Mientras el Cispren elabora un pedido para presentar ante la Provincia, la problemática de los ataques a cronistas de exteriores se instala nuevamente. Blancos fáciles frente al silencio.
Ed Impresa 27/09/2019
Ignacio Martín
La conferencia de prensa que organizó el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) para expresarse sobre los ataques a trabajadores de prensa en distintas marchas sindicales se convirtió en debate.
Luego de 15 minutos donde el secretario adjunto, Javier De Pascuale y el secretario de organización, Néstor Pérez, hablaron frente a un grupo de fotógrafos y quien escribe por La Nueva Mañana (el único medio que cubrió la conferencia), la cuestión se centró en el pedido.
Sí, es indispensable que la Policía proteja a los cronistas, principalmente a aquellos que son fácilmente identificables por portar cámaras. ¿Pero la solución es una pechera fluorescente que directamente convierta a todos en blanco fácil?
¿O un vallado especial que limite el trabajo a un espacio de dos por dos? Con la certeza de que la problemática está ahí, visible y comprobable, se abre la discusión sobre la (no) labor de una Policía provincial que a veces, es la primera en agredir. También, quedan a la vista dos silencios que aturden a los cronistas de exteriores y a sus gremios: el de los sindicatos implicados en las agresiones y el de las empresas que manejan a los medios de comunicación.
“Esta violencia se instaló en cada situación donde participan algunos gremios. Basta que una persona parezca trabajador de prensa para que sea agredido en determinadas situaciones. Ya nos viene pasando en reiteradas ocasiones, en manifestaciones del gremio de Luz y Fuerza y del Surrbac.
Son distintas situaciones donde personas afiliadas a esos gremios apuntan contra el trabajador de prensa. Sabemos cómo llegamos pero no sabemos cómo salimos, porque no puede ser que el trabajador de prensa salga de su casa a cubrir y termine en el hospital. La violencia hacia los trabajadores de prensa se instaló en las calles”, resalta De Pascuale.
Mariano Simes, Lucas Juárez y Daniel Cáceres, en dos ocasiones, recibieron pedradas o fueron directamente increpados mientras trabajaban alrededor de marchas o acontecimientos que involucraban a esos sindicatos y al de peones de taxis. En un principio, el primer argumento fue la presencia de “infiltrados”, algo que no fue bien aceptado por el Cispren. “La violencia es desmovilizante. No nos interesa si hay infiltrados o no. No queremos un muerto en las calles a manos de compañeros vinculados a otros gremios”, sostuvo Pérez en la conferencia. Luego, se reconoció cómo la violencia institucional genera también violencia en las calles, aunque eso no pueda significar nunca un justificativo a las agresiones a la prensa. Finalmente, lo que cala más hondo es la falta de respuestas: mientras los sindicatos no contestaban los pedidos de audiencia, las empresas de medios omitían de su agenda la conferencia.
“Nosotros no representamos a un medio de comunicación, somos trabajadores. Lo queremos explicar, porque somos laburantes de una actividad, pero no representantes de los medios, cuya línea editorial generalmente es antigremial”, vuelve a explicar De Pascuale.
El hecho de que esté instalado un tipo de violencia hacia los cronistas de calle es directamente proporcional a la complicidad del resto de los actores. No es solo una foto o una opinión la que molesta, es el hecho de que la agresión termina siendo avalada por el silencio de sindicatos que hacen oídos sordos a los pedidos de reunión y por la falta de acompañamiento de las empresas de medios.
Lejos de entender la necesidad de desterrar este tipo de agresiones, muchos medios terminan focalizando los ataques como una forma más de criminalizar la protesta en las calles, que por más vetusta que sea, sigue siendo un derecho. El ataque al cronista sirve para desmerecer el reclamo (sea más o menos justo), cuando lo que ocurre es que las demandas y los gremios varían, pero la violencia sigue. Solamente después de que se difundiera la conferencia a través de este medio, algunos de esos medios tibiamente se acercaron a preguntar qué es lo que pasa.
“Les sale barato agredirnos porque a las empresas no les importa, total paga la ART. Y la Policía no hace nada”, dice un cronista en off tras la conferencia.
“El derecho a la libertad de trabajo tiene que ser resguardado. Habrá que establecer un protocolo, porque van a matar a alguien y parece que todos miran para otro lado”, asegura Pérez a LNM.
Todavía resta discutir el pedido y llegar a ser escuchados por la Provincia. Lo seguro es que la base de esa solicitud, de ese futuro documento, es el reclamo por un Estado que no desconozca ni ignore la situación de aquellos mismos cronistas que también informan a diario sobre las obras que impulsa un Gobierno con más de 20 años en el Ejecutivo provincial.
Aunque la discusión sea larga e implique un necesario involucramiento de todos los actores nombrados, la solución no es la pechera como supo deslizar un ex funcionario de Seguridad de la Provincia. Y, por más que sea obvio, la solución nunca será agredir entre varios a ese fotógrafo que muestra cómo se pinchan las gomas de un taxi que no se plegó a la protesta. La solución será un Estado presente, que permita el derecho a la protesta por parte de gremialistas que no empiecen a tirar piedras después de cantar sobre la “unidad de los trabajadores”.
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