Tras la última corrida cambiaria, la fuga de capitales récord y la vuelta de los controles cambiarios, ¿cómo están los pasivos dolarizados de las provincias?
Ed Impresa 27/09/2019 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Luego de la devaluación post Paso del peso, desde hace algunas semanas la cotización del dólar se estabilizó en torno a los $ 58. Sin embargo, la repercusión del tipo de cambio en los precios internos es inevitable. El Indec relevó que la inflación en lo que va del año llega a los 30 puntos y que en agosto los aumentos fueron de 4%. El alza de los precios mayoristas fue de 11,2%; lo que significa que el comercio minorista está absorbiendo aumentos que aplicará en la medida en que la demanda se recomponga. De lo anterior se deduce que la devaluación de agosto no se manifestó totalmente en los precios.
El aumento del valor de los billetes verdes también repercutió en las administraciones provinciales que desde hace algunos años incrementaron su endeudamiento en pesos y en moneda extranjera. Según un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex) la deuda externa provincial se transformó en una “pesada carga”. De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, el stock de deuda contraída por las provincias creció cerca de 400% desde el 2015 hasta mediados del corriente año.
El proceso inflacionario actual podría aligerar el peso que la deuda tiene sobre las arcas provinciales. Sin embargo, el endeudamiento en dólares es el que más creció. Por ejemplo, el año pasado, cerca del 20 por ciento del stock de la deuda de la Provincia de Córdoba estaba tomada con organismos internacionales, según información publicada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. La mayoría de las provincias recauda en pesos, salvo las provincias que perciben las regalías petroleras en dólares, esto dificulta el equilibrio económico frente a la devaluación del peso en relación al dólar. El informe de Ocipex señala que el 99% de la deuda total tomada por Santa Fe es en moneda extranjera, la de Córdoba representa el 95% del stock de sus pasivos, 86% Chubut y Buenos Aires el 80%. siendo las más comprometidas.
El aumento del valor de los billetes verdes también repercutió en las administraciones provinciales que desde hace algunos años incrementaron su endeudamiento en pesos y en moneda extranjera.
En un diario de alcance nacional señalan que en nuestra provincia el aumento de la moneda yanqui de $ 45 a 60 pesos significó un incremento del stock de deuda de 40 mil millones de pesos, lo cual equivale al 73% del presupuesto total de la provincia. La información estadística sobre la deuda pública de las provincias revela que la emisión de títulos públicos fue la estrategia más utilizada por las gobernaciones para financiarse.
Por su parte, la Municipalidad de Córdoba también dolarizó su financiamiento y, en consecuencia, sus compromisos de deuda. Los pasivos de la municipalidad se dolarizaron al 50% (en 2011 era del 6%) , advierte un informe del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo (Cesid). El cambio de tendencia se advierte a partir del 2016 con la colocación del Bono Internacional emitido por la municipalidad.
De este modo, provincias y municipios, luego de copiar el modelo nacional de financiarse en el exterior, sufren las consecuencias de las políticas económicas de Cambiemos y sus desregulaciones. Así, la relación entre la Nación y muchas provincias se tensa cada vez más.
Cuando Mauricio Macri arribó a Balcarce 50 debía responder al fallo de la Corte Suprema de Justicia pronunciado el 24 de noviembre de 2015 que le daba la razón a las provincias y declaraba inconstitucional a la retención del 15% de los recursos coparticipables para financiar el sistema previsional. La respuesta llegó mediante el decreto 406/2016 que establecía la devolución de los recursos coparticipables. También se comprometió a transferirles diferentes “asignaciones, bienes y servicios”, para de este modo dar forma a “Programa Acuerdo Para el Nuevo Federalismo”. El decreto fue bien recibido por gran parte de los mandatarios provinciales. No obstante, el deterioro económico generalizado repercutió en la recaudación de las arcas provinciales por la caída de ingresos brutos y otros tributos, lo cual hizo mella en esa relación.
Las políticas implementadas por el Gobierno luego del revés electoral del 11 de agosto causaron mucho malestar en la mayoría de los líderes provinciales. La eliminación del IVA en 13 productos de la canasta básica para intentar contrarrestar la inflación que presupone devaluar, más la reducción del impuesto a las Ganancias, significan una pérdida cercana a los 30 mil millones de pesos para las provincias al tratarse de impuestos coparticipables. En consecuencia, trece provincias declararon la inconstitucionalidad de la medida y recurrieron a la Corte Suprema.
Por otro lado, el “reperfilamiento” de las en Letras del Tesoro en Pesos (Letes) y Letras Capitalizables (Lecaps) por imposibilidad de pago perjudica a las administraciones provinciales y a la planificación de las mismas. La inversión en este tipo de letras fue una estrategia a la que recurrieron algunas provincias para cubrirse de la volatilidad de las principales variables económicas y resguardar sus recursos, en muchos casos producto de la emisión de deuda provincial y el aumento de la coparticipación. A raíz de ello, desde nación proponen asistir financieramente a aquellas que puedan demostrar su necesidad de cubrir salarios y servicios esenciales, y es precisamente, por esta dificultad, que crece el fantasma de la vuelta de las cuasimonedas.
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