que se produjeron en el tipo de cambio” y “no es el esquema de retenciones que estamos pensando”.

Otro de los puntos a los que hizo alusión el ministro fue a la implementación del impuesto PAIS. El funcionario explicó que “Argentina está destinando una cantidad muy significativa de divisas, que son escasas” en adquisición de pasajes al exterior, o compras en el exterior -detalló que esa cifra es de 16 mil millones por año-, mientras hay “un Banco Central con muy pocas reservas”.

Por eso, consideró que hay que “recuperar lo antes posible las reservas que permitan tener capacidad de estabilización macroeconómica”, y aclaró que “la compra de un paquete turístico está totalmente exenta de este impuesto, por más que se haga a través de una plataforma radicada en el exterior. Será una tarea de las tarjetas de crédito discriminar lo que son pagos en el país o en el exterior. Lo que está gravado no es el turismo, sino la adquisición de divisas destinado a este gasto”.

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